En fecha 4 de febrero de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, que tiene por objeto la protección de los bienes jurídicos contra aquellas conductas delictivas cometidas por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de los datos almacenados, procesados o transferidos; los sistemas, su infraestructura, o cualquiera de sus componentes, o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías que afecten intereses asociados a la identidad, propiedad, intimidad e imagen de las personas naturales o jurídicas en los términos previstos por la ley.

Algunas de las actividades sancionadas que podemos resaltar son: 

  • El acceso, intercepción, interferencia, alteración, modificación, daño, destrucción de sistemas informáticos, programas y datos informáticos.
  • El “espionaje informático”, siendo la obtención indebida de datos e información reservada o confidencial, contenidas en un sistema que utiliza tecnologías de la información o comunicación. Asimismo se sanciona el “hurto informático”, que es el apoderamiento de bienes o valores intangibles de carácter personal o patrimonial a través de sistemas de tecnologías de la información o comunicación.
  • La revelación, difusión o cesión de datos o información (totales o parciales) de carácter personal sin consentimiento del titular, pudiendo ser imágenes, video, texto, audio y otros obtenidos a través de tecnologías de la información o comunicación.
  • El acoso a través de las tecnologías de la información y comunicación.
  • Actividades en las que se utilice estas tecnologías para cometer delitos contra menores, adolescentes y discapacitados, tales como la pornografía y el acoso.
  • La suplantación de identidad de productores, proveedores o distribuidores, para la comercialización de bienes o servicios, agravándose cuando se trate de medicamentos, suplementos o productos alimenticios/bebidas de consumo humano.

La ley entrará en vigencia a los 8 días de su publicación en el Diario Oficial.