La Dirección General de Tributos ha emitido varias consultas en las que aclara algunas de las dudas interpretativas que pueden derivarse de las obligaciones de información que incumben a las entidades acogidas al régimen de consolidación fiscal, cuestiones en su mayoría conectadas con el perímetro de consolidación diseñado por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.

Como es sabido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), modificó de forma sustancial el denominado régimen de consolidación fiscal introduciendo cambios que, entre otros aspectos, han incidido en las obligaciones de información que con la Administración tienen ahora las entidades que, reuniendo los requisitos exigidos para ello, opten por tributar de forma consolidada.

De acuerdo con lo anterior, en el caso de que tales entidades opten por la tributación consolidada, todas y cada una de las entidades que según la ley deban conformar el grupo deben adoptar un acuerdo en tal sentido, tal y como dispone el artículo 61.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el cual, en su segundo apartado, establece que el órgano encargado de hacerlo será el Consejo de Administración u órgano equivalente de la entidad. Tal órgano deberá adoptar el acuerdo en cualquier fecha del periodo impositivo inmediatamente anterior al que sea de aplicación el régimen de consolidación fiscal. Aclara la Dirección General de Tributos que, si las entidades que se incorporan al grupo son establecimientos permanentes, se entenderá que tal órgano equivalente será «el que tenga asignadas las competencias de gestión y representación del establecimiento permanente» (V3324‑15, de 28 de noviembre del 2015).

Pues bien, el incumplimiento de dicho requisito determinará la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal, tal y como se desprende del artículo 61.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, la Dirección General de Tributos ha matizado este requisito para el caso de los grupos extinguidos por la pérdida de la condición de dominante de la entidad que viniera ocupando esa posición, la cual se integra como dependiente en un nuevo grupo fiscal junto con el resto de las entidades que ya conformaban el grupo con anterioridad —situación que puede producirse cuando la condición de dominante sea adquirida por una entidad no residente—. En estos supuestos, el centro directivo estima que los acuerdos que adoptaron aquellas sociedades y que fueron comunicados a la Administración tributaria se considerarán válidos a los efectos de la aplicación del régimen de consolidación para el nuevo grupo fiscal, sin que sea necesario adoptar otros nuevos (V3447‑15, de 11 de noviembre del 2015). 

No obstante, como continúa aclarando el centro directivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en la declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición del grupo, habrá de comunicarse a la Administración tributaria la composición del grupo para ese periodo, así como los cambios sufridos respecto del periodo anterior.

La entidad encargada de efectuar tal comunicación será la representante del grupo. Tal condición recaerá sobre su sociedad dominante siempre que ésta sea residente en España y, en caso contrario, esto es, cuando dicha sociedad no tenga la condición de residente fiscal en nuestro país, aquélla habrá de designar a una de las entidades del grupo para que opere como tal, adoptando un acuerdo específico a esos efectos del que la representante habrá de dar también cuenta a la Administración. En este sentido, el artículo 61.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que la falta de comunicación de dicho acuerdo «tendrá los efectos establecidos en el apartado 4 de este artículo» que, en su primer apartado, establece para esos casos la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación.

Pues bien, también con respecto a esta cuestión la Dirección General de Tributos, en la citada consulta V3151‑16, aclara que dicha imposibilidad debe restringirse a los supuestos en los que «el grupo se constituya por primera vez», pero no a aquel —como ocurre en el caso consultado— en que el grupo fiscal ya esté constituido y haya tributado en periodos anteriores bajo el régimen especial. En este caso, aclara la Dirección General de Tributos, el retraso en la comunicación a la Administración de la entidad representante del grupo «parece encuadrarse» en el artículo 61.4.2.º, en el que se prevén las consecuencias que se derivarán cuando falten los acuerdos correspondientes a las entidades que en lo sucesivo deban integrarse en el grupo fiscal, que se entienden constitutivas de una infracción tributaria grave de la entidad representante. Así, se dispone en ese precepto que «la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 20 000 euros por el primer periodo impositivo en que se haya aplicado el régimen sin cumplir este requisito y de 50 000 euros por el segundo y siguientes, y no impedirá la efectiva integración en el grupo de las entidades afectadas, pero que no obstan para la aplicación del régimen».

Así las cosas, y pese a la literalidad de la ley, el centro directivo considera que la falta de comunicación a la Administración del acuerdo de la entidad dominante no residente designando a una de las entidades del grupo como representante no impedirá la aplicación del régimen especial en los casos en los que, a pesar de haberse extinguido el grupo fiscal debido a la pérdida del carácter de dominante de una entidad, el nuevo grupo está constituido por las mismas entidades que ya lo integraban en ejercicios anteriores. En estos casos, el incumplimiento de dicha obligación formal acarreará, no obstante, la imposición de una sanción.