El 26 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria de las entidades federativas y los municipios (el “Decreto”). Dicho Decreto entró en vigor el 27 de mayo de 2015.

Como consecuencia del importante incremento en el endeudamiento sub-soberano de los últimos años, se impulsó la reforma constitucional materia del Decreto para implementar un nuevo régimen para las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios. En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), sostiene que la deuda de las entidades federativas asciende a $481,079.35 millones de pesos1, por lo que la deuda de los estados de la República Mexicana corresponde al 83.6%2de las participaciones federales entregadas como recursos, y que de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (“IMCO”), entre los años 2008 y 2014, la deuda pública municipal ha aumentado en un 8.9% y actualmente asciende a un monto aproximado de $54,670.4 millones de pesos3.

Por consiguiente, la reforma constitucional tiene como objetivo principal disciplinar y fortalecer la regulación de la deuda pública de los estados y municipios, con el fin de fortalecer las finanzas públicas de dichas entidades federativas para robustecer el crecimiento económico del país, así como nuestro sistema financiero, al contar con entidades públicas más estables y solventes.

Mediante la regulación de la contratación de deuda pública sub-soberana estatal y municipal, se prevé que esta sea acorde con la capacidad financiera de las entidades federativas y que dichos recursos monetarios no se utilicen con fines distintos a la inversión pública.

Para cumplir a cabalidad con el objetivo principal de esta reforma, se propone implementar, entre otros aspectos, las siguientes determinaciones:

I. Finalidades del Nuevo Marco Jurídico.

El nuevo marco constitucional establece el principio de que el Estado Mexicano deberá velar por la estabilidad de las finanzas públicas sub-soberanas, del sistema financiero, con el objetivo de generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, la parte central y fundamental de esta trascendente reforma constitucional es la de disciplinar y ordenar a los gobiernos estatales y municipales en materia de financiamiento y contratación de deuda pública, para que utilicen este instrumento de política económica de manera responsable y con miras al correcto desarrollo y expansión de las entidades federativas por medio de la incorporación al régimen jurídico de directrices en materia de responsabilidad hacendaria.

II. Fortalecimiento de las Atribuciones del Poder Federal y Local en Materia de Deuda Pública Soberana.

Por lo que respecta al H. Congreso de la Unión, algunas de sus nuevas atribuciones en materia de deuda pública serán: (i) legislar para que el Ejecutivo Federal tenga la facultad para pedir préstamos y dar garantías sobre el crédito de la nación, siempre que estos recursos sean utilizados para obras que incrementen los ingresos públicos; (ii) emitir nuevas legislaciones y límites respecto del tope de endeudamiento de los estados y municipios, así como en materia de responsabilidad hacendaria que busquen el manejo sostenible de las finanzas públicas; (iii) fomentará la transparencia a la hora de pedir créditos por parte de los estados y municipios; y (iv) permitir a la Auditoria Superior de la Federación revisar el destino de los recursos que otorgue el gobierno federal respecto de la deuda estatal y municipal.

III. Impacto de la nueva Reforma Constitucional en el Ámbito de Competencias de las Entidades y Municipios.

En el caso de las entidades y municipios, esta nueva reforma constitucional contribuirá para: (i) limitar que la deuda pública se pueda contraer solo para financiamientos de un adeudo anterior y para dar garantías respecto al endeudamiento municipal, así como para la realización del análisis de los términos y condiciones de los empréstitos (incluyendo garantías) para asegurar las mejores condiciones en su contratación; (ii) que se asuma mayor responsabilidad por parte de servidores públicos sobre este tema; (iii) que el monto máximo de los préstamos deba ser autorizado por las legislaturas locales, con quora reforzada para otorgar dichas autorizaciones; (iv) regular el plazo de liquidación de los préstamos antes de que termine el periodo de gobierno, para evitar que un endeudamiento masivo del estado no tenga consecuencias; y (v) mantener informado al H. Congreso de la Unión y a el Ejecutivo Federal sobre todos los préstamos vigentes, que les permita tener un mayor control sobre la deuda pública vigente.

IV. Legislación Secundaria.

Derivado del presente decreto, el H. Congreso de la Unión deberá expedir, dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo, entre otros instrumentos normativos, la Ley Reglamentaria en Materia de Responsabilidad Hacendaria, la cual tendrá la finalidad de asegurar las condiciones de mercado necesarias y fortalecer la transparencia, para dar cabal cumplimiento a la presente modificación constitucional. Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la mencionada ley reglamentaria, las legislaturas de las entidades federativas contarán con 180 (ciento ochenta) días naturales para realizar las reformas necesarias para armonizar su legislación con el presente Decreto y con la citada ley reglamentaria.

Finalmente, esta modificación constitucional es por demás beneficiosa para los mexicanos, ya que transparenta la contratación y el uso de la deuda pública para que esta no se convierta en una carga financiera, y pueda realmente destinarse para el beneficio y ayuda de los ciudadanos de los estados y municipios de la república y para elevar su calidad de vida.