El Reglamento 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido), sustituye al Reglamen- to 1346/2000 y se aplicará a los procedimientos de insolvencia que se abran después del 26 de junio del 2017 (DOUE  L 141, de 5 de junio).

Este nuevo texto pretende, entre otras finalidades, limitar la posibilidad de que se abran procedimien- tos de insolvencia territoriales, partiendo de la premisa de que no siempre contribuyen a una me- jor solución del concurso global. En esta línea, su artículo 36 prevé la facultad del administrador del procedimiento universal de comprometerse con los acreedores «locales» del Estado miembro donde podría abrirse un territorial a reconocerles, en el marco del primero, los derechos según el orden de prelación de créditos del segundo sobre los bie- nes situados en el Estado en el que podría abrirse este último (el momento pertinente para deter- minar cuáles son esos bienes es aquel en el que se contrae el compromiso). A estos efectos, en el procedimiento universal se abre una subcategoría dentro de la masa activa integrada por los bienes situados en el Estado miembro donde hubiera po- dido abrirse el procedimiento territorial.

Por «acreedor local» se entiende «todo acreedor cuyos créditos frente al deudor surjan de la explo- tación de un establecimiento situado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que  el deudor tenga su centro de intereses principa- les (COMI, por sus siglas en inglés) o que estén relacionados con dicha explotación» (art.    2.11). Pese a que el tenor literal de la regla no resulta muy afortunado, no parece que quepa interpretar- lo más que en el sentido de que, si lo que justifica la posibilidad de abrir un procedimiento territorial es la presencia de un establecimiento en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel en el que radica el COMI del deudor, son acreedores locales aquellos cuyos créditos surgen de la ex- plotación de ese establecimiento concreto (y no, como dice literalmente la norma, de «un» esta- blecimiento situado en un Estado —¿cualquiera?— distinto de aquel en el que se sitúe el COMI).

La admisión de estos «procedimientos sintéticos» es consecuencia de la práctica que se venía adop- tando en el Reino Unido en los casos en los que se consideraba excesivamente gravosa la apertura de un procedimiento secundario, pero introduce una complejidad y previsiblemente unos costes eco- nómicos y temporales que hacen prever que sean de una utilidad marginal. Pueden tener sentido  en aquellos casos en los que, en el Estado donde pudiera abrirse el procedimiento territorial que se quiere evitar, la cuantía de los bienes que pudie- ran imputarse a la masa activa no justifique los costes de apertura, pero sí haya un acreedor local —Seguridad Social, Hacienda Pública, etc.— que quiera asegurarse el cobro sobre esos bienes y no estar sujeto a la incertidumbre que podría resul- tar de la calificación de su crédito en un procedi- miento extranjero. En este caso el acuerdo previs- to en el artículo 36 puede resultar de utilidad, pero en situaciones más complejas dejaría de tenerla. Su funcionamiento plantea no pocas dudas:

  1. La primera cuestión que plantea es la que se refiere al tratamiento de los acreedores «no locales», que pese a no votar el acuerdo quedan afectados por él. Para entender correctamen- te su situación hay que tener en cuenta que, en el sistema del reglamento, de abrirse un procedimiento universal (en el Estado miem- bro del COMI) y otro territorial (en el Estado miembro donde radique un establecimiento), el activo se divide entre ambos, de manera que en la masa del territorial sólo se integran los bienes situados en su territorio, pero el pasivo es siempre universal, pudiendo todos los acreedores presentar sus créditos al cobro en ambos concursos.

En esa situación, los procedimientos sintéti- cos nacen de un acuerdo únicamente con los acreedores locales, pero que afecta a la tota- lidad de la masa pasiva. No se reservan, por supuesto, los bienes del Estado donde pudie- ra abrirse un procedimiento territorial a esos acreedores locales, pero el acuerdo sólo es aprobado por «los acreedores locales conoci- dos», que serán también los únicos a los que el administrador deba informar (art. 36.5). Una vez adquirido el compromiso, el administrador concursal informará a los acreedores locales, y no a todos, sobre el «reparto previsto» y esos acreedores locales pueden impugnar la distribución propuesta. Si los acreedores lo- cales entienden que la distribución no cumple las condiciones del compromiso adquirido o la normativa aplicable, pueden impugnarla, pero deben hacerlo ante los órganos jurisdicciona- les del Estado miembro ante el que se haya abierto el procedimiento principal.

En esa situación, resulta difícil imaginar qué alicientes pueden tener el resto de los acree- dores para aceptar lo que resulte de ese compromiso y no instar la apertura de un procedimiento territorial, pero, en aras de la protección del compromiso adquirido confor- me al artículo 36, esta posibilidad se ve restrin- gida. De acuerdo con el artículo 37.2 «cuando un compromiso sea vinculante de conformi- dad con el artículo 36, se solicitará la apertura del procedimiento de insolvencia secundario dentro del plazo de 30 días a partir de la re- cepción de la comunicación de la aprobación del compromiso». Es decir, la solicitud de apertura del procedimiento territorial  deberá hacerse en ese plazo de treinta días; de lo contrario, precluye la posibilidad. Como seña- la el artículo, el plazo se cuenta «a partir de la recepción de la comunicación del compromi- so», pero no se prevé quién debe efectuar esa comunicación: ¿el administrador?, a éste sólo se le pide que lo comunique a los «acreedores locales conocidos»; ¿el juez del procedimien- to universal?, si es así, el reglamento no lo prevé.

Además de limitarse el plazo, se prevé el re- chazo de la solicitud de apertura si el órgano jurisdiccional ante el que se presenta «con- sidera que el compromiso protege adecuada- mente los intereses generales de los acree- dores locales» (art. 38), dejando de lado los intereses del resto de los acreedores que, sin embargo, también debería proteger si abriera el territorial.

Es cierto que, puesto que quien puede pro- poner este compromiso es el administrador del procedimiento principal, no debería poder hacerlo sin tener en cuenta los intereses del conjunto de los acreedores, de manera que, aunque no todos intervengan en la adopción del acuerdo, sus intereses no deberían en- contrarse en una situación peor que la que existiría de abrirse un procedimiento territo- rial. Por otro lado, el hecho de que el artícu- lo 36.10 prevea que «el administrador con- cursal será responsable de cualquier perjuicio causado a los acreedores locales como conse- cuencia de su incumplimiento de las obligacio- nes y requisitos establecidos en el presente artículo» no implica que el resto de los acree- dores no puedan pedir también responsabili- dad si resultan perjudicados por él.

  1. Una de las razones que justifica la posibilidad recogida en el artículo 36 del reglamento es  la reducción de costes que resulta de no abrir un procedimiento territorial. No obstante, en los casos en los que el número de acreedo- res locales pudiera ser elevado, no está claro que esos costes no resultaran equivalentes a los del procedimiento territorial porque los de desarrollo del universal se verían incrementa- dos. A los directos (notificaciones, la traduc- ción del propio compromiso que «se expresará en la lengua oficial o una de las lenguas ofi- ciales del Estado miembro en el que hubiera podido abrirse un procedimiento de insolvencia secundario»—art. 36.3— y que, se supone, habrá que traducir a la lengua del Estado del universal en el que se integre, etc.), habría que añadir los que resultan de la información del derecho extranjero y la complejidad que se añade al procedimiento universal, a cuyo juez se obliga a conocer no sólo el derecho concursal propio, sino también a aplicar un derecho extranje- ro en relación con algunos de los bienes del concurso.

De este modo, la ley aplicable a la distribución de los importes percibidos por la realización de los bienes, al orden de prelación de créditos  y a los derechos de los acreedores en rela- ción con los bienes es la del Estado miembro en el que hubiera podido abrirse el procedi- miento secundario. Esa misma ley se aplica- rá al cálculo de las mayorías necesarias y se tendrán en cuenta aquellas que se exijan para adoptar planes de reestructuración. Si en ese Estado se previera la posibilidad de distintos planes de reestructuración, habría que in- dicar con anterioridad cuál es el que se esté utilizando. A cambio, el compromiso —que se debe expresar por escrito— se sujeta, ade- más de a los requisitos exigidos por el regla- mento, a cualquier otro requisito de forma y de aprobación de la distribución que pudiera prever el ordenamiento del Estado miembro del procedimiento principal. Es decir, en el marco del procedimiento principal se van a aplicar dos ordenamientos distintos, en su caso de forma cumulativa, lo que necesariamente aumenta los costes materiales y temporales de aquél.

  1. Tampoco queda claro en qué puede consistir la «garantía» a la que se refiere el apartado 8 del artículo 36, según el cual «los acreedores lo- cales podrán solicitar que los órganos juris- diccionales del Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento de insolvencia principal exijan al administrador concursal de dicho procedimiento que tome las medidas apropiadas necesarias para garantizar el cum- plimiento de las condiciones del compromiso adquirido, de acuerdo con el derecho del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia principal».

  2. Junto con lo anterior, hubiera sido necesario aclarar las relaciones de este artículo 36 con otras disposiciones del reglamento, por ejemplo, el artículo 8. Éste prevé el «blindaje» frente  a la insolvencia de los derechos reales sobre bienes situados fuera del Estado miembro de apertura, con la consecuencia de que si, abierto un procedimiento universal en A, el bien se en- cuentra en B, el titular del derecho real puede proceder a su ejecución separada. Esa posibili- dad se frustra si en B se abre un procedimiento territorial, porque en ese caso el bien ya no  se encuentra fuera del Estado de apertura. La cuestión es qué va a pasar cuando se celebre alguno de los compromisos a los que se refiere el artículo 36: si los entendemos equivalentes a estos efectos a la apertura del procedimiento de insolvencia, van a impedir la posibilidad de ejecución separada, mientras que en caso con- trario no será así. Si la solución es la primera, debería haberse previsto expresamente; si es la segunda, en todos aquellos casos en los que exista un activo valioso gravado con un derecho real existirá un claro incentivo para no aceptar el compromiso al que se refiere el artículo 36 e instar la apertura de un procedi- miento secundario.