La más reciente jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido a modular la interpretación y alcance de la cláusula rebus sic stantibus, tradicionalmente de interpretación estricta y aplicación restrictiva, de manera que mediante la objetivación de su fundamento y la reconfiguración de los requisitos para su aplicación, se hace eco de las tendencias existentes en el Derecho europeo y en el Derecho Internacional y flexibiliza y normaliza la aplicación de esta excepción del principio del pacta sunt servanda en el Derecho contractual español.

El punto de partida para la comprensión de la cláusula rebus sic stantibus se sitúa en la regla del pacta sunt servanda1 del que comporta una excepción, en cuya virtud, las cláusulas y prestaciones de un contrato deben ejecutarse en los términos en los que fueron pactados.

Este principio general de la contratación, unido de manera indisoluble con el de buena fe y al servicio de otros tan relevantes como el de la seguridad jurídica, puede ceder sin embargo en circunstancias muy excepcionales, de valoración estricta y de aplicación taxativa.

El eventual reconocimiento de excepciones al principio del pacta sunt servanda no es actual ni reciente, sino que viene de tan antiguo como la propia regla que prescribe el cumplimiento de la palabra dada2 y encuentra su formulación más acabada en la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus.

Su fundamento y el de su aplicación3 radica en la afirmación de que ante una alteración significativa entre la prestación y la contraprestación en el seno de un contrato, se produce una ruptura del sinalagma que quiebra la causa del contrato4, quiebra que obliga a modificar o resolver el contrato (para restablecer el equilibrio de las prestaciones o poner fin a la relación entre las partes).

Ahora bien, la interpretación y aplicación de la cláusula rebus sic stantibus ha sido siempre muy restrictiva, hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha venido exigiendo para reconocer su virtual aplicación a un supuesto de hecho concreto que aconteciera una desproporción exorbitante entre las prestaciones asumidas por las partes y que la contingencia que determinara tal circunstancia fuera imprevisible5.

En concreto, la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus exige, en la doctrina del Tribunal Supremo y hasta la Sentencia de 30 de junio de 20146, la apreciación conjunta de los siguientes elementos:

  1. Una alteración sobrevenida, extraordinaria, imprevisible7 e inimputable de las circunstancias en el momento de cumplir las obligaciones en relación con las existentes al tiempo de la perfección del contrato8;
  2. La circunstancia sobrevenida debe ocasionar un desequilibrio radical de las prestaciones, un trastorno de tal magnitud que se genere una desproporción exorbitante entre las partes, por lo que “una de ellas quedaría excesivamente beneficiada y la otra excesivamente perjudicada”.
  3. El recurso a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus tiene carácter final, último, es decir, sólo se puede recurrir a ella en defecto de cualesquiera otros medios para solventar el desequilibrio prestacional en el seno del contrato: es una doctrina es de aplicación subsidiaria.
  4. Debe existir además una relación causal entre la desproporción exorbitante entre las prestaciones y la alteración extraordinaria e imprevisible de las prestaciones.

Frente a esta concepción tradicional de la cláusula rebus sic stantibus y de su aplicación, expone el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 30 de junio de 2014 que existe una tendencia —en especial a nivel internacional— a normalizar el problema de la alteración sobrevenida de las circunstancias, dándole encaje en la teoría general del contrato y de las obligaciones9.

Refiere en este sentido que la doctrina rebus sic stantibus no es incompatible con la aplicación y plena vigencia del principio pacta sunt servanda, en la medida en que la aplicación de aquella doctrina se deriva de otras reglas y fundamentos igual de importantes y compatibles con dicho principio, en concreto, la regla de la conmutatividad y el principio de la buena fe. Pero advierte de la necesidad de abandonar la antigua fundamentación según reglas de equidad y justicia en pro de una progresiva objetivación de su fundamentación.

Así, afirma que la aplicación de la cláusula, cifrada en una sobrevenida mutación de las circunstancias que dieron sentido al negocio celebrado, se fundamenta en el orden público económico, particularmente en las directrices de conmutatividad del comercio jurídico y del principio de buena fe10, y puede dar lugar a la modificación de la relación o a su resolución o extinción11.

Con cita en el Derecho europeo recuerda cómo aquél configura la conservación de los contratos como un principio informador del derecho contractual y cómo la cláusula rebus o la relevancia del cambio o mutación de las condiciones básicas del contrato, ha sido objeto de regulación por esos mismos textos sin ningún tipo de regulación excepcional o singular al respecto, sino como un aspecto más en la doctrina del cumplimiento contractual.

Señala por ello la STS que “la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido”.

Ahora bien, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus no se produce de forma generalizada ni automática, siendo necesario examinar si el cambio operado comporta una significación jurídica digna de atención en los casos planteados. Es decir, la crisis no es por si sola fundamento de aplicación de la cláusula. No basta con que la crisis económica pueda ser considerado como un fenómeno imprevisible (a los efectos de la doctrina tradicional) sino que es necesario valorar la incidencia real que haya tenido en la relación contractual de que se trate y constatar que ha proyectado una excesiva onerosidad que por su incidencia deba ser relevante o significativa respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado.

Y esta circunstancia tiene lugar cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad del mismo) como cuando representa una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato12). En este caso las hipótesis son básicamente dos:

  • Que la excesiva onerosidad refleje un sustancial incremento del coste de la prestación —o bien, en sentido contrario—.
  • Que la excesiva onerosidad represente una disminución o envilecimiento del valor de la contraprestación recibida.

En definitiva, la referida sentencia altera la configuración y comprensión tradicional de la cláusula

rebus sic stantibus, en tanto que:

  • La normaliza al rechazar su configuración como un instrumento excepcional y al afirmar que procede aplicarla cuando concurran las circunstancias que la justifiquen, configurándola, como antes se señaló, como un elemento inherente al vínculo contractual.
  • Reformula los requisitos para su aplicación, eliminando el de la imprevisibilidad de la situación determinante de la alteración y dando protagonismo al de la alteración de la conmutatividad de las prestaciones, que de ser grave justifica la aplicación de la cláusula y con ella, de modificar o resolver el contrato.

Por último y en cuanto a su aplicación al ámbito sometido al Derecho español de la contratación pública, la referida Sentencia hace un guiño al señalar que esa línea también es seguida por la doctrina de la Sala Tercera al valorar la teoría de la imprevisión en el ámbito de la contratación pública; supuestos, ente otros, de los contratos afectados por la denominada crisis del petróleo13, de su repercusión en el incremento extraordinario de los ligantes asfálticos14, o de los contratos afectados por la actual crisis económico- financiera15, “todo ello, en la medida en que, por el carácter extraordinario y profundo de la alteración económica, su acaecimiento no pudiera razonablemente precaverse, de forma que se cercene el principio de equilibrio financiero entre las partes reportando una excesiva onerosidad contraria a los principios de equidad y buena fe contractual”.

Principio que obliga al reequilibrio económico financiero y que la legislación vigente prevé como una excepción al principio de riesgo y ventura, que rige para los contratos públicos, en los que una de las partes es un sujeto investido de prerrogativas y que proyecta una posición en el seno del negocio distinta de la de igualdad de la contratación privada.

Lo anterior no permite por tanto afirmar la aplicación directa de la Sentencia referida a los contratos públicos si bien tampoco lo descarta de plano, dada la tendencia a la expansión que es consustancial a la doctrina de la citada sala así como la tendencia del Derecho público de nutrirse de los principios propios del Derecho privado, máxime en materia contractual.