Comisión Europea

GEO-BLOCKING (Nota de prensa)

18/03/2016. La Comisión ha publicado unas primeras conclusiones sobre la investigación en el sector del comercio electrónico iniciada en mayo de 2015. En particular, estas conclusiones resultan de las respuestas dadas por más de 1.400 distribuidores de productos de consumo y distribuidores de contenido digital en los 28 Estados Miembros a los cuestionarios enviados por la Comisión en relación con el bloqueo geográfico o geo-blocking (curiosamente, la investigación no incorpora la visión de los proveedores, sino solo la de los distribuidores).

El geo-blocking se refiere a las prácticas comerciales por las que los vendedores online impiden a los usuarios acceder y/o comprar los productos o el contenido digital ofrecido en sus dominios web si el usuario está ubicado en un Estado miembro distinto al del vendedor: impidiendo el acceso a la página web; redirigiendo al cliente a una página alojada en su mismo Estado; rechazando ya sea el pago del cliente -utilizando en ocasiones a los proveedores de servicios de pago– o la entrega del producto por razón de la localización.

El estudio también contempla el geo-filtering, o mecanismos que llevan a aplicar condiciones comerciales distintas en función de la ubicación del cliente –si bien aquí se reconocen explícitamente las posibles eficiencias derivadas de una estrategia de discriminación de precios cuando permite a una empresa entrar en un mercado si, de otra manera, no lo habría hecho–.

Los resultados de la extensa encuesta realizada muestran que el geo-blocking está muy extendido la UE, tanto entre los distribuidores de productos de consumo –el 38% de estos lo practicarían–, como entre los distribuidores de contenidos digitales –en este caso, el porcentaje sube incluso hasta nada menos que el 68% (lo que no resulta extraño teniendo en cuenta el hecho de que los acuerdos de licencia suelen incluir todos cláusulas de limitaciones territoriales)–.

Centrándonos en los productos de consumo, la Comisión se pregunta si las restricciones responden a una decisión unilateral del distribuidor, en cuyo caso no existirían problemas de competencia salvo casos extremos de posición de dominio, o si por el contrario son fruto del acuerdo o de la imposición, de iure o de facto (presiones de todo tipo, incluyendo el corte de suministro), de los proveedores de los productos en cuestión.

La Comisión advierte de que estos últimos casos sí entrarían dentro del ámbito de aplicación del derecho de la competencia, si bien habría que analizar cada caso para ver si tales restricciones se encuentran o no justificadas[1]. En particular, considera que las siguientes prácticas pueden plantear serios problemas de competencia e incluso deberían ser calificadas como restricción por el objeto (siempre prohibidas y por tanto siempre sancionables):

  1. La prohibición al distribuidor de vender fuera de su país de establecimiento o a clientes situados en determinados Estados miembros.  
  2. La restricción de las ventas activas de los distribuidores designados en un determinado territorio, con independencia de que los otros territorios hayan sido reservados en exclusiva al proveedor o a otros distribuidores. 
  3. La restricción de las ventas pasivas en general.
  4. La restricción de las ventas por parte de los distribuidores selectivos a los consumidores finales en cualquier Estado miembro.

Pues bien, según los resultados obtenidos, el 12% de los distribuidores utilizan al geo-blocking como consecuencia de la imposición del proveedor, porcentaje que, como se aprecia en los cuadros siguientes, varía en función del países de establecimiento del distribuidor (este sería del 15% para España) y del sector de actividad (más importante en el área de moda y calzado, seguido de electrónica de consumo y material deportivo).

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En cuanto al geo-filtering, alrededor de un tercio de los encuestados señalan que sí aplican políticas de discriminación de precios, si bien el porcentaje varía de manera relevante en función de la categoría de productos (de nuevo, el porcentaje más alto está en moda y calzado, seguido en este caso de cosméticos y productos de cuidado personal).

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En este contexto, la Comisión ha anunciado que presentará nuevas propuestas legislativas en mayo con el objetivo de eliminar los obstáculos injustificados al comercio online entre países de la UE que han detectados [en este sentido, parece que el objetivo perseguido sería eliminar aquellas barreras que han sido identificadas y que suponen un coste adicional que desincentivan que las empresas unilateralmente se decida a comercializar sus productos más allá de sus fronteras[1]], así como un análisis más detallado de los resultados de la investigación que se publicará para consulta pública en julio de 2016 (mientras que está previsto que el informe final se publique en el primer trimestre de 2017).  

Quién avisa no es traidor…

En todo caso, como ya sucediera con los anteriores informes sectoriales (energía, financiero, seguros, etc.), cabe anticipar que, a resultas del análisis realizado, la Comisión decida iniciar nuevos expedientes sancionadores contra las empresas responsables de tales restricciones y que han podido ser identificadas con ocasión de las encuestas realizadas[2]. Es por ello que las empresas, tanto proveedores como distribuidores que recurren al canal online, deberían revisar concienzudamente sus acuerdos y sus modelos de distribución para asegurarse de que no están incurriendo en ninguna infracción de la normativa de competencia en relación con la posible limitación de las ventas online.