Decía Sócrates que cuatro características corresponden a un juez; “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.”

La creciente complejidad del ordenamiento jurídico, la dispersión normativa de legislaciones que siguen en permanente “motorización”, en lo que ya anticipaba el célebre Carl Schmitt, y la aceleración de los cambios sociales en un contexto globalizado y en permanente transformación, mantienen el problema de la indeterminación o incertidumbre del Derecho entre las preocupaciones más destacadas de los operadores jurídicos y económicos.

Así, el Arbitraje internacional se erige como principal arma frente a la incertidumbre y los riesgos que acechan los principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva, esto, en un panorama internacional de sofisticación de los negocios, que hacen del dinamismo y la especialización los pilares básicos para una respuesta sabia y una ponderación prudente.

Por consiguiente, y en sede del vertiginoso crecimiento de la economía y las transacciones en los países latinoamericanos, constituye una cuestión capital para los agentes el análisis en profundidad de las posibles contingencias y sus métodos de resolución. En este contexto, cabe dirigir la vista a Brasil, principal núcleo económico-financiero de Latinoamérica con un índice de Inversión extrajera directa (IED) entorno a los 96.851.173.598 $.

El arbitraje pasó a ser efectivamente usado en Brasil después de la promulgación de la Ley 9.307 de 23 de septiembre de 1996, que trajo importantes innovaciones al juicio arbitral en Brasil. Al tornar obligatorio el cumplimiento de la cláusula compromisoria, la Ley de Arbitraje brasileña confiere seguridad jurídica al instituto del arbitraje, garantizando a los contratantes que su voluntad, manifestada en la cláusula compromisoria en el momento de la contratación, será respetada cuando del surgimiento del conflicto.

A esos efectos, la Ley de Arbitraje brasileña determina que la sentencia arbitral no necesita homologación por el poder judicial, pues tiene naturaleza jurídica idéntica a la de la sentencia judicial, evitando así casos conocidos de anulación en países latinoamericanos, como el criticado caso TermoRío SA E.S.P. y Grupo LeaseCo, LLC Electranta SP en Colombia o el caso Cartellone Construcciones Civiles SA y Hidroeléctrica Norpatagónica SA en Argentina.

Sobrepasados los obstáculos jurídicos existentes antes de la promulgación de la Ley 9.307/96, los procedimientos arbitrales en Brasil crecen exponencialmente a las nuevas medidas legislativas e iniciativas gubernamentales, tales como la de su declaración de constitucionalidad en 2001 -caso MBV Commercial and Export Management v. Resil- y la ratificación de la Convención de Nueva York en 2002, creando así un escenario de estabilidad y progreso en el marco de un Estado de Derecho líder en la creación y desarrollo.

A estas medidas, cabe añadir la comisión creada por el Senado Brasileño en marzo de 2013 para la modificación de la Ley 9.307/1996, de Arbitraje, y que finalizó su trabajo con la emisión de un proyecto de Ley de reforma de la Ley 9.307/96, así como de la Ley de Sociedades Anónimas Ley 6.404/1976 para abordar la cuestión del arbitraje societario.

Fruto de estos acontecimientos, Brasil es hoy el cuarto país en promover mayor número de arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional -después de Estados Unidos, Alemania y Francia-, destacando el surgimiento de importantes instituciones arbitrales locales, tales como CCBC y FIESP/CIESP. Todo ello, favorecido por un Poder Judicial que ha dado apoyo decisivo al arbitraje limitando la intervención judicial e incrementando el reconocimiento y ejecutando de laudos arbitrales.

En consecuencia, la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje junto al resto de medidas adoptadas han sido decisivas al desarrollo del arbitraje en Brasil, observándose en un crecimiento exponencial de las instituciones, y siendo prueba manifiesta de la apuesta firme del país por la innovación y el liderazgo. Por tanto, construyendo así un marco jurídico moderno, que acorde a la complejidad de sus negocios, contribuye a hacer de la justicia lo que en palabras de Ulpiano “es el hábito de dar a cada uno lo suyo”.