En El Salvador existe la urgente necesidad de lograr un Pacto Fiscal; es una buena noticia que el gobierno, los partidos de oposición y la sociedad civil se encuentren conversando para lograr ese pacto, que solvente la delicada situación fiscal en que actualmente se encuentra la hacienda pública, y a futuro permita un manejo adecuado y sostenible de las finanzas públicas. 

A raíz de la difícil situación fiscal que enfrenta El Salvador, marcada por un alto endeudamiento público, un bajo crecimiento económico y una perspectiva no favorable si se mantienen las presentes condiciones, actualmente se está negociando un Pacto Fiscal entre el gobierno y los partidos políticos de oposición, tendiente a encontrar una solución al problema fiscal que aqueja al país desde hace varios años y que ha llegado a una situación de dificultad importante, a tal grado que recientemente una de las más importantes entidades calificadoras de riesgo bajó la calificación de riesgo al país aduciendo, entre otras razones, la falta de entendimiento entre las diferentes fuerzas del país, el alto nivel de deuda pública y el bajo crecimiento económico.

En la negociación que se lleva a cabo, el gobierno solicita la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de US$1.200 millones para emitir bonos en el mercado internacional, a fin de cancelar la deuda interna de Letras del Tesoro (Letes), que asciende a unos US$900 millones, y el resto para otras necesidades; también solicitan una reforma previsional que adopte un sistema “mixto” de pensiones y el incremento de la carga impositiva; por su parte, para votar a favor del nuevo endeudamiento, los partidos de oposición requieren del gobierno la emisión de una ley de responsabilidad fiscal, que ponga ciertos límites al gasto y al endeudamiento público, la adopción de una serie de medidas de austeridad que tengan como objetivo reducir el nivel del gasto gubernamental, el mantener privatizado el ahorro de los cotizantes del sistema de pensiones y el no incremento de la carga impositiva.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, del cual El Salvador es miembro, ha estado monitoreando el comportamiento fiscal del país y en su último informe publicado el 1 de julio de 2016, reporta que “El Salvador sigue registrando un crecimiento significativamente menor que el de los países vecinos, en un contexto de escasa inversión, emigración elevada, baja competitividad e impasse político. El crecimiento del PIB promedió un 2% a lo largo del período 2000–14: muy inferior al promedio regional de América Central, del 4½%.”

En efecto, El Salvador ha tenido por muchos años un bajo crecimiento económico y un gasto publico creciente; esta situación se ha pretendido solucionar mediante la imposición de nuevos impuestos, el incremento de impuestos existentes y nueva deuda pública; es así que en los últimos siete años ha habido no menos de 5 reformas fiscales, aumentando los impuestos existentes o creando nuevos impuestos, y un alza en el endeudamiento público, interno y externo, que ha llegado a montos nunca antes vistos.

Solo en recaudación los ingresos públicos se han incrementado en aproximadamente US$1300 millones entre la recaudación de 2009 y la de 2016, creciendo a un ritmo promedio de 7% por año, mientras la economía ha crecido a un promedio de 2% por año únicamente.

Se espera que en el corto plazo fructifiquen las conversaciones entre el gobierno y la oposición y logren arribar a acuerdos que permitan resolver la actual crisis fiscal y establecer normas de disciplina fiscal que garanticen estabilidad y sostenibilidad en el manejo de las finanzas del Estado; todo lo anterior, acompañado de medidas que favorezcan el crecimiento económico.