El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso presentado por El País en un asunto de derecho al olvido, considerando que los titulares de datos sí tienen derecho a que se eliminen sus datos de los resultados de los buscadores como Google, cuando se cumplan los requisitos del derecho al olvido. Sin embargo, estima parcialmente el recurso respecto al motor de búsqueda interno de la hemeroteca. En este sentido, realiza una comparativa con las viejas hemerotecas en formato papel y considera que eliminar los datos de los resultados de búsqueda del motor interno de la hemeroteca, sería una medida desproporcionada respecto a la libertad de expresión recogida en la constitución. 

El asunto comenzó en el año 2007 cuando el periódico EL PAIS digitalizó su hemeroteca. En el año 2009 dos personas físicas detectaron que, introduciendo sus nombres y apellidos, aparecían en los resultados de los buscadores en una noticia de los años 80 referida a su encarcelamiento por contrabando y adicción a las drogas. La noticia tuvo relevancia debido a que entre todos los detenidos había uno que era familiar de un conocido político (este no es uno de los demandados), especificándose en la noticia que los detenidos habían tenido que ser atendidos por padecer el síndrome de abstinencia.

En aquel momento la página web de la hemeroteca digitalizada por EL PAIS no contenía ningún comando o instrucción (el fichero robots.txt o la instrucción noindex) que impidiera que los motores de búsqueda generales como Google indexaran los datos personales contenidos en el código fuente, por lo que de forma automática los datos incluidos en la hemeroteca aparecían en los resultados de Google.

Los dos titulares ejercitaron sus derechos y se pusieron en contacto con EL PAIS, solicitándole que cesara en el tratamiento de sus datos personales en el sitio web o que los sustituyera por las iniciales de sus nombres y apellidos, y que adoptara las medidas

tecnológicas necesarias para que la página web de la noticia no fuera indexada por los motores de búsqueda de Internet, de lo contrario se produciría una vulneración del derecho al honora y a la intimidad.

Esta petición fue rechazada por El PAIS alegando que la libertad de información amparaba su conducta, pues la noticia se contenía en la hemeroteca digital como cualquier otra, y no podía proceder al borrado o modificación del artículo pues ello equivaldría a la retirada de los archivos existentes en las hemerotecas; y, asimismo, que no podía adoptar medida alguna para evitar que los proveedores de servicios de búsqueda en Internet indexaran la noticia.

Tras esta negativa ambos titulares presentaron la correspondiente demanda, solicitando el cese inmediato en el uso de sus datos personales, así como que se declarara que la forma en la que estaba programada la web, permitiendo la indexación de los datos personales en los proveedores de búsqueda, suponía una vulneración de sus derechos.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y consideró que los hechos suponían una vulneración del derecho al honor, intimidad y protección de datos de las personas demandantes. El Juzgado condenaba a El Pais al cese inmediato de la difusión de dicha noticia y a implantar las medidas tecnológicas adecuadas para impedir que dicha difusión continuara, y en concreto a introducir el comando no index, imponiendo una indemnización de daños y perjuicios de 7.000 euros a favor de los demandantes, así como al pago de las costas.

El Juzgado consideró que la información que aparecía en 2009 no era veraz porque las personas demandantes habían sido condenadas por un delito de contrabando y tenían cancelados sus antecedentes penales. Además, el juzgado entendía que la finalidad perseguida relativa a la información ya se obtuvo cuando se publicó la noticia en los años ochenta, en la edición en papel del diario, por lo que el volcado de la hemeroteca al soporte digital solo tenía una finalidad mercantilista de incremento de los ingresos publicitarios, no pudiendo prevalecer este interés sobre los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos de las personas demandantes, que recordemos no son personajes públicos, debiendo el demandado hacer efectivo el derecho al olvido.

El País presentó el correspondiente recurso ante la Audiencia Provincial que añadió a la condena el cese en el uso de los datos personales en el código fuente de la página web que contenía la noticia, y a no mencionar los datos identificativos de las personas demandantes ni sus nombres y apellidos, ni sus iniciales, en la noticia que pudiera publicar sobre el proceso.

El demandado presentó el recurso de casación, que ahora ha sido resuelto en la sentencia que estamos comentando. 

El Tribunal Supremo, apoyándose en los criterios que se establecieron en la Sentencia del TJUE del asunto Costeja, considera que debería haberse hecho efectivo el derecho al olvido debiendo implementar El Pais las medidas adecuadas para que los datos de los demandantes no fueran indexados por los buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc).

El análisis que hace el Tribunal Supremo merece una lectura detenida de la sentencia, ya que argumenta los puntos más controvertidos del asunto, como los relativos a la veracidad o al carácter público de los titulares.

Respecto a la veracidad de la noticia el Tribunal considera que el problema no radica en si la noticia fue veraz o no, sino si la finalidad con la que los datos fueron tratados de forma inicial y el tratamiento posterior que se ha realizado, se ajusta al principio de calidad de datos. En este punto el factor tiempo es fundamental, dado que el tratamiento de datos inicialmente sí fue adecuado y justificado pero este principio de calidad debe de mantenerse durante todo el tiempo en el que fueron tratados. El Tribunal considera que en este caso el tratamiento posterior de los datos es inadecuado y produce un daño al honor y a la intimidad. El Tribunal en este punto realiza una comparativa con los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, considerando que, si bien inicialmente el tratamiento sí es lícito, se convierte en inadecuado por el paso del tiempo. En este mismo sentido, podría haber sido más acertada la comparativa con los ficheros de morosos con “saldo 0” cuyo tratamiento está prohibido por la legislación, ya que un fichero de morosos no puede mantener en su base de datos a aquellos que han saldado sus deudas, puesto que dichos datos no estarían actualizados.

En relación al carácter público de los titulares de los datos, el Tribunal Supremo establece que los elementos para realizar la ponderación entre privacidad e información son el potencial ofensivo que para los titulares tenga la información publicada y el interés público que pueda suponer que esa información aparezca vinculada a sus datos.

Ese interés público, por el que prevalecería el derecho a informar, se puede justificar cuando se trata de personas de relevancia pública, siempre que la información que se facilite sea veraz, aunque los hechos hayan sucedido hace mucho tiempo. Además, el Tribunal añade que también estaría justificado el tratamiento de datos personales cuando los hechos concernidos y su vinculación con esas concretas personas presenten un interés histórico.

El Tribunal considera que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente no pueden construir un currículo a su gusto, controlando el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas. Consideración completamente lógica pero que agradecemos que haya sido incluida en la sentencia como un aviso a navegantes.

En este caso los demandantes no tienen ninguna relevancia pública y los hechos no pueden considerarse históricos, por lo que el Tribunal considera que en el caso que nos ocupa se ha producido un tratamiento posterior inadecuado.

Además, añade, que la depuración de todos los datos en la propia página web del demandado por su propia iniciativa, podría suponer un sacrificio desproporcionado por el gran volumen de datos a tratar existente en las hemerotecas, sin embargo, sí puede exigírsele que dé una respuesta adecuada a los afectados que ejercitaron sus derechos de cancelación y oposición.

Tras todo este razonamiento defensor del derecho al olvido, apoyado en el asunto Costeja, llega lo verdaderamente interesante de la sentencia, que es la argumentación por la que considera que la sentencia de la Audiencia Provincial no tiene efectos en lo que se refiere al código fuente del motor de búsqueda de la propia hemeroteca, admitiendo parcialmente el recurso de casación. 

El Tribunal considera que el riesgo para los derechos de la personalidad de las personas afectadas por la información guardada en la hemeroteca digital no radica tanto en que la información sea accesible a través del motor de búsqueda interno del sitio web en que se encuentra alojada, pues se trata de una búsqueda comparable a la que efectuaban quienes acudían a las viejas hemerotecas en papel, como en la posibilidad de que mediante una simple consulta utilizando los datos personales, cualquier usuario pueda obtener un perfil completo con información obsoleta y potencialmente dañina.

Es por esta razón por la que el Tribunal hace la diferenciación entre los motores de búsqueda generales y el motor de búsqueda interno de la web en la que estaba la noticia. Estos motores de búsqueda internos de las hemerotecas digitales se considera que solo sirven para localizar la información contenida en el propio sitio web una vez que el usuario ha accedido a dicho sitio web. No son por tanto asimilables a los motores de búsqueda de Internet tales como Google, Yahoo, Bing, etc. La Sala considera que una medida como la acordada en la sentencia de la Audiencia Provincial supone un sacrificio desproporcionado de la libertad de información protegida en el art. 20.1.d de la Constitución Española.

Esta Sentencia supone sin duda un alivio para los medios de comunicación que digitalizan sus hemerotecas al no tener que realizar un esfuerzo desproporcionado en la eliminación de los datos personales de sus motores de búsqueda interno. Además, si fuera obligatoria esa eliminación por parte de la hemeroteca, ¿qué diferencia habría con la hemeroteca en formato papel?, ¿se hubiera tenido también que eliminar los datos de los viejos periódicos de los años ochenta? Lógicamente no. 

Para acceder al contenio íntegro de la Sentencia, pincha aquí