El pasado 20 de abril de 2016 la Comisión Europea (“CE”) inició un procedimiento formal contra Google y su matriz, Alphabet Inc., mediante el envío de un pliego de cargos. La CE considera que Google estaría tratando de proteger y expandir su posición dominante en el mercado de los servicios de búsqueda general en internet. Para fundamentar dicha acusación destaca tres prácticas comerciales:

  1. La CE alega que existen indicios de que Google estaría obligando a los fabricantes de teléfonos móviles y tablets que utilizan el sistema operativo Android a preinstalar el buscador Google Search y el navegador Chrome en sus dispositivos. Según la CE, Google estaría exigiendo la instalación por defecto de ambas aplicaciones como condición para obtener otras licencias exclusivas de Google, como el Play Store, herramienta esencial para los dispositivos que utilizan el sistema Android.
  2. En segundo lugar, la CE sostiene que los fabricantes se habrían visto obligados a suscribir acuerdos comprometiéndose a no utilizar sistemas operativos basados en modificaciones de Android; lo cual impediría el acceso al mercado de potenciales competidores de dicho sistema operativo. Debe recordarse que Android es el principal producto de la compañía Android Inc., adquirida por Google en 2005.
  3. Por último, la CE señala que grandes operadores y fabricantes habrían recibido incentivos financieros por parte de Google, supeditando la concesión de dichas ayudas a la condición de preinstalar Google Search como único buscador de sus dispositivos.

Según sostiene la CE, las anteriores conductas podrían infringir la normativa de defensa de la competencia de la Unión Europea al restringir la innovación en el sector y suprimir la efectiva competencia en el mercado. En particular, estas conductas podrían ser constitutivas de una infracción del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prohíbe que una empresa abuse de su posición de dominio mediante conductas unilaterales que puedan perjudicar a los consumidores y al mercado en general.

Google, con más de un 90% de cuota de mercado en los servicios de búsqueda en el Espacio Económico Europeo, dispone de un plazo de 12 semanas desde la recepción del pliego de cargos para responder a la Comisión antes de que se dirima si su conducta efectivamente es contraria a la normativa comunitaria.

De confirmarse las acusaciones sostenidas por la CE, Google podría llegar a enfrentarse a una sanción de hasta el 10% del volumen de facturación anual a nivel mundial.

La decisión de la CE será recurrible ante el Tribunal General de la Unión Europea.

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