Por segunda vez una sentencia, esta vez de un juz‑ gado civil de Sevilla, ha reconocido a un proveedor de la Administración Pública el derecho a percibir los intereses de demora a cuyo cobro renunció al adherirse al Plan de Pago a Proveedores creado por el Gobierno central en el año 2012 (Senten‑ cia 171/2015, de 19 de noviembre del 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Sevi‑ lla), por considerar que dicha renuncia es contra‑ ria a la Directiva 7/2011/UE, de medidas de lucha contra la morosidad. Así  lo  hizo  ya  la  Senten‑ cia 355/2014 del Juzgado de lo Contencioso‑Admi‑ nistrativo núm. 6 de Valencia, de 24 de noviembre del 2014.

Por su parte, el Juzgado Contencioso‑Administrati‑ vo núm. 6 de Murcia ha elevado una cuestión pre‑ judicial (as. C‑555/14) para aclarar si la legislación nacional en materia de lucha contra la morosidad es acorde a la Directiva 7/2011/UE1.

Porque de ello se trata: ¿es conforme con esta di‑ rectiva la renuncia voluntaria al cobro de intereses que impone el Plan de Pago a Proveedores? Este mecanismo dirigido a reducir la deuda comercial con las Administraciones tuvo lugar en varias fases, y fue regulado por primera vez por el Real Decreto Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. El artículo 9 de este real decreto establece que el abono de la factura a favor del contratista «conlle‑ va la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el principal, los intere‑ ses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios».

El problema se suscita porque la Directiva 2011/7/UE, que tiene por objeto armonizar a nivel europeo los plazos de pago, establece, de forma clara y taxati‑ va, que «se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora» (art. 7.2). Así lo refuerzan los considerandos  de  la  directiva:  «En particular, la exclusión de principio del derecho a cobrar inte‑ reses debe considerarse siempre manifiestamen‑ te abusiva, mientras que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva».

Parece que estamos, por tanto, ante un precep‑ to suficientemente claro y preciso e incondicional como para que se produzca el efecto directo de la directiva, que tiene lugar si una vez transcurrido su plazo de transposición el Estado miembro no la ha transpuesto o la ha transpuesto de forma incorrecta (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de diciembre de 1974, as. Van Duyn). Este efecto directo de la directiva conlleva que el órgano jurisdiccional na‑ cional debe inaplicar la norma interna en favor de la comunitaria, como consecuencia del principio de primacía del derecho de la Unión (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 9 de marzo de 1978, as. Simmenthal). Pero el órgano jurisdiccional puede también, en el caso de que albergue dudas en cuanto a la interpretación de la directiva en relación con el derecho nacional, plantear una cuestión prejudicial de interpreta‑ ción2 (así lo ha hecho, en este caso, el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo núm. 6 de Murcia). Una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la cuestión prejudicial, su interpretación resultará vinculante tanto para el órgano jurisdiccional que planteó la cuestión como para todos los aplicadores del derecho de los Esta‑ dos miembros.

Volviendo al caso que nos ocupa, la norma que transpuso la Directiva 2011/7/UE, cuyo plazo de trasposición concluyó el 16 de marzo del 2013, fue la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestruc‑ turación de deuda empresarial, que incorporó co‑ rrectamente la previsión comunitaria de la nulidad de «las cláusulas pactadas entre las partes o de las prácticas» que excluyan los intereses de demora. Sin embargo, el legislador español no modificó la previsión sobre la exclusión de los intereses del Plan de Pago a Proveedores, de tal forma que en su nueva aplicación, regulada por el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, siguió manteniendo la extinción de los intereses por acogerse al plan.

Esta previsión del Plan de Pago a Proveedores la han considerado ya algunos órganos judiciales —en las sentencias con las que abríamos este comen‑ tario— contraria a la directiva y han reconocido di‑ rectamente el derecho a los intereses excluidos, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver la cuestión prejudicial formulada. En todo caso, sin perjuicio de las dudas que puedan suscitarse sobre la co‑ rrección jurídica de estas sentencias, parece acon‑ sejable que aquellos proveedores que presentaron facturas para el pago con arreglo a la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores regulada por el Real Decreto Ley 8/2013 realicen una reclamación de los intereses al deudor con base en los argu‑ mentos expuestos y antes del transcurso del plazo de cuatro años en que prescribiría el derecho de cobro (art. 15 de la Ley General Presupuestaria).