1. IVA. Medidas de modernización en la Unión Europea

El pasado día 7 de abril la Comisión Europea comunicó la presentación de un Plan de Acción para revitalizar el actual sistema de IVA en la Unión Europea (UE), con el objetivo de hacerlo más sencillo, más impermeable al fraude y propicio para las empresas.

En el comunicado de prensa se expone que la “brecha del IVA”, que es la diferencia entre los ingresos por IVA previstos y el IVA  realmente recaudado en los Estados miembros, supuso casi 170.000 millones de euros en 2013, estimándose que solo el fraude transfronterizo es responsable de una pérdida de ingresos del IVA de alrededor de 50.000 millones de euros anuales en la UE.

El comunicado informa sobre el mecanismo creado a través del Plan de Acción, con el objetivo de modernizar la actual normativa:

  • Se establecerán principios fundamentales de un futuro sistema de IVA único europeo, que reduzca las posibilidades de fraude, de forma que las transacciones transfronterizas seguirían estando sujetas a los tipos de los Estados miembros, pero la forma en que los impuestos se recaudan iría cambiando hacia un sistema más impermeable al fraude.
  • Se prevé la adopción de medidas a corto plazo para combatir  el fraude del IVA, de nuevo en el ámbito transfronterizo, esencialmente en el ámbito del intercambio de información, los mecanismos de fraude y las buenas prácticas.
  • Será actualizado el marco de los tipos de IVA y se establecerán una serie de opciones para que los Estados miembros tengan una mayor flexibilidad a la hora de fijarlo. Las opciones  serían dos. La primera consistiría  en mantener el tipo normal mínimo del 15% y revisar periódicamente la lista de bienes y servicios que pueden acogerse a tipos reducidos, sobre la base de las aportaciones de los Estados miembros. La segunda suprimiría la lista de bienes y servicios que pueden beneficiarse de tipos reducidos.
  • Se van a simplificar las normas del IVA para el comercio electrónico, en el contexto de la estrategia del mercado único digital, ya que las empresas de la Unión Europea están en una situación de desventaja competitiva, ya que determinados operadores no pertenecientes a la Unión pueden importar mercancías con exención en el IVA en la UE.
  • Finalmente, se presentará en 2017  un amplio paquete que apoye el crecimiento de las PYME,s y les facilite el comercio transfronterizo.

2. Impuestos sobre sociedades. Transparencia fiscal para las multinacionales

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para combatir la elusión en el Impuesto sobre Sociedades en Europa, según un comunicado de prensa oficial, en el que se indica que las estimaciones cuantitativas de dicho fraude supone una pérdida de ingresos para los países de la UE comprendida entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año.

Esta línea de actuación sigue otras anteriores relacionadas con el intercambio de información entre autoridades fiscales, imponiendo a las multinacionales que operan en la UE con ingresos mundiales superiores a 750 millones de euros anuales la obligación de publicar información fundamental sobre el país o países de la UE en el que realizan sus beneficios y el país o países de la UE donde pagan sus impuestos.

Esa misma normativa resultaría de aplicación a las multinacionales no europeas que operasen en Europa.

Además de lo anterior, las empresas deberían publicar una cifra agregada relativa al total de impuestos pagados fuera de la UE.

Según reconoce la Comisión, la propuesta constituye una forma simple y proporcionada de aumentar la imposición de las grandes multinacionales sin afectar a su competitividad, y se aplicará a millares de empresas de gran tamaño que operan en la UE, pero sin afectar a pequeñas y medianas entidades.

También se prevé establecer mayores exigencias de transparencia para las actividades de las empresas en países que no aplican las normas internacionales de buena gobernanza en el ámbito de la fiscalidad, siendo un objetivo el de establecer lo antes posible la primera lista común de la UE de estos territorios fiscales.

Esta propuesta modificará la Directiva sobre contabilidad (Directiva 2013/34/UE), para garantizar que los grandes grupos publiquen anualmente un informe divulgando los beneficios obtenidos y los impuestos devengados y pagados en cada Estado miembro, información que será accesible durante un periodo de 5 años, permitiendo un análisis cualificado, debiendo divulgarse para cada país de la UE en que opere la empresa, así como en los denominados “paraísos fiscales” en que operen, debiendo proporcionarse, además, cifras agregadas, relativas a otros territorios fiscales del resto del mundo, garantizando que  no se publique información empresarial confidencial.

El objetivo es doble, ya que permitirá a los ciudadanos examinar el comportamiento fiscal de las multinacionales, alentando, al tiempo, a las empresas a pagar impuestos en los países en los que obtienen sus beneficios.  

3. Procedimiento concursal e IVA. Cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia de la Unión Europea. Asunto C-546/14

La Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 7 abril, en el asunto de referencia, resulta interesante en la medida en que los razonamientos en la misma incorporados pudiesen ser aplicables, con algunos matices derivados de la normativa nacional, en el caso de procedimientos concursales instados al amparo de la vigente Ley Concursal española.

En el caso que nos ocupa, el Tribunale di Udine pregunta si la obligación de los Estados miembros de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar que el IVA se perciba íntegramente, establecida por el Derecho de la Unión, impide efectivamente el recurso a un procedimiento concursal distinto de la quiebra en el que el empresario en situación de insolvencia liquide todo su patrimonio para pagar a sus acreedores y pretenda abonar su deuda de IVA como mínimo en la cuantía de lo que pagaría en caso de quiebra.

El TJUE señala que de los artículos 2, 250 apartado 1 y 273 de la Directiva sobre el IVA, así como del artículo 4 TUE, apartado 3, se deriva que los Estados miembros tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar que el IVA devengado se perciba íntegramente en su territorio. El TJUE soporta este recordatorio, además, en la cita de varias sentencias previas en tal sentido.

Establece el TJUE que en el marco del sistema común del IVA, los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sometidos los sujetos pasivos y disponen, a este respecto, de un cierto margen de apreciación en lo que se refiere, en particular, a la forma de utilizar los recursos con los que cuentan.

Sin embargo, añade, este margen de apreciación está limitado por la necesidad de garantizar que los recursos propios de la Unión se perciban de forma eficaz y por la de no crear diferencias significativas en el trato que se da a los sujetos pasivos dentro de un mismo Estado miembro o con respecto a los otros Estados miembros.

El Tribunal sostiene que la Directiva sobre el IVA debe interpretarse de conformidad con el principio de neutralidad fiscal inherente al sistema común del IVA, que se opone a que los operadores económicos que efectúan las mismas operaciones sean tratados de modo diferente en cuanto a la percepción del IVA.

Recuerda expresamente el TJUE que los recursos propios de la Unión incluyen, en particular, los ingresos procedentes de la aplicación de un tipo uniforme a la base armonizada del  IVA determinada según las normas de la Unión. De este modo existe un vínculo directo entre la percepción de los ingresos procedentes del IVA dentro del respeto del Derecho de la Unión aplicable y la puesta a disposición del presupuesto de la Unión de los recursos IVA correspondientes, puesto que cualquier omisión que pudiera producirse en la percepción de aquéllos puede causar una reducción de éstos.

El TJUE, después de examinar la legislación nacional aplicable, concluye que admitir que un empresario en situación de insolvencia realice un pago parcial de un crédito de IVA en el marco de un procedimiento de convenio concursal que no constituye una renuncia general e indiscriminada a la percepción del IVA, no es contrario a la obligación de los Estados miembros de garantizar la percepción íntegra del IVA devengado en su territorio y la recaudación eficaz de los recursos propios de la Unión.

Es importante destacar el hecho de que la conclusión del TJUE está basada en la aplicación de la normativa concursal doméstica, en la medida en que en el procedimiento judicial concursal se justifique por el deudor la imposibilidad de pagar la integridad de los créditos, y en concreto el del IVA del que es acreedor el Estado miembro afectado, que además puede oponerse, en el seno de dicho procedimiento judicial, al convenio que establezca un pago parcial de un crédito IVA, quedando todo ello sujeto al control del órgano jurisdiccional.

El fallo, con las debidas cautelas, puede resultar de interés en el marco de la aplicación de la normativa concursal española, con el que la norma italiana tiene evidentes concomitancias.

4. Procedimiento inspector. Consecuencias jurídicas de la falta de motivación

El pasado 17 de marzo de 2016 fue dictada por el Tribunal Supremo (TS), Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sentencia número 1143/2016 (Id. Cendoj: 28079130022016100120), Recurso de Casación 1775/2014,  en la que el Tribunal, tiene ocasión de pronunciarse sobre la necesidad de que las resoluciones administrativas se encuentren motivadas de forma adecuada.

En el caso planteado, el Tribunal Económico-administrativo Regional (TEAR) resolvió, en opinión del Tribunal Supremo, considerando que el acuerdo de liquidación impugnado adolecía de falta de motivación, que impedía que el TEAR se pronunciase sobre la posible aplicación de determinada exención. Ese defecto, sigue el TS, provoca que el TEAR declare la anulación de la liquidación para que fuese sustituida por otra suficientemente motivada.

El TS en su resolución indica que deben analizarse las consecuencias jurídicas de la falta de motivación, afirmando que la misma origina que el acto administrativo haya incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico, y, por tanto, que el acto dictado sea calificado como anulable, en el sentido del artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sigue afirmando el TS que la falta de motivación es un defecto formal que no puede equipararse a una omisión total del procedimiento establecido para dictar un acto administrativo, indicando que así ha sido reconocido por el mismo Tribunal, que ha admitido la retroacción de las actuaciones y la posibilidad de realizar nueva valoración motivada.

Cita especialmente la Sentencia de 29 de diciembre de 1998, en la que se indica que los actos faltos de motivación “son anulables, pero la Administración no sólo está facultada para dictar unos nuevos en sustitución del anulado, debidamente motivado, sino que está obligada a ello, en defensa del interés público y de los derechos de su Hacienda”.

Considera el TS que la falta de motivación del acto administrativo determina que no proceda entrar a conocer  sobre las cuestiones de fondo que se plantean, indicando que el principio de prioridad lógica de las cuestiones formales invalidantes de los actos administrativos, sobre las cuestiones de fondo, determina que cuando un TEA anula un acto administrativo por estimar existente un defecto formal que invalida el acto y retrotrae las actuaciones ordenando que se dicte un nuevo acuerdo en el que se corrijan los defectos observados, el principio citado impide formular declaraciones de derechos y obligaciones relativas a las cuestiones de fondo.

El Tribunal entiende que lo contrario, además de poder incurrir en una intromisión de los órganos económico-administrativos en la competencia atribuida a los órganos gestores, supondría crear una situación de indefensión en el obligado tributario o interesado, con vulneración del ordenamiento, ya que cuando se dictase un nuevo acuerdo de liquidación  corrigiendo los defectos observados y el interesado impugnase el nuevo acuerdo, podría negársele arbitrariamente la posibilidad de impugnar las cuestiones de fondo, pues la oficina gestora podría reproducir su pronunciamiento de fondo anterior.

Concluye el Tribunal Supremo que, anulado el acto administrativo y la liquidación en él contenida por la existencia de vicios formales generadores de indefensión, carece de competencia el órgano económico-administrativo para pronunciarse sobre las cuestiones de fondo.

Se incluye esta Sentencia en este documento por la relevancia del pronunciamiento en lo atinente a la imposibilidad de pronunciamientos sobre el fondo del asunto en supuestos en los que se ha producido un defecto formal invalidante, habida cuenta de la reiteración de este tipo de situaciones, basadas en la falta de motivación, en el ámbito de determinadas Administraciones Tributarias.