La Comisión Europea presentó el pasado 22 de marzo una propuesta para otorgar más capacidades y garantías a las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros para la aplicación de la normativa de competencia de la Unión Europea. El objetivo de esta propuesta es que estas autoridades, al aplicar la misma base jurídica, dispongan de instrumentos de ejecución más eficaces y adecuados para alcanzar un espacio común.

La propuesta de la Comisión se presenta como continuación a la consulta pública sobre la capacitación de las autoridades nacionales de competencia para mejorar su eficacia, puesta en marcha por la Comisión en noviembre de 2015. La Audiencia pública, celebrada por la Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, tuvo lugar el 19 de abril de 2016, en la que Cani Fernández, socia de Cuatrecasas, defendió junto con otros expertos en Derecho de la Competencia la necesidad de armonizar las competencias de estas autoridades, garantizando la igualdad de derechos de las empresas que operan en diferentes jurisdicciones.

Esta propuesta pretende contribuir a obtener un auténtico mercado único para promover mercados competitivos, el empleo y el crecimiento. A estos efectos, el lugar del mercado único donde esté situada la sede de una empresa no debería ser relevante a la hora de aplicar la normativa de competencia.

Las normas propuestas, una vez adoptadas, dotarán a las autoridades nacionales de competencia de un mínimo de instrumentos comunes y garantías de aplicación efectiva, que se resumen en los siguientes puntos:

  • Actuación independiente e imparcial al exigir el cumplimiento de las normas de competencia de la Unión Europea.
  • Recursos financieros y humanos suficientes para realizar su trabajo.
  • Las facultades necesarias para recabar las pruebas pertinentes, tales como el derecho a acceder al contenido de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos.
  • Instrumentos adecuados para la imposición de sanciones proporcionadas y disuasorias en caso de infracción de las normas de competencia de la Unión Europea.
  • Programas coordinados de clemencia que incentiven a las empresas a presentar pruebas de la existencia de un cártel.

La propuesta adopta la forma de Directiva, lo que permite a cada autoridad respetar las especificidades nacionales, y da especial importancia a los derechos fundamentales de las empresas, requiriendo que las autoridades establezcan las garantías necesarias con arreglo a lo dispuesto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros colaboran estrechamente en la aplicación de las normas de defensa de la competencia de la Unión Europea desde la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en el marco de la Red Europea de Competencia (REC) en 2004.

En este marco de colaboración, la comisaria de Competencia Margrethe Vestager ha indicado que la normativa de competencia de la Unión Europea mejora el funcionamiento de los mercados, y por ello pretende que

todas las autoridades nacionales de competencia puedan tomar decisiones de forma totalmente independiente y que dispongan de instrumentos eficaces para poner fin a las infracciones y para sancionarlas, ya que un mercado único que funciona correctamente beneficia a los consumidores y a las empresas de Europa”.

La Directiva será transmitida al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación de conformidad con el proceso legislativo habitual y, una vez adoptada, los Estados miembros deberán incorporar la Directiva a su ordenamiento jurídico.

Por otra parte, la aprobación de la Directiva podría coincidir en España con una nueva reforma de los reguladores y autoridades nacionales de competencia en España, si bien los dos procesos son, en principio, independientes.

La nota de prensa de la Comisión Europea está disponible aquí.