Despido colectivo encubierto, ERE por goteo, despido colectivo de hecho, son términos que últimamente están en boca de muchos Juzgados y/o Tribunales y que, recientemente, ha puesto si cabe de mayor relieve la importante STS (Sala de lo Social) de 18 de noviembre de 2014.

Sabido es que son requisitos constitutivos para que la empresa esté obligada a promover despido colectivo, que se superen los umbrales del artículo 51.1 del ET en un período de 90 días y que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en cuyo caso deberán computarse, además de los despidos producidos por dichas causas, cualesquiera otro que no esté basado en motivos inherentes a la persona del trabajador distinto de los previstos en el artículo 49.1.c) del ET.

Conforme a la Doctrina Jurisprudencial y Judicial se han de incluir:

  • Despidos disciplinarios en los que se reconoció la improcedencia en transacciones judiciales o extrajudiciales.

Cuando se despide masivamente por causas disciplinarias a trabajadores en un corto período de tiempo y se reconoce la improcedencia de la mitad de esos despidos y se declara judicialmente la improcedencia de otro, sin que se haya acreditado por la empresa que hubo una transacción efectiva con los trabajadores, a los que reconoció la improcedencia del despido, la doctrina de la Audiencia Nacional concluye necesariamente que dichos despidos disciplinarios carecían de causa disciplinaria, por lo que no estaban causados en motivos inherentes a las personas de los trabajadores afectados.

  • Despidos objetivos improcedentes sea cual sea la causa.
  • Despidos objetivos en los que se habrían suscrito finiquitos aceptando el efecto extintivo mediante acuerdos también de naturaleza transaccional.
  • Las extinciones de contratos temporales no solamente si los contratos se califican como indebidamente temporales, sino también si su extinción ha de definirse como despido improcedente por haberse producido antes de cumplirse su término.

Se excluirían:

  • Las causas de extinción basadas en la capacidad del trabajador, como las reguladas en los apartados a) (ineptitud), b) (falta de adaptación a las modificaciones técnicas) y d) (absentismo justificado) del art. 52 ET, deberían considerarse inherentes a la persona del trabajador, porque todas ellas se predican de su persona, aun cuando no se deban a su voluntad
  • Los despidos disciplinarios procedentes.
  • Las extinciones a iniciativa del propio trabajador, por modificación sustancial de las condiciones de trabajo o movilidad geográfica.
  • La extinción por jubilación.
  • Las extinciones de los contratos temporales que hubieran finalizado por causa legal.
  • Las bajas voluntarias.

El interrogante que surge es cuáles son los efectos de una sentencia que, por ejemplo, a raíz de la demanda formulada por un Sindicato minoritario y partiendo de un despido colectivo de hecho, sin seguirse el procedimiento de un despido colectivo, declara la nulidad de todos los despidos habidos en un determinado período de tiempo.

Es el caso que se ha planteado en la reciente STS de fecha 18 de noviembre de 2014 (exp. Unisono Soluciones de Negocios, S.A.) que confirmaba precedente de la Audiencia Nacional de fecha 4 de septiembre de 2013, declarando la “nulidad de los despidos producidos en el periodo 1 de febrero al 30 de abril de 2013”.

La sentencia de nuestro Alto Tribunal (sin Voto Particular alguno, circunstancia extraña últimamente) se preguntaba al analizar el segundo motivo casacional:

  • ¿Qué acontece con los procedimientos judiciales individuales pendientes y que quedaron en suspenso por mor del art. 160.5 de la LRJS?
  • ¿Qué acontece con las transacciones judiciales producidas?
  • ¿Qué sucede con las sentencias firmes dictadas en procesos individuales que declararon la improcedencia de los despidos?

El Supremo entiende que habrá que estar a los casos concretos y a la voluntad de los afectados, remitiéndose a que esas situaciones concretas deben resolverse en procesos individuales y no en el pleito colectivo que ahora juzgaba, pero fijando el “camino a seguir” por parte de los trabajadores afectados de esta manera:

  • Los procedimientos suspendidos a costa de la demanda de despido colectivo habrán de resolverse con la nulidad declarada en la sentencia colectiva (readmisión y abono de salarios de tramitación).
  • Con respecto a los pleitos individuales resueltos en sede judicial, cabrá en su caso recurso de revisión.
  • Y con los acuerdos alcanzados a nivel de SMAC o de conciliación judicial podrá pedirse la nulidad de la transacción por vicios del consentimiento.

En otras palabras, acometer un despido colectivo encubierto o lo que es lo mismo un ERE por goteo, o un despido colectivo de hecho puede acarrear nefastas consecuencias económicas para la empresa. En efecto, ello es así porque nuevamente surge otro interrogante ¿qué instarán los trabajadores afectados ante una sentencia colectiva que declare la nulidad de los despidos habidos en un determinado periodo de tiempo? ¿qué harán los trabajadores de Unisono afectados por la STS?

Lo excepcional sería que no hiciesen nada (tal vez algún empleado ya en situación de jubilación que no quiera más aventuras), pero inicialmente podría ocurrir que la mayor parte solicitaran la readmisión a sus puestos de trabajo con abono de los salarios de tramitación (art. 124.11 LRJS), si bien con los preceptivos descuentos de las prestaciones por desempleo y haberes percibidos de otra empresa en el periodo de que se trate.

Tal vez en muchos casos no tanto por la idea u objetivo final de volver a la empresa como “de hacer caja” y percibir una mayor indemnización que la que en su momento percibieron. En cualquier caso, las consecuencias podrían ser cuanto menos cuantiosas; simplemente si pensamos en el caso analizado por la STS citada, y en trabajadores que llegaron a un acuerdo con la empresa en el primer trimestre de 2013, mediando despido disciplinario reconocido improcedente (ya en sede administrativa o judicial), ahora tras la notificación de la STS en febrero de 2015, podrían instar su reincorporación por lo que hablaríamos de dos años de salarios de tramitación.

El tema planteado no es baladí porque no es la primera vez que la jurisdicción social enjuicia un despido colectivo encubierto con fórmulas extintivas varias y así, a modo de ejemplo, se ha declarado la nulidad en los expedientes seguidos contra:

  • Universidad de Huelva (SJS nº 1 Huelva 14-7-14)
  • Hewlett Packard (SAN 14-5-14)
  • Madrid Espacios y Congresos (STSJ Madrid 24-3-14)
  • Gastón y Daniela (STSJ Madrid 18-3-14)
  • Araujo (STSJ Galicia 11-2-14)
  • Fagor (STSJ Castilla-León, Valladolid, 11-12-13)

Sirvan, pues, estas líneas de reflexión y estudio para no minimizar y/o minusvalorar los riesgos que pueden derivarse de un despido colectivo encubierto.