La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado esta semana un estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España, en el que propone liberalizar la dispensación de medicamentos a comercios ajenos a las farmacias, tanto a nivel presencial como a nivel online. Esta propuesta ya ha encontrado una contestación contundente por parte de las autoridades sanitarias.

El referido informe, que analiza detalladamente las restricciones impuestas por la regulación vigente, esto es, por la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, argumenta que la actual regulación española limita la competencia del sector con restricciones que, en muchas ocasiones, no protegen la salud pública ni están justificadas desde el punto de vista de la eficiencia. Por ello, la CNMC considera imprescindible que la regulación sea ajustada conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, evitando restricciones injustificadas que dificulten alcanzar una mayor eficiencia en este mercado.

En este sentido, el estudio identifica las principales restricciones de acceso y ejercicio del mercado que son ineficientes y que, por consiguiente, afectan a los pacientes/consumidores, incrementan el coste de aprovisionamiento del sector público y reducen el bienestar general. En particular, la CNMC critica, entre otros, los requisitos de distancia mínima obligatoria entre farmacias, de mínimos de población necesarios para la apertura de farmacias, de horarios y de publicidad. Asimismo, critica la restricción a la integración vertical de las farmacias.

De modo que, a fin de fomentar la eficiencia y competencia de la distribución minorista de medicamentos, la CNMC propone, entre otros, mayores libertades en el acceso al mercado, en el ejercicio de la actividad, en la propiedad de las oficinas de farmacia, en los horarios de apertura y en la publicidad. Propuestas que se materializarían, esencialmente, con la adopción de medidas como la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica en otros establecimientos -por ejemplo, los supermercados o las gasolineras-, la liberalización de la venta de medicamentos sujetos a prescripción a través de Internet -siempre que la dispensación se realice por un técnico competente-, y la supresión de la obligatoriedad de colegiación para los propietarios y titulares de las farmacias.

La reacción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a todo lo anterior, no se ha hecho esperar, y al respecto ha declarado que estas prácticas supondrían un riesgo para la salud de los ciudadanos, defendiendo que el modelo español vigente garantiza la profesionalidad del sector y, por consiguiente, es el más apropiado para la protección de la salud. A lo que ha añadido que “las experiencias de liberalización de las oficinas de farmacia en algunos países europeos muestran que la protección de la salud pública y la adecuada cobertura geográfica de los servicios farmacéuticos son compatibles con la competencia en este mercado”.