Recientemente se ha hecho pública una importante sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de marzo de 2016, por la que matiza su doctrina acerca del alcance del deber de información exigible al empresario en relación con el tratamiento de los datos personales de sus trabajadores obtenidos por videovigilancia. La citada sentencia, para el caso de una empleada de Bershka que fue despedida por apropiarse de dinero de la caja registradora, admite como prueba lícita de tales irregularidades las grabaciones de una cámara de vigilancia instalada ante la existencia de sospechas previas, y ello pese a que no se informó expresamente a la trabajadora ni al comité de empresa de la instalación ni finalidad del sistema de videovigilancia, ni, mucho menos, se solicitó su consentimiento.

Considera el TC que, estando las grabaciones destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de la trabajadora, el consentimiento se entiende implícito en la relación laboral, y que el deber empresarial de información se vio cumplido mediante la simple colocación del correspondiente distintivo informativo (el cartel indicativo de “Zona Videovigilada”) en un lugar visible. Además, entiende que, en todo caso, la medida era necesaria, idónea y proporcionada ya que servía adecuadamente al propósito de confirmar y acreditar las sospechas de las irregularidades cometidas, limitándose la grabación, de carácter temporal, a la zona de la caja registradora.

El Constitucional busca aclarar el alcance de la información que, en estos casos, el empresario está obligado a facilitar a sus empleados, corrigiendo así la doctrina recogida en la sentencia nº 29/2013, de 11 de febrero (caso Universidad de Sevilla), cuando estimó que pese a existir distintivos anunciando la instalación de cámaras, la falta de información previa, expresa y clara a los trabajadores acerca de su finalidad implicaba vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales consagrado en el art. 18.4 CE.

El TC, en la fundamentación de su sentencia del pasado 3 de marzo, responde a tres cuestiones esenciales:

  • ¿Es necesario recabar el consentimiento del trabajador vigilado? No, si las grabaciones se dirigen a controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.  No obstante, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) prevé, entre otras, una excepción: no será preciso el consentimiento del titular cuando los datos tratados pertenezcan a las partes de un contrato y resulten necesarios para su mantenimiento o cumplimiento, por cuanto la aceptación del contrato supone reconocer las facultades de control empresarial. Es decir, el consentimiento no será exigible (se considera implícito) cuando el tratamiento de datos personales se encamine a controlar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador. Sólo cuando, por el contrario, esos datos sirvan a un objetivo distinto, será precisa la obtención del consentimiento del afectado. A este respecto, el criterio del Constitucional se mantiene invariable. El derecho fundamental a la protección de datos personales, que abarca también la captación de imágenes (que tienen la consideración de dato de carácter personal), se concreta en la facultad de sus titulares de consentir la obtención, tratamiento y uso de los mismos.
  • ¿Hasta qué punto está obligado el empresario a informar al trabajador de la videovigilancia? Basta la debida señalización de las cámaras. Con independencia de la necesidad o no de obtener el consentimiento del trabajador para recoger sus datos (incluida su imagen), el empresario debe informar previamente al mismo de que va proceder a la recogida de tales datos personales, tal y como prevé el artículo 5 LOPD. Sin embargo, la principal novedad de la recién sentada doctrina del TC se encuentra en cómo debe cumplir el empresario con este deber de información (en particular, en sistemas de videovigilancia).En la sentencia 29/2013, el TC entendió que para dar cumplimiento al deber referido, era imprescindible informar expresamente a los trabajadores de la finalidad de control perseguida por la captación de imágenes, así como de las características y el alcance de su tratamiento, aclarando que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias.En cambio, en la sentencia del pasado 3 de marzo, el Tribunal Constitucional rectifica y considera que basta la colocación del correspondiente distintivo informativo, permitiendo al trabajador conocer la existencia y finalidad de las cámaras, para dar cumplimiento al deber de información, sin que resulte necesario especificar la finalidad exacta del control.
  • ¿Una deficiencia en la información implica necesariamente una vulneración de derechos fundamentales? No, si la medida supera el triple juicio de proporcionalidad.En 2013, el TC sostuvo que cualquier medida, independientemente de su carácter proporcionado o no, vulneraba el derecho fundamental a la protección de datos personales si no se aseguraba la debida información previa.Ahora, el Constitucional despliega el criterio opuesto: el incumplimiento de los deberes de informar y, en su caso, recabar el consentimiento del trabajador supondrá vulneración constitucional cuando la medida adoptada no supere el triple juicio de proporcionalidad, consistente éste en constatar si la medida (1) permite alcanzar el fin propuesto (idoneidad), (2) es la más moderada posible para conseguir con igual eficacia dicho objetivo (necesidad), y (3) si genera mayores ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes en liza (proporcionalidad en sentido estricto).O, lo que es lo mismo, la medida de videovigilancia que supera el juicio de proporcionalidad prevalece, con independencia de la inobservancia o deficiencia en el cumplimiento del derecho de los trabajadores a conocer el uso y destino de las grabaciones.Conviene subrayar que en la valoración del carácter proporcional de la medida, resulta determinante para el Tribunal la existencia de indicios o sospechas previas de que la trabajadora vigilada estaba incurriendo en irregularidades.

 En definitiva, en esta sentencia, el TC viene a relativizar el derecho fundamental en conflicto y rebaja radicalmente el alcance del deber de información exigible al empresario.

 Finalmente, la sentencia cuenta con un voto particular discordante, formulado por el magistrado Fernando Valdés, en cuyo razonamiento califica de despropósito la tesis de que, aun cuando el empresario desatienda su deber informativo, deberá recurrirse al juicio de proporcionalidad de la medida, lo que supone que, pese a omitirse el derecho a la información de los trabajadores, podrían llegar a declararse válidas las grabaciones. El voto particular, sumamente crítico con el cambio doctrinal, niega que las facultades de vigilancia y control empresarial puedan erigirse en parámetros de constitucionalidad limitadores del derecho a la información sobre el tratamiento de datos personales. A su juicio, tampoco la Instrucción de la AEPD 1/2006, que impone la colocación del distintivo informativo de la presencia de cámaras, puede limitar dicho derecho a la información de los afectados. Y ello por cuanto sólo por ley pueden establecerse límites a un derecho fundamental.

 Estaremos atentos a cómo interpretan los jueces y tribunales este viraje doctrinal del TC.