El pasado 16 de mayo, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronunció por primera vez sobre la sujeción de una entidad bancaria, en este caso alemana, a la supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE) en el asunto T‑122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/ BCE.

La supervisión directa del BCE surgió a raíz de la crisis económica en 2014, año en el que se supeditó a las mayores entidades bancarias de la eurozona a su control en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Este mecanismo permite al BCE, entre otras competencias, someter a estos bancos a unas pruebas conocidas como “test de estrés”, para prever de forma fiable la capacidad que tiene cada entidad para generar beneficios o absorber pérdidas y, de este modo, asegurar su viabilidad.

Están sujetas a la supervisión directa del BCE aquellas entidades bancarias calificadas como “entidades significativas” (i.e., cuando el valor de sus activos supera los 30.000 millones de euros), mientras que las que no lleguen a este umbral, calificadas como “menos significativas”, siguen sometidas al control de sus respectivas autoridades nacionales.

En esta sentencia, el TGUE ha reforzado el papel del BCE al desestimar el recurso interpuesto por el Landeskreditbank en el que solicitaba quedar fuera del control directo del BCE, denegando su consideración como “entidad menos significativa” y sometiéndole, por tanto, a la supervisión directa. El demandante sostenía que, a pesar de poseer un capital de 75.000 millones de euros, tenía un bajo perfil de riesgo, puesto que proporciona ayudas únicamente a pymes y su repercusión es meramente local, estimando suficiente la supervisión nacional por parte de las autoridades alemanas.

Por su parte, el TGUE ha indicado que, como norma general, una vez alcanzado el umbral de los 30.000 millones de euros, la supervisión nacional solo tendría cabida en aquellos casos en los que su objetivo pudiera alcanzarse de forma más eficaz por las autoridades nacionales, por lo que descartaba el argumento de suficiencia de la supervisión nacional. El Tribunal ha señalado además, que en los casos en los que haya supervisión por las autoridades nacionales de “entidades menos significativas” no tendrá carácter autónomo, sino que supone una competencia exclusiva del BCE que se ejerce de forma descentralizada.

El TGUE ha indicado que, como norma general, una vez alcanzado el umbral de los 30.000 millones de euros, la supervisión nacional solo tendría cabida en aquellos casos en los que su objetivo pudiera alcanzarse de forma más eficaz por las autoridades nacionales

La decisión del TGUE puede no llegar a ser definitiva ya que existe la posibilidad de un recurso posterior al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No obstante, por el momento la Sentencia confirma las competencias del BCE en su papel como supervisor bancario.

La sentencia íntegra de TGUE está disponible aquí.

¿Puede una empresa utilizar cámaras ocultas para grabar a sus empleados en el puesto de trabajo cuando existe una fundada sospecha de incumplimiento laboral?

Loewe comprobó que faltaba un número considerable de prendas en la empresa y, sospechando que la sustracción de las prendas podía haberse llevado a cabo por personal interno, decidió contratar a una agencia de detectives privados para instalar cámaras ocultas durante un breve periodo de tiempo (del 19 al 23 de agosto) en los puestos donde se creía que se había producido la sustracción. De ello se informó a la presidenta del comité de empresa, pero no con el comité, ya que uno de los sospechosos era miembro del mismo. De este modo, se comprobó que precisamente este empleado se había llevado diversos productos, y la empresa procedió a su despido disciplinario.

El Juzgado de lo Social número 2 de Madrid desestimó la demanda por despido del trabajador, convalidando la extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación. La sentencia de 9 de febrero de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia de instancia.

Alegaba el empleado que la empresa debería haber inscrito un fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos, colocado carteles informativos en las zonas de grabación, facilitado formularios para el ejercicio de los derechos de protección de datos y notificado a los representantes de los trabajadores.

A la vista de los antecedentes de hecho arriba descritos y de que las imágenes captadas se utilizaron exclusivamente para su presentación en juicio, entiende el Tribunal que la grabación tiene base legal en la facultad de control que atribuye el Estatuto de los Trabajadores al empresario. Además, señala el Tribunal, la medida adoptada supera además el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que la ponderación entre el derecho fundamental del trabajador a la protección de sus datos y el derecho fundamental de la empresa a la tutela judicial efectiva debe resolverse a favor de este último.

Remarca también el Tribunal que sería absurdo exigir a la empresa que comunicase a los trabajadores la instalación de las cámaras y que colocase carteles dando publicidad a este hecho, porque con ello se frustraría la finalidad buscada, esto es, la averiguación del ilícito laboral, y considera, por tanto, admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la realizada a la presidenta del comité de empresa (no al comité, porque el trabajador despedido era miembro de este).