La liquidación ordinaria (no concursal) de una sociedad constituye una situación o estatus jurídico especial en que pasa a encontrarse la sociedad una vez es disuelta por la causa que fuere y hasta que la misma se extingue, pero también es un proceso jurídico que comprende una serie de actos que se dirigen al pago de los créditos existentes frente a la sociedad, a la distribución del patrimonio social remanente entre los socios y a la propia extinción y cancelación registral de la sociedad. En defensa principalmente de los acreedores de la sociedad, las normas que disciplinan este proceso parten de los principios de conservación de la personalidad jurídica de la sociedad y del mantenimiento de sus órganos (no sin importantes modificaciones, como veremos). Tales normas en el caso de las sociedades de capital se contienen en los arts. 371 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y, debido al respeto del principio de responsabilidad limitada de los socios, que contrae la garantía de los acreedores estrictamente al patrimonio social, y a su función protectora de los acreedores sociales, tienen carácter esencialmente imperativo.

En cuanto proceso que no se agota normalmente en un solo acto jurídico, sino que, salvo en los casos de disolución, liquidación y extinción simultáneas, la liquidación se desarrolla en un período de tiempo durante el cual se realizan las operaciones de liquidación y, concluidas éstas con la satisfacción de los acreedores sociales, se divide el patrimonio remanente entre los socios y se extingue y cancela la sociedad en el Registro Mercantil, con independencia de cuál sea la duración de este proceso, se concibe la liquidación como un período único que no se divide en sucesivos ejercicios sociales, como sucede en el caso de la sociedad activa, sin perjuicio de la obligación legal de los liquidadores de formular las cuentas anuales de la sociedad y de convocar anualmente la Junta general de la sociedad en liquidación, si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, y de dar cuenta a los socios en tal Junta del estado de la liquidación con un informe pormenorizado (art. 388.2 LSC).

El art. 371 LSC, primero de los artículos contenidos al capítulo dedicado a la liquidación, establece categóricamente el principio de conservación de la personalidad jurídica de la sociedad disuelta mientras la liquidación se realiza. Puede, por tanto, la sociedad en liquidación realizar cualquier acto jurídico siempre que vaya dirigido a la liquidación, esto es, con carácter general a la satisfacción de los acreedores sociales y a la distribución del patrimonio social remanente entre los socios. Sentado lo anterior, el último apartado del art. 371 LSC establece que durante el período de liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de las Juntas generales, a las que darán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común, y continuarán aplicándose a la sociedad las demás normas previstas en la LSC que no sean incompatibles con las establecidas en el capítulo de la propia LSC dedicado a la liquidación.

Se plantea entonces la cuestión acerca de si la Junta general de una sociedad cuya liquidación se prolonga en el tiempo más allá del plazo legalmente previsto para la aprobación de las cuentas anuales puede acordar distribuir dividendos a sus socios existiendo un resultado positivo en la parte del período de liquidación a que se refieran las cuentas anuales que formulen los liquidadores. Procede pues examinar, en primer término, si la distribución de dividendos acordada por una sociedad en situación legal de liquidación es compatible o no con las normas legales establecidas por la LSC para la liquidación.

La subsistencia durante el período de liquidación de la personalidad jurídica de la sociedad, de sus órganos sociales y de sus relaciones jurídicas internas y externas no evita que se produzcan en la sociedad importantes modificaciones. La principal afecta al fin social. Desde la disolución, el fin social ya no vendrá conformado por la obtención de beneficios en el desarrollo del objeto social y su distribución anual entre los socios si así lo acuerdan éstos en Junta general, sino que el fin de la sociedad consistirá en su propia extinción y cancelación registral. Ello no significa que quede vetado a la sociedad seguir persiguiendo lucro, ya que debe procurar la obtención de los mejores resultados de la liquidación de su patrimonio para pagar a sus acreedores. Tampoco significa que la sociedad en liquidación no deba distribuir su patrimonio resultante de la liquidación entre sus socios mediante el pago de la cuota de liquidación. Pero ello no constituye el verdadero fin de la sociedad en estado de liquidación, sino los medios, por cierto obligatorios, para alcanzar su propia extinción.

La modificación del fin social se refleja naturalmente sobre el objeto social, es decir, sobre la actividad o actividades desarrolladas por la sociedad para la obtención del fin. Con carácter general, el objeto social de una sociedad en liquidación no desaparece ni se modifica como consecuencia de la disolución, pero su realización queda matizada por la finalidad propia de la liquidación; es decir, la sociedad en liquidación seguirá desarrollando su objeto social, pero sólo en la medida en que tal desarrollo sea necesario o conveniente para la extinción de la sociedad, por lo que en definitiva la sociedad en liquidación debe tender precisamente a cesar en el desarrollo de su objeto social estatutariamente fijado.

La mutación del fin social se manifiesta también con claridad en la estructura orgánica de la sociedad en liquidación. Así, los administradores son sustituidos por los liquidadores como órgano de gestión y representación de la sociedad (arts. 374 y ss. LSC) y a la Junta general compete acordar lo que convenga al interés común teniendo en consideración la rendición de cuentas de los liquidadores respecto a la marcha de la liquidación (art. 371.3 LSC). Sin embargo, tal modificación y su señalada incidencia sobre el objeto social también determina una importante modificación de la contabilidad de la sociedad: La obligación de formular, aprobar y publicar las cuentas anuales se sustituye por las obligaciones de elaborar un inventario y un balance con referencia al día en que se hubiera disuelto (art. 383 LSC), formular dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio las cuentas anuales de la sociedad (si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para su aprobación) y un informe pormenorizado sobre el estado de la liquidación (art. 388.2 LSC, que utilizaba la expresión de «estado anual de cuentas» hasta su reforma por la Ley 25/2011, de 1 de agosto) y, una vez concluidas las operaciones de liquidación, formular y someter a la aprobación de la Junta general un balance final de la liquidación, un informe completo sobre las operaciones de liquidación realizadas y un proyecto de división entre los socios del activo resultante (art. 390 LSC).

Ordena el art. 371.3 LSC que se observen durante el período de liquidación las disposiciones de los estatutos de la sociedad relativas a la convocatoria y reunión de las Juntas generales de socios, sin distinguir entre Juntas ordinarias y extraordinarias, con lo que parece imponer a los liquidadores el deber de convocar anualmente la Junta general ordinaria (parecer confirmado, como hemos visto, por el art. 388.2 LSC) para rendir cuenta sobre el estado de la liquidación. No obstante, durante el período de liquidación la Junta ordinaria no tiene el cometido que se le atribuye legalmente para el tiempo de actividad ordinaria de la sociedad antes de ser disuelta, salvo en lo concerniente a la censura de la gestión del órgano social administrativo (en este caso, los liquidadores).

Por otro lado, las cuentas anuales durante el período de liquidación y el informe pormenorizado sobre el estado de la liquidación que obliga a formular el art. 388.2 LSC a los liquidadores deben permitir «apreciar con exactitud el estado de la liquidación», según el precepto citado, fórmula que sustituye durante el período de liquidación a la exigencia de «mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad» que el art. 254.2 LSC establece para las sociedades activas. En este contexto especial de la liquidación la mejor doctrina venía considerando, con anterioridad a la reforma del art. 388.2 LSC realizada por la Ley 25/2011, que no era necesario que el «estado de cuentas» formulado por los liquidadores (hoy denominado «cuentas anuales» por el art. 388.2 LSC, como se ha indicado) incluyese la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad en liquidación porque, si bien la sociedad en liquidación, al realizar las operaciones de liquidación (las pendientes naturalmente, pero también las nuevas que sean necesarias para la liquidación), puede arrojar resultados positivos, en el período al que se refiriese el «estado de cuentas» de la sociedad en liquidación tales resultados positivos no podrían ser distribuidos entre los socios, sino que deberían registrarse provisionalmente en una cuenta especial de resultados a la espera de la conclusión de las operaciones de liquidación y formulación del balance final de liquidación apareciendo en caso de seguir existiendo a la sazón en el proyecto de división entre los socios del activo resultante. No obstante la lógica indiscutible del razonamiento expuesto, el cambio introducido en el art. 388.2 LSC por la citada Ley 25/2011 al sustituir el «estado de cuentas» por las «cuentas anuales» que deben formular los liquidadores sugiere la revisión de tales conclusiones, dado que legalmente las cuentas anuales se componen, formando una unidad, también de la cuenta de pérdidas y ganancias (art. 254 LSC). En cualquier caso, a nuestro juicio, tal posible revisión no afecta a la conclusión general que se extrae de lo señalado hasta aquí: La imposibilidad de distribuir dividendos por una sociedad en liquidación se justifica por las normas citadas en materia de liquidación y por la propia naturaleza y concepción de la liquidación ordinaria de las sociedades.

Ahora bien, el principio fundamental sobre el que se apoya, a nuestro juicio, la anterior conclusión es el de la necesaria satisfacción de los acreedores sociales o consignación del importe de sus créditos previas al reparto del patrimonio de la sociedad entre los socios, consagrado en sentido negativo como prohibición imperativa en el art. 391.2 LSC.

Tal prohibición responde a que la satisfacción de los acreedores de la sociedad disuelta es una finalidad de primer orden en la liquidación. Por ello la disolución y consiguiente apertura de la liquidación no sólo produce efectos sobre la sociedad, como hemos visto, sino también sobre la posición jurídica de sus socios. No muta la naturaleza de esa posición jurídica, pero sí se ven afectados los derechos de los socios. Así, durante la liquidación el socio seguirá disfrutando de sus derechos, pero el de participar en las ganancias de la sociedad queda limitado al de participar en la distribución del patrimonio resultante de la liquidación, el cual sólo se materializa realmente con el derecho a percibir la cuota de liquidación cuando hayan sido satisfechos todos los acreedores sociales o consignado el importe de sus créditos (art. 391.2 LSC) y haya transcurrido el plazo para impugnar el balance final de liquidación sin que se hayan formulado reclamaciones o sea firme la sentencia que las resuelva (art. 394 LSC).

Lógicamente, la prohibición establecida en el art. 391.2 LSC no opera en el caso de que no existan acreedores y, no obstante nuestra opinión, en ocasiones se ha considerado, a nuestro juicio con criterio discutible por las razones antes apuntadas, que no puede rechazarse de plano realizar un reparto de beneficios en la sociedad en liquidación previo a la satisfacción de todos los acreedores cuando la liquidación se prolongue excesivamente y no exista riesgo para la satisfacción de los acreedores por ser el activo social claramente superior al pasivo. Cuestión distinta será que la Ley permita, como lo hace, dividir el patrimonio social entre los socios y pagarles su cuota de liquidación si previamente se ha consignado el importe de los créditos vencidos existentes frente a la sociedad (art. 391.2 LSC) o se ha asegurado el pago de los créditos no vencidos (art. 394.1 LSC).

La prohibición de reparto directo de dividendos en una sociedad en liquidación queda a nuestro juicio fuera de toda duda. De hecho, la Dirección General de los Registros y del Notariado ya sostuvo en su Resolución de 23 de julio de 2001 (RJ 2002,2399)que la«prohibición legal de reparto anticipado ha de entenderse aplicable no solo al que tenga lugar de modo directo, a través de anticipos a cuenta de la cuota de liquidación, sino también por vía indirecta, sea por medio de adquisición de acciones por la propia sociedad [], sea la condonación de dividendos pasivos acordados o cuya exigibilidad pueda ser necesaria para el pago de las deudas [] o [] a través de una reducción del capital social con devolución de aportaciones».

Finalmente, trayendo a colación la antes señalada naturaleza imperativa de las normas de la LSC establecidas para la liquidación de las sociedades de capital, cabría sostener que la infracción de la tajante prohibición de repartir el patrimonio social antes de que hayan sido satisfechos los acreedores, establecida como norma imperativa por el art. 391.2 LSC, que supondría distribuir dividendos por la Junta general de la sociedad en liquidación, podría determinar la nulidad de pleno derecho de la liquidación. La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2003 (RJ 2003, 5805) declaró que «las operaciones de liquidación vienen sometidas, en su práctica, a normas de carácter imperativo a las que han de ajustarse los liquidadores, sin que aquéllas queden al arbitrio de éstos, pues tales normas están dadas en función de la protección de los acreedores sociales y así el art. 277.2.1ª de la Ley de Sociedades Anónimas [norma actualmente recogida en el art. 391.2 LSC] establece que “los liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los acreedores o consignado su importe”» y concluía señalando que «la liquidación practicada vulnera las reglas imperativas de la Ley de Sociedades Anónimas, protectoras del interés de los acreedores, siendo la misma nula de pleno derecho».

No obstante, en el contexto de lo preceptuado por los arts. 397 y 399 LSC en relación con la responsabilidad de los liquidadores y de los antiguos socios una vez la sociedad ha sido extinguida y cancelada, autorizada doctrina sostiene que la consecuencia jurídica ante la infracción de la prohibición de repartir entre los socios el patrimonio social sin la previa satisfacción a los acreedores o la preceptiva consignación o aseguramiento de sus créditos, no sería la nulidad de pleno derecho de la liquidación, por razón de que la Ley establece un efecto distinto para el caso de contravención de tal prohibición (cfr. art. 6.3 CC), que es la atribución de responsabilidad personal a los antiguos socios, limitada a lo percibido como cuota de liquidación, por las deudas pendientes de la sociedad cancelada (art. 399 LSC), sin perjuicio, además, de la eventual responsabilidad de los liquidadores por los perjuicios causados con dolo o culpa en el desempeño de su cargo (art. 397 LSC).