La imposición de sanciones a los explotadores de empresas alimentarias cuyas actividades tienen lugar únicamente en la fase de distribución para la comercialización de un alimento por incumplimiento de los límites relativos a criterios microbiológicos no es contraria al Derecho de la Unión Europea. (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 13 de noviembre de 2014. Caso Ute Reindl contra Bezirkshauptmannschaft Innsbruck). 

En el marco de la impugnación de una sanción impuesta a la gerente de la sucursal de una sociedad dedicada a la comercialización al por menor de alimentos por el incumplimiento del límite de Salmonella Thyphimurium establecido en el anexo I, capítulo 1, entrada 1.28 del Reglamento (CE) n.º 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, el órgano jurisdiccional austríaco que conocía del asunto planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial sobre el alcance de la responsabilidad de los explotadores de empresas alimentarias que únicamente desarrollan actividades en la fase de distribución en el ámbito del citado reglamento comunitario. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea declaró que el anexo II, parte E, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos, debe interpretarse en el sentido de que la carne fresca de aves de corral procedente de las poblaciones de animales indicadas en el anexo I de dicho reglamento debe cumplir el criterio microbiológico del anexo I, capítulo 1, entrada 1.28, del Reglamento (CE) n.º 2073/2005 de la Comisión, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, en todas las fases de distribución, incluida la fase de venta al por menor. En caso contrario, peligraría uno de los objetivos fundamentales de la normativa alimentaria consistente en asegurar un nivel elevado de protección de la salud pública, puesto que se comercializarían alimentos que contuviesen microorganismos en cantidades que presentaran un riesgo inaceptable para la salud.

El Reglamento n.º 2073/2005, si bien establece los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos en cada fase de la cadena alimenticia, no contiene disposiciones relativas al régimen de responsabilidad de los explotadores de empresas alimentarias, debiendo acudirse al Reglamento n.º 178/2002, cuyo artículo 17 establece que los explotadores de tales empresas se asegurarán, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, de que los alimentos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades. A continuación remite dicho precepto a los Estados miembros la regulación de las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria; sanciones que habrán de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Por tanto, declara el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que sanciona a los explotadores de empresas alimentarias cuyas actividades tienen lugar únicamente en la fase de distribución para la comercialización de un alimento, por el incumplimiento del criterio microbiológico indicado en el anexo I, capítulo 1, entrada 1.28 del Reglamento n.º 2703/2005, siendo competencia del órgano jurisdiccional nacional apreciar si la sanción controvertida es conforme con el principio de proporcionalidad del artículo 17, apartado 2, del Reglamento 178/2002.