1. La doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo del 2015

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo del 2015 se plantea esta cuestión y considera que, para que un producto de los denominados «seguro de vida ahorro‑inver‑ sión» tenga la naturaleza jurídica de un con‑ trato de seguro, precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de un riesgo cierto; b) la utilización de crite‑ rios y bases de técnica actuarial referidas a la esperanza de vida del asegurado para de‑ terminar la prestación convenida en la póliza de seguro, y c) un interés técnico adecuado a las circunstancias del seguro.

En caso contrario se trataría de una ope‑ ración que vulneraría lo establecido en el artículo 83.3 de la Ley de Contrato de Se‑ guro —que define los seguros de vida— y en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados —que prohíbe a las entidades ase‑ guradoras la realización de operaciones que carezcan de base técnica actuarial, así como el ejercicio de cualquier otra actividad co‑ mercial—. En consecuencia, una compañía de seguros no puede comercializar productos de ahorro‑inversión asociados a un seguro de vida que no cumplan los requisitos anterior‑ mente expuestos y, si lo hiciera, el contrato sería nulo.

2. El supuesto de hecho

Los hijos y herederos de una persona fallecida demandan la nulidad de un seguro de vida ahorro‑inversión contratado por su progenitor con la entidad Cajamar Vida, S. A., de seguros y reaseguros en el mes de noviembre del 2005, invocando la ausencia de causa contractual o, en su defecto, la existencia de una causa ile‑ gítima por tratarse de una donación inoficiosa en perjuicio de la porción de los bienes de los que el tomador del seguro y asegurado no podía disponer por haberlos reservado la ley a sus herederos forzosos.

El seguro de referencia establecía que, a cambio de una prima única de 2 000 000 de euros, el to‑ mador percibiría la cantidad de 2 098 428 euros si sobrevivía el 9 de diciembre del 2007, y, si fallecía antes de dicha fecha, la beneficia‑ ria del seguro recibiría una indemnización de 2 000 600 euros.

Habiendo fallecido el asegurado en un accidente el 2 de enero del 2006, la beneficiaria reclamó a la entidad aseguradora el pago de la corres‑ pondiente indemnización.

3. El desarrollo del litigio

3.1. El Juzgado de Primera Instancia núme‑ ro 3 de Almería estimó la demanda y de‑ claró nulo el contrato de seguro de vida en su modalidad de seguro ahorro‑inversión y ordenó la restitución de 1 000 000 de euros al haber hereditario de los demandantes al considerar que la cantidad correspondiente a la prima única pertenecía por igual al asegurado y a la beneficiaria. La sentencia considera que, pese a su apariencia formal, no se trataba de un contrato de seguro, sino de un contrato bancario o un producto financiero de inversión y, en consecuencia, constituía una operación prohibida para una compañía de seguros por el artículo 4.1 de la Ley de Ordenación y Supervisión de Se‑ guros Privados por carecer de base técnica actuarial y tratarse de una actividad comer‑ cial distinta de las propias de la actividad aseguradora (Sentencia de 28 de mayo del 2010).

3.2. La entidad aseguradora interpuso un re‑ curso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Almería, que además confirmó la sentencia de instan‑ cia por lo que respecta a la naturaleza no aseguradora del contrato, basándose en que el riesgo que asume el asegurador es prácticamente inexistente y el rédito no excede del normal de un depósito bancario a plazo (Sentencia de 15 de septiembre del 2011).

3.3. Cajamar y la beneficiaria interpusieron recurso de casación —aunque esta última desistió posteriormente— argumentando, en contra de lo sostenido por la Audiencia, que el contrato objeto del litigio era válido y tenía la naturaleza jurídica de un seguro de vida porque existía un riesgo relacio‑ nado con la muerte o supervivencia del asegurado y estaba basado en la técnica actuarial.

4. Doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo del 2015

La doctrina de la Sentencia del Tribunal Supre‑ mo de 12 de marzo del 2015 establece que el criterio fundamental para diferenciar el seguro de vida de otros productos financieros es la uti‑ lización de criterios y bases de técnica actuarial referidos a la esperanza de vida del asegurado para determinar la prestación convenida en la póliza de seguro. Asimismo, considera que, en el seguro de supervivencia, el denominado interés técnico tiene una especial relevancia.

Por otra parte, la sentencia basa su decisión en los siguientes argumentos:

Primero: Que la utilización de los citados cri‑ terios es una cuestión de hecho que no puede ser discutida en casación. 

Segundo: Que tanto el tribunal de instancia como la Audiencia Provincial han es‑ tablecido que, en el presente caso, la escasa diferencia existente entre la cuantía de la prima única y las indemnizaciones para el caso de muerte y supervivencia, los lleva‑ ron a considerar que se trataba de un contrato financiero y no de un contrato de seguro.

Tercero: Que esta posición resulta conforme con las conclusiones del informe téc‑ nico emitido por la Dirección General de Seguros y aportado al pleito.

Cuarto: Que la carencia de base técnica ac‑ tuarial y de aplicación de un interés técnico presupone que no hay un ver‑ dadero desplazamiento del riesgo del asegurado a la compañía asegurado‑ ra, lo que constituye la causa típica del contrato de seguro, de modo que le falta a éste el elemento esencial para que pueda ser considerado un auténtico seguro de vida.

5. Conclusión

A la vista de esta jurisprudencia, hay que concluir que las entidades aseguradoras que pretendan comercializar seguros de vida en la modalidad de ahorro‑inversión deberán verificar y acreditar que el producto reúne los siguientes requisitos, que determinarán su na‑ turaleza de operación de seguro:

  1. La existencia de un riesgo cierto.
  2. La utilización de criterios y bases de técnica actuarial referidos a la esperanza de vida del asegurado para determinar la presta‑ ción convenida en la póliza de seguro.
  3. Un interés técnico adecuado a las cir‑ cunstancias del seguro.

De no reunir estos requisitos, se consi‑ derará una operación prohibida por el ar‑ tículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que generará su nulidad y su tipi‑ ficación como una infracción administrativa sancionable.