La Asamblea Legislativa aprobó el día 1 de octubre de 2015, el Decreto 133 que contiene la LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA, el cual fue sancionada por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial N°196 el 26 de octubre de 2015. Esta ley busca brindar seguridad a los usuarios de las comunicaciones electrónicas y a las transacciones autorizadas mediante las aplicaciones de la tecnología o la suscripción electrónica de las mismas, brindando validez jurídica a tales transacciones. Adicionalmente, la ley busca responder al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.

El objeto de la ley es equiparar la firma electrónica simple y firma electrónica certificada con la firma autógrafa. Así también otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica certificada y otra información en formato electrónico que se hubiere suscrito con firma electrónica certificada. La ley además regulará lo pertinente a los proveedores de servicios de certificación electrónica y de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos.

Los principios generales que recoge la ley y que aplicarán sobre las actividades reguladas por ésta, incluyen, entre otros, el de autenticidad, integridad, seguridad, confidencialidad y equivalencia funcional. Igualmente contempla reglas para el tratamiento de datos personales para los prestadores de servicios de certificación y los prestadores de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos.

Un aspecto relevante de la ley es la equivalencia y valor jurídico que le otorga a la firma electrónica simple con la firma autógrafa. Sin embargo la ley hace la distinción que para efectos de validez probatoria la firma electrónica simple no tendrá la misma validez de la firma certificada. La firma electrónica certificada deberá estar sustentada en un método de creación y verificación confiable y seguro que la haga inalterable.

Asimismo resulta interesante la equivalencia funcional a los mensajes de datos que utilicen firma electrónica certificada, cualquiera que sea su medio de transmisión o de almacenamiento, ya que estos tendrán la misma validez jurídica equivalente al contenido de aquéllos otorgados, almacenados o transmitidos por medios físicos. Así, los documentos almacenados electrónicamente conforme a la ley y las reproducciones debidamente certificadas, tendrán el mismo valor jurídico que los originales y se someterán al régimen legal de estos. Con relación a la equivalencia de los documentos en soporte electrónico utilizando firma electrónica, si bien la ley establece que tendrán el mismo valor que los consignados de manera tradicional, la ley establece que las actuaciones que para su perfeccionamiento requieren formalidades y solemnidades especiales quedarán excluidas.

Por otra parte, no solamente documentos privados, sino también los documentos públicos podrán ser emitidos en soportes electrónicos y tendrán el valor asignado por la normativa legal correspondiente. Pero en cuanto al uso de la firma electrónica por parte de los funcionarios o empleados del estado, lo cual regula asimismo esta ley, la misma establece que la firma electrónica simple podrá ser utilizada por las autoridades, funcionarios y empleados del Estado que presten servicios públicos, ejecuten o realicen actos dentro de su ámbito de competencia. Con relación al uso de la firma electrónica certificada, por parte de los funcionarios o empleados del Estado, la ley establece los casos en que estos deberán emplearla, exceptuando su uso en actuaciones para las cuales la Constitución o las leyes exijan alguna solemnidad que no pueda ser cumplida mediante documentos electrónicos, mensaje de datos o firma electrónica certificada.

La autoridad de control y vigilancia creada por esta ley es la Unidad de Firma Electrónica que será parte del Ministerio de Economía, siendo el Ministro de dicha secretaría de Estado quien nombrará al funcionario que estará a cargo de tal Unidad, quien deberá reunir los requisitos que para tal efecto se establezcan en el reglamento de esta Ley. La Unidad de Firma Electrónica será la competente para la acreditación, control y vigilancia de los proveedores de los servicios de certificación electrónica y de almacenamiento de documentos electrónicos. Además podrá emitir las normas y reglamentos técnicos de la ley.

En esta ley según los términos contenidos en el Decreto Legislativo 133, el Presidente de la República tiene un plazo de ciento ochenta días para emitir el reglamento de aplicación de esta ley. Para la efectiva aplicación de la ley será además necesario que se realice el nombramiento del funcionario a cargo de la Unidad de Firma Electrónica.