España

SECTOR LÁCTEO Y DECLARACIONES OBLIGATORIAS (Nota de prensa)

15/03/2016. La CNMC ha publicado su informe sobre el Proyecto de Real Decreto sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca, que establece la obligación de los fabricantes de leche líquida envasada de vaca de declarar mensualmente las operaciones de venta que realizan a la distribución comercial.

La aplicación del derecho de la competencia al sector agroalimentario y, en particular, al sector lácteo ha sido confirmada por el Reglamento UE nº 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, que precisamente regula obligaciones de información en relación con las operaciones de compra de leche cruda. No obstante, el proyecto de Real Decreto amplía las obligaciones de información para los precios de venta de la industria a la distribución y para la leche líquida envasada.

Pues bien, para la CNMC, la norma introduce unos intercambios de información excesivos mientras que las garantías formales de confidencialidad y respeto a la normativa de competencia, no eliminan los riesgos de coordinación y reducción de competencia, que son elevados.

Además, el Proyecto plantea dudas en su idoneidad y proporcionalidad para conseguir el objetivo de garantizar la sostenibilidad y futuro del conjunto de operadores del sector lácteo. A este respecto, la CNMC recomienda la introducción de incentivos a los operadores para modificar los factores estructurales que están detrás de la situación de precariedad del sector: la promoción del cooperativismo, el refuerzo de la vigilancia de posibles abusos y la orientación a nuevas formas de producción son algunas de las vías de mejora que, según la CNMC, podrían ser reforzadas.  

Italia

INFORME DE l’AUTORITÁ SOBRE EL SECTOR LÁCTEO (Nota de prensa)

11/03/2016. La Autoridad de competencia italiana ha publicado un informe que recoge los resultados de su investigación sobre el sector lácteo iniciada en mayo de 2015 tras las quejas de varias asociaciones agrícolas por ciertas disfuncionalidades en el funcionamiento de la cadena de suministro de la leche –en particular, la escasa correlación entre la evolución del pvp de la leche y los productos lácteos y el precio que los transformadores pagan a los ganaderos nacionales por la venta de leche cruda–.

El resultado de esta investigación es un exhaustivo informe de más de 100 páginas que analiza en profundidad la situación del sector y propone una serie de medidas para su mejor evolución.

En términos muy generales, la autoridad concluye que, desde el punto de vista del Derecho de la competencia, no se han detectado indicios de infracción en el mecanismo de transmisión de las variaciones de costes entre los operadores, desde la producción hasta la distribución final. Así, teniendo en cuenta las características competitivas de cada eslabón, la autoridad considera que ni transformadores ni distribuidores se encuentran en condiciones de generar y, sobre todo, de retener un beneficio adicional –supra-competitivo– a expensas de los productores.

En cuanto a la tendencia a la uniformización de los precios de compra de aprovisionamiento que había sido también denunciada, la autoridad la asocia a la praxis instaurada en el sector, consistente en publicar las condiciones comerciales ofrecidas por los principales adquirentes a nivel nacional -en particular, por el grupo LACTALIS–, y en su utilización como referencia en las negociaciones del resto de operadores. En este punto, la autoridad considera que estas prácticas de referenciación sí podrían ser objeto de un análisis específico para verificar su conformidad con la normativa de competencia.

Sobre la protección de la parte contractual más débil, la autoridad descarta que los costes medios de producción deban ser utilizados como parámetro de comparación automática, por debajo del cual el precio de compra de la leche debería ser necesariamente considerado como una imposición ilícita. En efecto, la autoridad italiana entiende que no debe evaluar la adecuación de las condiciones de compra aplicadas por las industrias –ello llevaría a otorgarle un papel de regulador del mercado que no le corresponde- sino a determinar si las negociaciones se rigen por los principios de transparencia, equidad y proporcionalidad.

Finalmente, teniendo en cuenta la situación actual de grave crisis en el mercado, provocada por el acuciante desajuste entre la oferta y la demanda, la autoridad reitera la necesidad de que los contratos de venta de la leche estén sujetos a las condiciones establecidas por la legislación italiana que exigen, entre otras cosas, la forma escrita y un período de duración mínimo de un año. Además, la autoridad anima a que las organizaciones interprofesionales (OI) que sean suficientemente representativas jueguen un papel fundamental en la definición de los criterios de contratación. En particular, sin necesidad de negociar un precio de venta concreto, las OI deberán definir los requisitos formales que debe incluir el contrato, su contenido mínimo y la forma en la que el precio podrá variar durante el período de validez de la contrato (por ejemplo, con base en algún mecanismo de indexación).

La autoridad destaca la necesidad de proporcionar medios para la protección del sector agrícola siempre y cuando no desincentiven la competencia. Así, se hace especial hincapié en la necesidad de fomentar un uso más apropiado de los fondos europeos y nacionales dirigidos a la reestructuración sectorial y se propone fomentar la creación de organizaciones de productores de tamaño adecuado que no se limiten a centralizar las negociaciones con la industria; sino que amplíen considerablemente su ámbito de actuación hacia la prestación de otros servicios adicionales de valor añadido como por ejemplo facilitar la construcción de instalaciones para la pulverización de la leche; aumentar la eficiencia de las explotaciones; continuar con la promoción de una regulación más estricta en materia de etiquetado y trazabilidad del producto; fomentar la investigación y la innovación; etc.  

Irlanda

LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y LA REGULACIÓN DE LA CADENA (Noticias)

01/02/2016. La autoridad de competencia irlandesa es ahora la autoridad competente para la aplicación de la nueva normativa sobre la cadena alimentaria.

Esta nueva regulación entrará en vigor el 30 de abril de 2016 y su ámbito de aplicación se circunscribe a mayoristas y minoristas con un volumen de facturación superior a 50 millones de euros. Como viene siendo habitual en este tipo de regulaciones, la principal obligación que recoge es la formalización por escrito de los contratos alimentarios y el endurecimiento de los plazos de pago.