En una reciente sentencia de fecha 11 de mayo del 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, declarando la nulidad de los artículos 107, apartados 1 y 2 letra a y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pero únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor.

El Tribunal Constitucional reitera ahora la doctrina que él mismo estableció en las sentencias núm. 26/2017, de 16 de febrero, y núm. 37/2017, de 1 de marzo, relativas al establecimiento del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) en los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava respectivamente, habida cuenta de que la redacción de los preceptos de la normativa estatal es idéntica a la declarada inconstitucional en sendas sentencias.

Así, en la sentencia que nos ocupa, el alto tribunal subraya que el objeto de dicho impuesto es el incremento de valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo, sometido a tributación en el momento de su transmisión. No obstante, tal y como está actualmente configurado el impuesto, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento o plusvalía, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Es decir, el mero hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado intervalo de tiempo implica per se el pago del impuesto, aun cuando no se haya producido un incremento real del valor del bien o, incluso, cuando se ha generado un decremento o minusvaloración de aquél por la diferencia entre el precio de transmisión y el de adquisición. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional concluye que el tratamiento que otorgan los preceptos cuestionados de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a los supuestos de no incremento e incluso de decremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana grava de forma automática una renta irreal o ficticia, ya que impone a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a situaciones de incrementos derivados del transcurso del tiempo. Con ello, la normativa estatal somete a tributación (situaciones de hecho inexpresivas) manifestaciones de riqueza inexistentes o virtuales de capacidad económica, contradiciendo así frontalmente el principio de capacidad económica —requisito de partida de toda prestación tributaria— garantizado en el artículo 31.1 de la Constitución española.

Por último, en la sentencia objeto de este comentario se efectúan tres precisiones sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos cuestionados de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

• El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es inconstitucional únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas en las que no se genera un aumento de valor del terreno al momento de su transmisión.

• La declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 107.1 y 2 letra a de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que acoge una regla imperativa para la determinación de los incrementos de valor, debe extenderse asimismo al artículo 110.4 del mismo texto legal, en la medida en que impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica.

• La forma de determinar la existencia o inexistencia de un incremento de valor susceptible de ser sometido a tributación corresponde en exclusiva al legislador, efectuando, en su caso, las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto.

Tras la publicación de esta sentencia, y en espera de la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad núm. 4865, 4866, 4867 y 4868 del 2016 a este mismo respecto, se abre la posibilidad para los contribuyentes de solicitar la devolución del impuesto en aquellos supuestos en que, habiéndose transmitido un terreno de naturaleza urbana, no haya existido un incremento de valor o, más allá, se haya producido un decremento, cuestión de hecho que será objeto de prueba en cada caso.

La devolución del impuesto satisfecho se podrá solicitar, con carácter general, por medio del procedimiento de devolución de ingresos indebidos previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Este procedimiento será el cauce más recomendable para obtener el reembolso siempre y cuando nos encontremos dentro del periodo de prescripción y el impuesto no se haya ingresado en virtud de liquidaciones o autoliquidaciones firmes afectadas por cosa juzgada. Por otra parte, para aquellos casos en los que se hubiera impugnado la liquidación del impuesto con carácter previo y se hubiera obtenido, en cualquier 

instancia, sentencia firme desestimatoria, se podrá acudir al procedimiento de declaración de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.