El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha concluido en dos recientes resoluciones (712/2016 y 757/2016) que los defectos en la acreditación de los requisitos de solvencia exigidos en un procedimiento de contratación al amparo del artículo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público son, por su propia naturaleza, subsanables, a diferencia de lo que ocurre en relación con la documentación a la que se refiere el artículo 151.2 del mismo texto refundido.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dictado recientemente una resolución en la que reitera el criterio, ya sostenido con anterioridad, de que los defectos en la acreditación de los requisitos de solvencia a que se refiere el artículo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) son, por su propia naturaleza, subsanables.

Así se afirma en la Resolución 757/2016, de 30 de septiembre de 2016, por la que se resuelve el procedimiento de recurso especial en materia de contratación número 634/2016 interpuesto por una mercantil (que llamaremos Y) frente a la Resolución del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Toledo de 29 de junio de 2016, por la que se declara desierto el procedimiento de contratación de los servicios de localización, retirada, traslado y depósito de bienes muebles embargados por las unidades de recaudación ejecutiva de la Dirección Provincial de la TGSS de Toledo2.

La licitación lo fue de un contrato de servicios, mediante procedimiento abierto, con un valor estimado de 313.374 euros y una duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establecía en su cláusula 8 los requisitos mínimos para acreditar la solvencia técnica o profesional3, señalando en su apartado 2 una serie de documentos a efectos de aportar prueba del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la administración a qué se refiere el artículo 1464 TRLCSP entre los que se contemplaba, en relación con la justificación de los servicios efectuados en los últimos cinco años, en el último recibo del IBI de la nave (cláusula 8 apartado 2.5).

De conformidad con el apartado 10.3.2 del PCAP el órgano de contratación podía, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, requerir a los licitadores la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de tales condiciones, si bien señalaba que el licitador sobre el que recayera la propuesta de adjudicación, debería acreditar ante el órgano de contratación, con carácter previo a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en la referida cláusula 8.2, acreditativos de que se cumplen las condiciones legalmente establecidas.

Además, el apartado 15.3 del PCAP disponía que el órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el círculo 151.2 del TRLCSP5, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se relaciona en dicho apartado, entre la que se encuentra “la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud”, indicándose que “se aportarán los documentos señalados en la cláusula 8.2 del presente pliego, en cumplimiento de los requisitos previos de capacidad y solvencia a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP, exigidos en la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones”.

Pues bien, el 19 de mayo en la mesa de contratación procedió al análisis de la documentación contenida en el sobre uno6, concluyendo tras el examen la documentación aportada, que procedía la admisión a la fase de apertura de proposiciones de las dos empresas participantes.

El 25 de mayo siguiente se acordó asignar 90 puntos a la UTE X y 87,63 puntos a la proposición presentada por la mercantil Y, procediendo a requerir a la primera la presentación de la documentación prevista en la cláusula 10.3.

Tras examinar la documentación aportada por la UTE requerida y entendiendo que la misma no reunía los requisitos exigidos en lo que se refiere a la solvencia económico financiera (por haber aportado una póliza de seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe inferior al exigido)7, la mesa de contratación acordó considerar que la licitadora había retirado su oferta, procediendo a requerir al siguiente licitador la documentación correspondiente.

Tras haber aportado (la mercantil Y) toda la documentación que se consideraba precisa a la vista de las cláusulas antes transcritas, la mesa de contratación entendió que la empresa no cumplía los requisitos exigidos para la correcta acreditación de la solvencia técnica o profesional por no haber aportado el recibo del IBI correspondiente a la nave ofrecida para ejecución del contrato por lo que se acordó, en sesión de 24 de junio de 2016, que la empresa había retirado su oferta de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. El 29 de junio siguiente el director provincial de la TGSS de Toledo dictó resolución acordando declarar desierto el procedimiento de contratación.

Impugnada tal resolución por Y y admitido a trámite el recurso en los términos descritos al inicio, se dio curso al procedimiento, en el seno del cual el órgano de contratación presentó informe en el que señalaba como fundamento de la exclusión de la licitación, la interpretación que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (JCCA) hace del artículo 151.2 del TRLCSP en su informe 15/2013, de 18 de diciembre, en cuya virtud sostiene que la redacción del artículo 151 del TRLCSP in fine demuestra que no existe posibilidad de subsanación transcurrido el plazo de 10 días hábiles.

Frente a este argumento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera que el defecto advertido por la mesa de contratación al examinar la documentación de Y, debió ser considerado como un defecto de carácter subsanable.

Ello es así porque el TACRC llega a la conclusión de que no resulta aplicable la doctrina de la JCCA del Estado porque en este caso se trata de examinar la documentación aportada por un licitador para acreditar las condiciones de solvencia requeridas para participar en la licitación y no del estudio y verificación de la documentación presentada al amparo del artículo 151.2 del TRLCSP como el órgano de contratación pretende.

Por ello considera8 que los defectos en la acreditación de los requisitos de solvencia previstos en el artículo 146.1 TRLCSP son por su propia naturaleza, subsanables, a diferencia de lo que ocurre con los del artículo 152.1 TRLCSP, que recoge un listado numerus clausus de documentos cuya omisión no sería subsanable.

Por todo lo anterior concluye la resolución que aquí se examina que en el procedimiento que ha dado lugar al recurso se aprecia una omisión del licitador a la hora de acreditar las condiciones de solvencia técnica o profesional en los términos previstos en el pliego y dicho defecto debe tener la consideración de subsanable, conclusión que se refuerza –dice– a la vista del PCAP cuyo apartado 15.3 afirma expresamente que si el licitador presentara incompleta o con defectos la documentación señalada en las letras a) y e) de esta cláusula 15.3, se le concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija o subsane ante el órgano de contratación, refiriéndose precisamente la letra a) de la cláusula en cuestión a la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y solvencia.

En definitiva, el Tribunal acuerda la anulación de la resolución recurrida y dispone la retracción de las actuaciones al momento anterior a la adopción de la decisión de exclusión de la empresa recurrente por parte de la mesa de contratación, en orden a otorgar un plazo para la subsanación de los defectos advertidos en la documentación aportada para la acreditación de la solvencia referida (aportación de los recibos del IBI correspondiente a las naves propuestas para la ejecución del contrato), si bien como la documentación inicialmente omitida ya había sido remitida por la recurrente al órgano de contratación (el 2 de julio anterior), concluye que la retroacción debe producirse a los efectos de que por parte del órgano de contratación se declare la procedencia de la adjudicación del contrato a favor de Y.