La Directiva comunitaria 2001/29 permite a los Estados Miembros introducir en sus legislaciones en materia de propiedad intelectual un límite a los derechos de autor: la posibilidad de que los usuarios de obras protegidas puedan realizar copias de ellas para su uso privado sin solicitar autorización a los titulares de derechos. La única condición para ello es que los Estados Miembros establezcan, como contrapartida, un sistema de compensación equitativa que retribuya a los titulares de derechos por la existencia de ese límite a sus facultades.

El límite de copia privada está recogido desde hace décadas en la Ley española de Propiedad Intelectual. Por ello y para cumplir con el mandato comunitario, el legislador español configuró el llamado canon digital: cualquier adquirente de equipos, aparatos y soportes idóneos para llevar a cabo copias privadas de obras protegidas debía abonar una cuantía que se cargaba en forma de mayor precio en la compra de este tipo de productos, y que se destinaba a compensar a los autores y titulares de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante su Sentencia de 21 de octubre de 2010 en el famoso caso Padawan, declaró que ese sistema no era conforme con la Directiva 2001/29. Según el TJUE, era contrario al Derecho comunitario aplicar indiscriminadamente un canon por la adquisición de cualquier dispositivo, sin diferenciar si tales dispositivos eran adquiridos por usuarios que podían realizar copias privadas (personas físicas) de aquellos adquirentes que no podían realizarlas jamás y por definición (personas jurídicas, empresarios o Administraciones Públicas).

A raíz de la Sentencia Padawan, el Gobierno español modificó el sistema de compensación equitativa por copia privada en el año 2012. Desde entonces, la compensación no ha sido directamente repercutida a los adquirentes de dispositivos aptos para realizar copias privadas, sino a todos los contribuyentes: la compensación fue incluida como partida autónoma en los presupuestos generales del Estado.

A pesar del cambio operado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido, a través de una sentencia dictada hoy, que este nuevo sistema de compensación equitativa por copia privada es igualmente contrario a Derecho comunitario.

El argumento utilizado por el TJUE es muy similar al que ya expuso en el caso Padawan: el sistema español, al vehicularse a través de los presupuesto generales del Estado, no garantiza que el coste de la compensación esté exclusivamente soportado por los usuarios que realizan copias privadas y es, por tanto y de nuevo, indiscriminado. Así, dado que el coste del sistema actual es soportado por todos los contribuyentes, incluyendo entre ellos a las personas jurídicas, y dado que no se establece ningún mecanismo para que éstas estén exentas de contribuir a su financiación o puedan solicitar su reembolso, el sistema es incompatible con la Directiva 2001/29.

La Sentencia dictada hoy por TJUE vuelve a abrir un viejo debate, pues obligará al legislador español a encontrar y definir por fin un sistema de compensación equitativa adecuado para pasar el filtro del Derecho comunitario.