El pasado 22 de abril, D. José María Marín Quemada, Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ("CNMC"), compareció ante la Comisión de Economía y Competitividad del Senado para informar del "Plan de Actuación" aprobado por la CNMC para 2015.

Durante su intervención, el Presidente informó de la intención de potenciar la imposición de sanciones de hasta 60.000 euros a los directivos que hayan intervenido en un acuerdo o práctica prohibida por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia ("LDC") a efectos de reforzar la capacidad disuasoria del régimen sancionador de la LDC.

En palabras del Presidente de la CNMC:

"Debo adelantarles también que la capacidad disuasoria del sistema sancionador puede apoyarse —y esta es una vía que queremos potenciar— acudiendo a lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley de defensa de la competencia, que prevé multas de hasta 60 000 euros a los directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión prohibida; cuestión nueva que quería compartir como primicia con sus señorías".

Dichas declaraciones adquieren, si cabe, mayor relevancia a la vista del lugar elegido por el Presidente de la CNMC para anunciar por primera vez este nuevo rumbo en la aplicación de la política sancionadora de la LDC. La novedad de esta declaración es asimismo destacable a la vista de que la intención de la CNMC de potenciar las sanciones a personas físicas no fue contemplada dentro de las 148 medidas incluidas en el "Plan de Actuación" aprobado por la CNMC el pasado mes de enero.

En los siguientes apartados se resume el régimen sancionador de la norma de competencia respecto a las personas físicas y algunos casos destacables dentro de la práctica decisoria acumulada a este respecto por las autoridades de competencia en España.

  1. El régimen sancionador de la LDC respecto a las personas físicas
  2. La práctica decisoria de las Autoridades Españolas de competencia
  3. Conclusión

1. El régimen sancionador de la LDC respecto a las personas físicas

El artículo 63.2 LDC faculta a la CNMC para imponer sanciones de hasta 60.000 euros a representantes legales o personas que integren los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o la decisión prohibida por la LDC. El citado artículo excluye de la sanción a las personas que, habiendo formado parte de los citados órganos, no hubieran asistido a las reuniones en las que se hubiese adoptado tal acuerdo o decisión, o bien hubiesen votado en contra del mismo o salvado su voto.

El artículo 63.2 LDC deja claro que estas eventuales sanciones son adicionales –"además de"- a las que puedan ser impuestas a la empresa o asociación infractora de la LDC.

Vale la pena señalar también que la posibilidad de imponer sanciones a representantes legales y directivos ya venía recogida en el artículo 10.3 de la anterior Ley de Competencia de 1989 –si bien, por un valor sensiblemente inferior de hasta 30.000 euros-.

2. La práctica decisoria de las Autoridades Españolas de competencia

En los últimos años y, especialmente, desde la entrada en vigor de la LDC, los casos en los que las autoridades de competencia en España han decidido imponer sanciones a personas físicas por la comisión de ilícitos de competencia han sido más bien escasos.

No obstante lo anterior, en los siguientes apartados se resume la práctica decisoria de los extintos Tribunal de Defensa de la Competencia ("TDC") y Comisión Nacional de la Competencia ("CNC") a este respecto.

2.1 La práctica decisoria del TDC

El extinto TDC se pronunció en varias ocasiones en relación con las sanciones a las personas físicas en aplicación del artículo 10.3 de la Ley de Competencia de 1989.

Desde un punto de vista material, la práctica decisoria del TDC sugiere que, para imponer este tipo de sanciones, es preciso acreditar que el representante legal o directivo ha tenido un papel especialmente relevante en la comisión de la infracción. Valgan como ejemplos los siguientes asuntos del citado TDC:

  • En el asunto Faconauto (1993), el TDC sancionó con multa de 100.000 pesetas –aproximadamente, 600 euros- al Presidente de una asociación profesional en el sector del automóvil a la vista de su "activa intervención" en la elaboración de una recomendación colectiva dirigida a los talleres concesionarios de automóviles para incrementar los precios de mano de obra por hora en los trabajos realizados.
  • En el asunto Boutiques Pan Asturias (1993), el TDC sancionó al secretario de una asociación profesional del sector de la panadería en Asturias con multa de 200.000 pesetas –aproximadamente, 1.200 euros- por su "intervención individualizada y destacada" en el establecimiento de un acuerdo de fijación de precios entre los operadores del sector panadero.
  • En el asunto Ortodoncistas de Castilla y León (1996), el TDC impuso una multa de 100.000 pesetas –aproximadamente, 600 euros- a cada una de las tres personas que tuvieron un "papel decisivo" en la adopción de un acuerdo de una asociación profesional a efectos de que sus asociados acudiesen conjuntamente y con un precio unitario a una determinada licitación pública en el sector sanitario.
  • En el asunto Asentadores de Pescado (1996), el TDC sancionó con multa de 500.000 pesetas –aproximadamente, 3.000 euros- a cada uno de los miembros de la junta de la directiva de una asociación profesional que votaron a favor de la adopción de un acuerdo anticompetitivo. Asimismo, el Presidente de la asociación recibió una sanción de 1 millón de pesetas –aproximadamente, 6.000 euros- al presumirle el TDC una "mayor actividad en la adopción y puesta en práctica del acuerdo".
  • En el asunto Lencería Gijón (1996), el TDC sancionó a los presidentes de dos asociaciones profesionales con multas de 100.000 y 50.000 pesetas -aproximadamente, 600 y 300 euros respectivamente- por su "papel relevante" en la campaña de boicot orquestada frente a la agresiva política comercial de un operador en el mercado.
  • En el asunto Feriantes de Huesca (2001), el TDC sancionó con multas de 150.000 pesetas –aproximadamente 1.200 euros- a cada uno de los presidentes de dos asociaciones profesionales que mostraron una "participación activa" en la recomendación de boicot comercial cursada a sus asociados en el sector de las atracciones de feria.
  • En cambio, en el asunto Taxis de Barcelona (2001), el TDC acordó no sancionar a los representantes legales personas físicas –en contra de la opinión del órgano instructor- a la vista de que no se había acreditado "protagonismo especial" de los representantes legales de las entidades firmantes del acuerdo anticompetitivo. Por último, en el asunto Excursiones Puerto de Sóller (2007), el TDC sancionó con 6.000 euros al Presidente de la adjudicataria de una línea de transporte público por su "papel protagonista" en el ilícito anticompetitivo.

Queda claro, a la luz de los precedentes del TDC, que el principal requisito para la imposición de una sanción a una persona física por la comisión de un ilícito de competencia descansa sobre la especial participación de dicha persona en la adopción de la práctica anticompetitiva.

2.2 La práctica decisoria de la CNC

La CNC desarrolló entre 2007 y 2013, una política sancionadora mucho más tímida que su predecesor (TDC) en lo que respecta a las multas a las personas físicas.

No obstante, la CNC se animó también a sancionar a personas físicas por su responsabilidad en la comisión de una infracción de la LDC, si bien de manera más puntual que el citado Tribunal.

En particular, en el Asunto CEOE (2012), la CNC sancionó con una multa de 50.000 euros al Presidente del Consejo de Turismo de la CEOE a la vista de unas declaraciones en las que manifestaba la necesidad de incrementar los precios de los hoteles en España. A ojos de la CNC, dichas declaraciones constituían una recomendación colectiva de incremento de precios de la que eran responsables el propio Presidente y la asociación profesional que representaba –que también fue multada por la propia CNC.

Sin embargo, la Audiencia Nacional en Sentencia de 15 de octubre de 2013 anuló la sanción de la CNC a la vista, en particular, de la falta de aptitud de tales declaraciones para constituir un ilícito de competencia. La Audiencia dejó claro que el Presidente no había realizado tales declaraciones en calidad de dirigente de la asociación profesional, sino como presidente de una cadena hotelera particular. Asimismo, la Audiencia señaló que tales declaraciones no perseguían animar a los operadores a incrementar sus precios, sino que referían una situación que podría producirse en el mercado.

3. Conclusión

La imposición de sanciones a representantes legales o directivos por la comisión de ilícitos de competencia en España ha sido escasa en los últimos años y, en general, se ha limitado a aquéllos casos en los que se ha podido acreditar una especial participación de la persona física en la comisión de una infracción de competencia.

Las recientes declaraciones del Presidente de la CNMC que, en sede parlamentaria, ha informado sobre la necesidad de potenciar este tipo de sanciones podrían suponer un cambio importante de la política sancionadora de competencia en España.

En caso de que esta nueva política de sanciones se confirme, los directivos y representante legales que hayan mostrado una especial participación en la comisión de una infracción de competencia en España estarán expuestos a un mayor riesgo de ser sancionados con multas individuales de hasta 60.000 euros. Todo ello al margen de la sanción que pudiese corresponder a la empresa o asociación que haya cometido el ilícito de competencia.