Con el objetivo de mantener al país a la vanguardia en el campo de las innovaciones financieras y ante una necesidad de normar las nuevas prácticas de la industria, se aprobó en sesión plenaria, el pasado octubre, la “Ley para Facilitar la Inclusión Financiera”, la cual, entre otros aspectos, ha introducido a la legislación salvadoreña la novedosa figura del “dinero electrónico”.

Antes de la regulación

El dinero electrónico –o efectivo digital— habría sido introducido ya a la práctica financiera nacional desde hace un par de años, por una compañía de telefonía celular; realidad que se regía, hasta hace un par de meses, por un derecho positivo no especializado y por lo tanto dejaba vacíos legales.

No se tenía una política definida y debidamente establecida que generaba, en primer lugar, falta de incentivos, por lo que no había iniciativa en otras instituciones para generalizar y promover el servicio. En segundo lugar, la falta de garantías claras y de un proceso de acreditación preestablecido, producía incertidumbre –o desconfianza— a todas las partes involucradas.

Cómo funciona ahora

La nueva normativa especializada, fija obligaciones y responsabilidades, establece la naturaleza de las sociedades proveedoras, su proceso de acreditación y de liquidación, además de brindar al Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero un papel regulatorio y preponderante en el proceso.

La inclusión financiera como una de las razones de promoción de esta nueva ley, procuraría no solo que los servicios financieros se encuentren al alcance de un mayor segmento de la población –diversificando por medio de la evolución tecnológica los canales para su utilización y reduciendo de esta manera los costos en las transacciones—, sino también, haciendo que los requisitos para acceder a los servicios financieros sean menores a los regularmente solicitados-

Un ejemplo de lo anterior es el artículo 20 de la ley, el cual permite que bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito reciban depósitos mediante la apertura de cuentas de ahorro con requisitos simplificados, los cuales enumera en el texto del artículo, con la limitante, entre otros, de que únicamente personas naturales sean los titulares de dichas cuentas.

Otra simplicidad que aportaría esta nueva ley, es que en ninguno de los supuestos que plantea, será necesario que la persona que hará uso de estos servicios tenga tarjeta de identificación tributaria (NIT), eliminando así, un obstáculo –burocracia— entre las personas y los servicios de la industria financiera.

Rodrigo Pocasangre