El Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Respon- sabilidad Medioambiental (BOE de 7 de abril), lleva a cabo una importante reducción de las actividades enunciadas en el anexo III de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental (LRM), a las que se exige la constitución de una garantía financiera: esta obligación únicamente se aplicará, a partir de ahora, a tres tipos de actividades, entre las que destacan todas las sometidas a la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Interesa señalar que España fue uno de  los ocho Estados europeos pioneros en la creación de una garantía obligatoria para las actividades del anexo III (las que se someten a un régimen de responsabilidad objetiva en cuanto al deber de restauración de los recursos naturales dañados), pues la Directiva 2004/35/CE sobre responsabi- lidad medioambiental no establece su exigencia, dejándolo al criterio de los Estados miembros.

Sin embargo, la crisis económica, unida al hecho de que la Comisión, en su informe del 2010 sobre la efi- cacia de la directiva, siguiera sin considerar justifica- da la introducción de un sistema europeo armoniza- do de garantía financiera obligatoria, explica que se optase por posponer la obligación de las empresas de constituir la garantía financiera obligatoria.

Paralelamente, el ámbito de aplicación de esta obligación de aseguramiento del riesgo medioam- biental se ha visto reducido por la secuencia nor- mativa que pasa a exponerse.

  • El artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental sometía a la obligación de constitución de garantía financiera a los ope- radores de todas las actividades del ane- xo III de la ley,1 con la excepción de los de aquellas actividades que,  tras  un  análisis de riesgos medioambientales, no superasen los siguientes umbrales de riesgo:
  1. actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe en una cantidad inferior a 300 000 euros;
  2. actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe en una cantidad comprendida entre 300 000 y 2 000 000 de euros y cuyos operadores estén adheridos a un sistema de gestión medioambiental (EMAS o ISO 14000).
  • Sin embargo, el Real Decreto Ley 8/2011 in- trodujo una modificación importante en el pre- cepto, al habilitar al Gobierno para introducir excepciones en la obligación de constituir ga- rantía financiera, de acuerdo con «los criterios y condiciones de exclusión que se establezcan reglamentariamente».

Tal habilitación suponía, como pusimos enton- ces de manifiesto, una «carta blanca al Go- bierno» para excluir cualquier sector de acti- vidad del anexo III, al no establecerse ningún límite o condicionante legal.2 Posteriormen- te, la Ley 11/2014, de 3 de julio, matizó la redacción del precepto, al disponer que tal exención reglamentaria se hiciera «atendien- do a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidenta- lidad».3

  • Pues bien, en aplicación de esta habilitación reglamentaria, el Real Decreto 183/2015 ha excluido en todo caso de la obligación de constituir garantía financiera, por lo que ni si- quiera tendrán que llevar a cabo un análisis de riesgos medioambientales, a los operado- res de todas las actividades del anexo III, con tres excepciones:
  1. las actividades e  instalaciones  sujetas al ámbito de aplicación del Real Decre- to 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes gra- ves en los que intervengan sustancias pe- ligrosas;
  2. las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control In- tegrados de la Contaminación;
  3. los operadores que cuenten con instala- ciones de residuos mineros clasificadas como de categoría A de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de  12  de  junio,  sobre  gestión  de  los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Únicamente los operadores de las actividades in- cluidas en una de estas tres categorías deberán efectuar un análisis de riesgos medioambientales y constituir la correspondiente garantía financiera para su cobertura, salvo que, de resultas de dicho análisis de riesgos, puedan incluirse, a su vez, en uno de los supuestos de exención de las letras a y b del artículo 28 de la Ley de Responsa- bilidad  Medioambiental.

En las restantes actividades del anexo III, los ope- radores quedarán únicamente sujetos a «la obliga- ción de constituir las garantías financieras previs- tas en las normas sectoriales o específicas que les sean, en su caso, de aplicación» (art. 38.3).

Esta drástica reducción de las actividades del ane- xo III sometidas a garantía financiera obligatoria la justifica el real decreto en el hecho de que los análisis realizados en su tramitación permiten con- cluir que se trata de actividades que «tienen un menor potencial de generar daños medioambien- tales y bajo nivel de accidentalidad».

Tal exención podrá, no obstante, ser objeto de re- visión en los próximos cinco años, pues se prevé la realización, en el marco de la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambien- tales, de «un estudio que actualice la evaluación del potencial de generar daños medioambientales y el nivel de accidentalidad de todas las activi- dades del anexo III de la Ley 26/2007» distintas de las sometidas a garantía financiera obligatoria (art. 37b).

Interesa señalar que, con independencia de la obligatoriedad jurídica de constituir garantía fi- nanciera, resulta ciertamente aconsejable que los operadores de las actividades del anexo III se pro- vean de seguros de responsabilidad medioambien- tal, pues, como recuerda el real decreto, «el carác- ter eminentemente objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de quien contamina paga, del régimen de responsabilidad medioam- biental establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, no se ve alterado por las exenciones a la obligación de constituir garantía financiera».

En cuanto al momento a partir del cual les será exigible la garantía financiera a las actividades para las que aún se requiere, el real decreto anun- cia que, tras su entrada en vigor, se iniciará la tra- mitación de la orden ministerial que fije la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2 conforme al anexo de la Orden ARM 1783/2011 (esta orden se tenía que haber dictado ya, como reconoce el propio real decreto, aunque justifica el retraso en las modificaciones normativas que se han introdu- cido en los últimos años en el sistema de garantía financiera obligatoria).

Por lo que respecta a los sectores de actividad que estén clasificados con el nivel de prioridad 3, las órdenes de publicarán entre el 22 de junio del 2016 y el 22 de junio del 2019, al mismo tiem- po que el estudio en el que se evalúen las activi- dades del anexo III ahora excluidas de la garantía financiera obligatoria, a los efectos de adoptar, en su caso, las medidas necesarias para su inclusión en dicha obligación.

El real decreto lleva a cabo, además, dos modifica- ciones relevantes en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambien- tal, aprobado por Real Decreto 2090/2009, con «la finalidad primordial de reducir las cargas adminis- trativas a los operadores y de simplificar los proce- dimientos  administrativos»:

  1. Se suprime el requisito de la verificación del análisis de riesgos medioambientales por un organismo acreditado que regulaba la sec- ción 3 del reglamento.

Con esta modificación se elimina todo control previo en el análisis de riesgos medioambientales y la constitución de la garantía financie- ra, pues ya la Ley 11/2014 había trasladado de la autoridad competente al propio operador la determinación de la cantidad mínima que deberá quedar garantizada.

A partir de ahora, bastará con una declaración responsable del propio operador de haber lle- vado a cabo el análisis de riesgos medioam- bientales de acuerdo con la normativa y de haber constituido la garantía financiera, cuyo contenido mínimo se incluye en el anexo IV del real decreto.

  1. Se modifica y simplifica el procedimiento para el cálculo de la garantía financiera. Según el nuevo procedimiento, únicamente es necesa- rio cuantificar el daño medioambiental gene- rado y monetarizar el daño medioambiental para un único escenario (el escenario con el índice de daño medioambiental más alto entre los escenarios accidentales seleccionados), en lugar de para todos los escenarios identifica- dos como se preveía hasta ahora.

El real decreto introduce, por otro lado, una metodología para la estimación de un índice de daño medioambiental (IDM) asociado a cada escenario accidental, que desarrolla en su anexo III.

La disposición transitoria única del real decreto permite que aquellos operadores que hayan realizado su análisis de riesgos medioam- bientales conforme a la metodología anterior puedan utilizarlo para constituir la garan- tía financiera obligatoria cuando ésta entre en vigor, siempre que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del real decreto constituyan una garantía finan- ciera voluntaria basada en dicha metodología y presenten una declaración responsable de haberla constituido. Se prevé, asimismo, la aplicación transitoria de la metodología an- terior a los operadores cuyo sector presente para su informe un instrumento de análisis de riesgos medioambientales sectoriales o una tabla de baremos dentro de los seis me- ses siguientes a la entrada en vigor del real decreto.