INTRODUCCIÓN

La condena en costas en el marco de un proceso judicial es una característica base del ordenamiento jurídico procesal. En resumidas cuentas, la  regla  general dictamina que será aquella parte que haya visto desestimadas sus pretensiones la que vendrá obligada a hacer frente al pago de las costas generadas en el procedimiento.

A continuación, de forma introductoria y sin afán de exhaustividad detallamos los aspectos más destacables de esta figura.

RASGOS BÁSICOS DE LA CONDENA EN COSTAS

La posibilidad, el riesgo, de ser condenado a abonar las costas que se devenguen en un proceso judicial supone sin lugar a dudas un método efectivo para evitar, o como mínimo para aminorar, que se inicien procedimientos judiciales sin ningún tipo de expectativa de prosperabilidad, de forma temeraria y con la esperanza de “probar suerte” al someter unas determinadas pretensiones ante un Juez a cambio de unos costes reducidos.

De esta forma, en el momento de iniciar un pleito, deberemos ser conscientes del riesgo económico que corremos, que se traduce en tener que abonar, de ser desestimadas nuestras pretensiones, además de los honorarios de los profesionales que vayan a encargarse de nuestra representación y defensa, aquellos honorarios correspondientes a los profesionales que hayan hecho lo propio con la parte contraria en el proceso.

“(…) no procederá la condena al pago de las costas cuando el caso en cuestión haya presentado serias dudas, bien de hecho, bien de derecho.”

Así, lo habitual será que la Sentencia que se dicte en cualquier  procedimiento judicial incluya entre sus pronunciamientos el de la condena al pago de las costas a aquella parte a la que no se le haya dado la razón, en virtud de lo estipulado en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece un criterio de vencimiento objetivo: Paga quien pierde. Dicho criterio no debe ser entendido como una especie de multa o sanción sobre el litigante vencido sino, como una compensación por los gastos judiciales que se le habrían generado de forma innecesaria a la parte que se vio obligada a litigar en defensa de sus derechos.

La excepción a esta regla general viene dada por el apartado primero del precitado artículo, que establece que no procederá la condena al pago de las costas cuando el caso en cuestión haya presentado serias dudas, bien de hecho, bien de derecho. Esto significa que estaremos ante un caso que no resulta claro desde el punto de vista fáctico o jurídico, que dicha falta de claridad deberá ser importante y trascendente en si misma, y que, además, existirá jurisprudencia contradictoria en supuestos similares, es decir, Sentencias que ante el mismo supuesto de hecho adoptarán pronunciamientos distintos.

NOVEDADES LEGISLATIVAS RELATIVAS A LA MATERIA EN CUESTIÓN

Como más relevantes, a mi parecer, debemos destacar las siguientes:

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no se incluirán en la tasación de costas los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Además, tampoco deberán incluirse los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia,  así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las oficinas judiciales.

Se establece también, en el cuarto párrafo del artículo 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula.

SUPUESTOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS LETRADOS

Según lo previsto por el Estatuto de la Abogacía, el Abogado tiene derecho a una compensación económica por los servicios prestados así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía de los honorarios del Abogado será libremente convenida entre el mismo y su cliente.

Por otra parte, de cara a la presentación de la minuta de honorarios en un procedimiento judicial (evidentemente en caso de ser la parte favorecida por la condena en costas) para la fijación de los honorarios se podrán tener en cuenta, como referencia, los baremos orientadores del Colegio en cuyo ámbito se actúe. Los mismos tendrán que ser aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del mismo. Estas normas, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo que las partes en el proceso judicial hayan podido acordar al respecto.

Como vemos, estamos ante dos supuestos en cuanto a la posibilidad de calcular los honorarios a percibir por un Abogado en el marco de un proceso judicial: O bien que los mismos sean fijados por las partes de mutuo acuerdo o bien, a falta del mismo, recurrir a los baremos que establecen los Colegios de Abogados que servirán como referencia a seguir en caso de condena en costas a la parte contraria en un proceso judicial.

“(…) la regla básica que nos permitirá saber, grosso modo, el alcance e importe de una eventual condena en costas será en la gran mayoría de los casos la cuantía del procedimiento (…)”

Este hecho es especialmente relevante en tanto en cuanto, en caso de impugnación por la parte contraria de los honorarios calculados, será la mayor o menor adecuación de los mismos a los mencionados baremos lo que en última instancia decidirá si son correctos y procede el pago de los honorarios o si éstos deben ser corregidos. Por adecuación a los baremos debe entenderse no solo la correcta aplicación de las tablas de cálculo contenidas en los mismos, sino también el que la minuta de honorarios que se presente tenga en cuenta una media ponderada y razonable, adecuada entre otras cosas a las circunstancias concurrentes en el pleito y al grado de complejidad del asunto.

En todo caso es conveniente tener en cuenta que la regla básica que nos permitirá saber, grosso modo, el alcance e importe de una eventual condena en costas será  en la gran mayoría de los casos la cuantía del procedimiento, al ser este criterio el más objetivo: Cuanto más elevada sea la cuantía del proceso, más elevado será el importe que deberá pagar la parte condenada en costas.

Respecto a la tasación de las costas, la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye la determinación de las mismas así como la tramitación de los procedimientos de impugnación al Secretario Judicial del Juzgado que haya tenido conocimiento del proceso en cuestión. Es dicho Secretario quien se encargará de comprobar inicialmente que los cálculos efectuados por la parte favorecida por la condena en costas sea correcta y efectuar las modificaciones que sean necesarias para adecuar los honorarios a lo legalmente establecido.

CONCLUSIONES

La posibilidad de una eventual condena en costas debe ser un hecho a tener claramente en cuenta cuando se decide iniciar un pleito.

Dicha posible condena debe ser un factor que, más allá de ser visto únicamente como un castigo o penalización añadida para la parte que ha visto rechazadas sus pretensiones en sede judicial, debe ser considerado también, a mi juicio, como un elemento más que nos sirva para ayudarnos a valorar de forma realista  el riesgo  que corremos al abrir la fase judicial o las posibilidades de éxito con las que contamos.