Acaba de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de fecha 12 de noviembre de 2015 (sentencia nº 609/2015), de gran relevancia no sólo desde el punto de vista laboral, sino también desde la normativa de protección de datos, en la que se analizan los efectos de la inclusión de un trabajador en una “lista negra” que le vetaba para trabajar para empresas del sector de las telecomunicaciones.

El Sr. González, trabajador de una empresa subcontratista de Telefónica, fue despedido acusado de haber cobrado a un cliente por un servicio que debía ser gratuito. Demandó a su empresa por dicho despido, que fue declarado improcedente por la jurisdicción social por no quedar acreditados los hechos imputados y la empresa optó por indemnizarle y extinguir la relación laboral.

Posteriormente, el trabajador realizó varios procesos de selección y cuando iba a ser contratado por una empresa del mismo sector, ésta le manifestó que no podía contratarle, por haber sido incorporado a un fichero de “personal conflictivo” por los hechos que motivaron su despido –a pesar de que el Juzgado no los considerara probados.

Como consecuencia de ello, el trabajador demandó a su anterior empleador solicitando una indemnización de más de 600.000 euros por la vulneración de sus derechos de honor e imagen, así como a la protección de datos personales. En primera y segunda instancia, la demanda fue desestimada, pero el Tribunal Supremo ha considerado que efectivamente se había producido la vulneración de su derecho al honor y a la protección de datos (reconocidos en el art. 18 CE) -no así a su propia imagen-, y condena a la empresa a abonar la suma de 30.000 euros.

El Tribunal estima la demanda basándose en que la prueba de que efectivamente existía tal “lista negra” resultaba prácticamente imposible para el trabajador. De hecho, además de los indicios derivados de los fallidos procesos de selección, la única prueba que pudo aportar en el juicio fue la testifical de un miembro del comité de empresa de Telefónica que mostró su convencimiento de que “existía ese fichero de trabajadores vetados”.

Sin embargo, el Tribunal considera que, tratándose de un procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, y habida cuenta de la existencia de tales “indicios razonables”, la carga de la prueba debe recaer en la empresa que supuestamente incluyó sus datos en la “lista negra”, que debería haber tratado de demostrar en el acto de juicio –cosa que no hizo– que cuando notificó a Telefónica la extinción de la relación laboral con el trabajador (comunicando para ello sus datos de carácter personal), no incluyó ningún otro tipo de información sobre los hechos que motivaron el despido.

Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, el Tribunal considera que la cesión de datos realizada para la formación de la “lista negra” fue ilícita, ya que (i) no contó con el consentimiento del afectado; (ii) no resultaba amparada en ninguna de las excepciones del artículo 11.2 LOPD; (iii) no respetaba el principio de calidad de los datos –los datos cedidos no eran veraces, al no haber sido considerados por el Juzgado de lo Social como acreditados–; y (iv) no se lo concedió la posibilidad de ejercitar los derechos ARCO.

Además, para el Tribunal, esta infracción de la normativa de protección de datos produjo, a su vez, una vulneración del derecho al honor del demandante, ya que los datos comunicados no cumplían el requisito de veracidad y afectaban negativamente a su reputación.

Desde el punto de vista Laboral, el Tribunal no se cuestiona en esta sentencia por la competencia de la jurisdicción civil para conocer de la acción interpuesta; aunque, si la demanda se interpusiese hoy (con la nueva LRJS), la competencia sería seguramente de la jurisdicción social. La Sala Primera tampoco entre a valorar aquí (i) si el consentimiento prestado por el ex trabajador hubiese sido válido en este contexto, ni (ii) qué hubiese sucedido en el supuesto de que los hechos imputados en la carta de despido hubiesen resultado acreditados y el despido hubiese sido declarado procedente.