Dos recientes resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación con una mismo procedimiento de contratación ponen de relieve una interesante doctrina en relación con el recurso especial en materia de contratación, de necesaria toma en consideración a los efectos de su eficacia: el plazo para su interposición comienza a contarse desde la fecha de remisión de la notificación del acto de adjudicación – y no, como es habitual, desde que se recibe tal información – y el único óbice que puede oponerse a la interposición de segundos y ulteriores recursos especiales en materia de contratación es el que viene dado por el principio de “cosa juzgada administrativa”.

Con fecha de 10 de abril de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Estado un anuncio de la licitación, mediante procedimiento abierto, por parte de una Agencia Pública estatal (en adelante, la Agencia), de un contrato de servicios, con un valor estimado de 2.500.000 €.

El objeto del contrato, conforme al apartado 2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, era la prestación del servicio y su entrega en los laboratorios que designase la citada Agencia Pública estatal.

El período de ejecución se fijó en un año “desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015” (apartado 4.1 del Pliego de cláusulas), con posibilidad de prórroga de un año (apartado 4.3 del Pliego de cláusulas).

El 13 de junio de 2014, la Dirección de la Agencia Pública dictó acuerdo de adjudicación del contrato en favor de la empresa A por un importe de 911.000,00 € y un plazo total de ejecución desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015.

El 1 de julio de 2014, la empresa B – no adjudicataria - presentó un escrito en el Registro de la Agencia en el que anunciaba la interposición de recurso especial en materia de contratación, al que se asignó el número de recurso 531/2014 y que finalizó el 8 de septiembre de 2014, mediante Resolución TARCR con nº 606/2014, estimatorio del recurso en la que se acordó estimar parcialmente el recurso interpuesto por la empresa B contra el acuerdo de adjudicación del contrato y, en su virtud,

  1. Anular el acto impugnado, 
  2. Ordenar la retroacción del procedimiento de licitación al momento inmediatamente posterior al momento de apertura de la documentación técnica contenida en el sobre “B”, a fin de que por parte de la Mesa de Contratación se reclame de la empresa A una determinada documentación1

En ejecución de lo ordenado en la resolución referida, la Mesa de contratación, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2014, acordó requerir de los dos licitadores la aportación de ciertos documentos, requerimientos de subsanación que dio por cumplidos el 26 de septiembre de 2014, fecha en la que la Mesa procedió a valorar las ofertas de los licitadores, elevando al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la empresa B.

El 16 de octubre de 2014, el Director de la Agencia Pública estatal resolvió adjudicar el contrato licitado a la empresa B, remitiendo la notificación de la adjudicación a ambas empresas el 27 de octubre de 2014, si bien el 13 de noviembre de 2014 la empresa A anunció la interposición de recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación reseñado.

Tras la tramitación del oportuno procedimiento (recurso 921/2015), el TACRC dictó el 14 de enero de 2015 Resolución 24/2015, que estimó que la oferta de la empresa B contravino el requisito esencial del precio cierto2 – pues no cabe admitir al proceso aquellas ofertas que incumplen los requisitos sustanciales exigidos en los pliegos3 – ordenando la retroacción del procedimiento al momento de inmediatamente posterior al momento de apertura de la documentación económica, a fin de que por parte de la Mesa de Contratación se acordara la exclusión de la oferta formulada por la empresa B.

Realizado lo anterior, se acordó la adjudicación del contrato en favor de la empresa A el 23 de enero de 2015 y así se notificó a los licitadores el 28 de enero siguiente.

La empresa B presentó el 19 de febrero de 2015 escrito de interposición del recurso que fue inadmitido por el TACRC mediante Resolución 236/2015 de 13 de marzo de 2015 por considerarlo extemporáneo.

De las dos resoluciones anteriores, 24/2015 y 236/2015 (que pueden ser consultadas íntegramente en la página web del TACRC) merece poner de relieve la doctrina que se esboza en torno a dos aspectos:

  1. Plazo de interposición del recurso especial (Resolución 24/2015):

El recurso especial en materia de contratación se inicia, según el artículo 44.2 TRLCSP, mediante escrito que deberá presentarse4 en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado, debiéndose computar, por tanto, el plazo por imperativo legal desde la fecha de remisión del escrito por el órgano de contratación.

Resulta por tanto determinante del dies ad quo para el cómputo del plazo de quince días el de remisión de la notificación y no el de la recepción.

  1. Ulteriores ecursos (esolución 236/2015):

Frente a la Resolución de un recurso especial no caben más recursos en vía administrativa, ni tan siquiera el extraordinario de revisión (artículo 49.1 TRLCSP y Resoluciones 205/2014 y 352/2014).

Si cabe, sin embargo, recurso especial contra el acuerdo de adjudicación dictado tras la Resolución del recurso por el que se anula un acuerdo de adjudicación, pues como señala la Resolución 236/2015 del TACRC cualquier otra postura implicaría otorgar un trato discriminatorio, privando a unos interesados del derecho a servirse de un recurso previsto por el TRLCSP para todos ellos, de manera que habría de concluirse que sólo pueden acudir a esta vía impugnatoria los perjudicados por el primer acuerdo de adjudicación, no los que lo fueran por los que se dictaran a consecuencia de la anulación del mismo.

El único óbice, pues, que puede oponerse a la interposición de segundos y ulteriores recursos especiales es el que viene dado por el principio de “cosa juzgada administrativa” que, en último término, no es sino una aplicación de la doctrina de los actos firmes y consentidos5, es decir, lo que está vedado es reproducir ante el TACRC cuestiones que ya fueron resueltas por éste y contra las que, pudiendo hacerlo, no se interpuso recurso contencioso-administrativo (artículo 222.2 LEC y Resoluciones 535/2014, 216/2014, 413/2013, 195/2012, 110/2012, entre otras).