El cumplimiento con las obligaciones tributarias es fundamental para el desarrollo de un sistema social y económico, sin embargo, presenta en su aplicación una serie de desafíos. Al igual que en otros países, la Administración Tributaria de Costa Rica se enfrenta con el reto de fomentar la confianza mutua , el respeto y la responsabilidad entre los contribuyentes , asesores fiscales, la Administración Tributaria y el Estado.

Los contribuyentes enfrentan condiciones difíciles cuando la Administración Tributaria realiza auditorías o revisiones fiscales. Hay actuaciones de las autoridades fiscales que generan un desafío entre los contribuyentes, por la forma arbitraria de algunas de sus resoluciones. En adición a lo anterior, un elemento indispensable que todo sistema tributario debe considerar para lograr el balance , es contar con un sistema eficiente de impuestos, un debido proceso que permita a los contribuyentes ejercer el legítimo derecho de defensa y la capacidad de pago de los contribuyentes, en respecto de los derechos constitucionales y el Estado de derecho.

El día 11 de agosto del 2016, la Sala Constitucional llevó a cabo, de manera excepcional, una audiencia oral (vista) producto de la acción de inconstitucionalidad (expediente número 14-011798-0007-CO) interpuesta en contra del artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), así reformado por el artículo 1 de la ley N° 9069 del 10 de setiembre del 2012. Durante la audiencia, los Magistrados de la Sala Constitucional escucharan por parte de los accionantes, coadyuvantes, la Administración Tributaria y la Procuraduría General de la República, las implicaciones prácticas que tiene la aplicación del artículo 144 impugnado.

El artículo 144 vigente del Código de Normas Procesales Tributarias, establece que una vez que la Administración Tributaria emite el acto administrativo de determinación y liquidación de cargas tributarias, el contribuyente debe pagar el supuesto impuesto adeudado o debe rendir una garantía bancaria. Antes de la reforma de setiembre del 2012 de dicho artículo, el pago del impuesto adeudado se realizaba hasta que se agotaran todos los recursos administrativos del caso (agotamiento de la vía administrativa), es decir, hasta que el Tribunal Fiscal Administrativo resolviera el recurso de apelación y se pronunciara sobre la procedencia o no de la sanción impuesta por la Administración Tributaria.

Las partes accionantes y los coadyuvantes, indicaron que el tener que pagar las sanciones impuestas de manera arbitraria por la Administración Tributaria, sin que un tercero imparcial (Tribunal Fiscal Administrativo) resuelva, implica necesariamente un perjuicio económico de grandes proporciones, pudiendo implicar en muchos casos la insolvencia del contribuyente.

Es evidente que este caso plantea muchas preguntas y preocupaciones respecto del delicado balance entre la Administración Tributaria, en el ejercicio de su poder discrecional, y los intereses legítimos y derechos de los contribuyentes. Así las cosas, recomendamos al contribuyente interponer todos los recursos administrativos y judiciales necesarios para efectos de defenderse de las actuaciones de la Administración Tributaria; de lo contrario, el contribuyente podrá ser víctima de los abusos y arbitrariedades de la Administración, en el ejercicio de sus potestades fiscalizadoras e impositivas.