El conocido Informe Especial 301 correspondiente al año 2017 ya se ha hecho público, con la firme declaración de la recién estrenada Administración de Trump de hacer todo lo posible para fomentar que otros países abran sus mercados a la exportación de bienes y servicios provenientes de los Estados Unidos, ofreciendo para ello una protección efectiva de sus derechos de propiedad industrial e intelectual (PII) alrededor del mundo

Este informe es elaborado anualmente por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América con el objeto de seleccionar aquellos países en los que sigue abierta la puerta a la infracción de los derechos de PII al no haber adoptado las medidas de protección necesarias.

Los países seleccionados son agrupados en dos listas, denominadas “Priority Watch list” y “Watch list”, según su potencial grado de peligrosidad.

El Informe Especial 301 correspondiente al año 2017 contiene la siguiente agrupación:

Priority Watch List

 Algeria

 Argentina

 Chile

 China

 India

 Indonesia

 Kuwait

 Russia

 Thailand

 Ukraine

 Venezuela

Watch List

 Barbados

 Bolivia

 Brazil

 Bulgaria

 Canada

 Colombia

 Costa Rica

 Dominican Republic

 Ecuador

 Egypt

 Greece

 Guatemala

 Jamaica

 Lebanon

 Mexico

 Pakistan

 Peru

 Romania

 Switzerland

 Turkey

 Turkmenistan

 Uzbekistan

 Vietnam

Por tanto, siguen a la cabeza en la no adopción de medidas que eviten la comisión de este tipo de infracciones, países como China, India o Rusia. Otros, como Canadá, Egipto o Méjico, no cuentan siquiera con una autoridad competente en sus aduanas encargada de la incautación y destrucción de los productos falsificados en la frontera, ni en circulación, señala este Informe.

En el caso de Suiza o Tailandia, aún no han abordado el desafío de proteger los derechos de autor, mientras que otros, como Argentina, Venezuela, Grecia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, no han instaurado políticas efectivas, ni procedimiento alguno, que aseguren que sus propios organismos gubernamentales no van a hacer uso de un programa de ordenador no autorizado.

Sin embargo, países como España o Portugal están fuera de estas listas, gracias a su ferviente lucha contra la piratería y los derechos de autor. Este informe, destaca además el esfuerzo de España durante los últimos 4 años para combatir la piratería online, así como los cambios legislativos acometidos en este sentido.