El pasado 16 de enero de 2017, el tribunal de apelaciones de Reino Unido dictó la sentencia del caso Wood contra TUI. En esta contienda, se discutía si el mero hecho de alojarse en un Hotel en régimen de todo incluido era motivo suficiente para determinar la culpa del demandado (en este caso, un Tour Operador) en caso enfermedad gástrica o si por el contrario el reclamante debía demostrar la responsabilidad del demandado (en este caso, un Tour Operador) y de sus proveedores de servicios (el Hotel) por no ejercer un deber de cuidado suficiente.

Dejado al margen las cuestiones de índole contractual que se discutieron en el procedimiento, la Sentencia aborda determinadas cuestiones al respecto del onus probandi que resultan de interés en estos tiempos en los que la siniestralidad por este tipo de casos se ha disparado preocupantemente. Veámoslo.

Respecto a los Reclamantes

Se establece que los Reclamantes deben probar que la causa de sus problemas estomacales es debida a la ingesta de comida servida por el Hotel – que no es de una calidad "satisfactoria" – y deben descartar el posible origen vírico de la enfermedad o que éste sea "ambiental", esto es, considerando que la comida y agua de un lugar diferente pueden afectar al tracto gastrointestinal al ser un riesgo yacente al viajar.

Asimismo, se indica que será indicio para establecer la causalidad el número total de casos reportados.

Respecto a los Hoteles

Por un lado, se mantiene el status quo en lo que respecta a que el Hotel debe probar el cumplimiento de la normativa y aportar prueba de la implementación de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).

No obstante, en el caso considerado en la sentencia, a pesar de que se probó que el Hotel cumplía con los estándares de higiene y monitorización que servían para minimizar el riesgo de que la comida fuera peligrosa para la salud, se condenó al Tour Operador con base en la prueba aportada de contrario, que incluyó las declaraciones testificales de peritos médicos.

Conclusión

De lo anterior se extrae que, si bien la sentencia no modifica el régimen de responsabilidad aplicable a este tipo de reclamaciones, al menos aporta algo de esperanza al trasladar la carga de la prueba de la acreditación de los daños a los reclamantes (esto podría ser, por ejemplo, a través de documentación médica fehaciente).

Del mismo modo, el toque agridulce lo aporta el hecho de que podemos interpretar que se elimina, en cierto modo, el elemento de la culpa, ya que un Hotel puede ser condenado pese a demostrar la implementación de los estándares exigibles.

Por otro lado, no se elimina la incertidumbre acerca de lo que sería considerado por el Juzgado en caso de que las auditorías y analíticas facilitadas por el Hotel no le fueran favorables pero el Reclamante tampoco consiguiera probar el origen bacteriológico de la enfermedad (por ejemplo, por el hecho de aportar informes médicos basados en suposiciones y redactados tras un examen telefónico).

En cualquier caso, aún queda mucho camino por recorrer y a día de hoy aunque Hotel pruebe que implementó todas las medidas de seguridad e higiene necesarias, si existe prueba médica fehaciente o un número elevado de perjudicados, defender la ausencia de responsabilidad seguirá resultando complicado.