La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la “CNMC”) ha dado respuesta a la consulta formulada por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“Autocontrol”) respecto a si, de conformidad a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (“Ley General de la Comunicación Audiovisual”) es posible promocionar bebidas alcohólicas de más de veinte grados en plataformas o aplicaciones para el visionado de programas en dispositivos móviles (es decir, en teléfonos, tabletas u ordenadores).

La Ley General de la Comunicación Audiovisual establece la prohibición de toda comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud, y en particular, prohíbe la comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas con un nivel superior de veinte grados.

La consulta planteada por AUTOCONTROL se basaba en determinar (i) por un lado, si este tipo de plataformas para el visionado de programas en dispositivos móviles pueden calificarse como servicios de comunicación audiovisual televisiva en movilidad o “televisión en movilidad”, y (ii) si en ese caso, las comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de más de veinte grados estarían prohibidas en estas plataformas y aplicaciones.

En relación a la primera consulta, la CNMC ha concluido en su acuerdo de respuesta que la comunicación comercial televisiva, tal y como se define en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, es aquella a la que se puede acceder mediante cualquier modalidad del servicio de comunicación audiovisual televisiva de las previstas en el artículo 2.2 de la misma. Entiende la CNMC que el adjetivo “televisivo” se refiere a todo aquello que sea visual, y que teniendo en cuenta que la definición de servicio de comunicación audiovisual televisiva incluye la televisión tradicional y también la “televisión en movilidad”, debe considerarse que este tipo de plataformas constituyen servicios de comunicación audiovisual televisiva en movilidad. Además, entiende la CNMC que teniendo en cuenta la prohibición de emitir comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de más de veinte grados prevista respecto de la televisión tradicional, no existe motivo alguno que justifique la exclusión de esta prohibición respecto a la televisión en movilidad. Destaca el acuerdo publicado por la CNMC que este tipo de dispositivos móviles son cada vez más usados por la población más joven, y por lo tanto, esta prohibición persigue la protección de los menores frente a la publicidad de bebidas alcohólicas.

Por lo tanto, concluye la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC que está prohibido emitir comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de más de veinte grados en plataformas o aplicaciones para el visionado de programas en dispositivos móviles (teléfonos, tabletas u ordenadores), al considerarse también comunicaciones comerciales televisivas.

En este sentido, es importante destacar que la CNMC ha clarificado recientemente en su blog que la prohibición de la emisión de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de más de veinte grados se refiere exclusivamente a la televisión en movilidad, incluyendo a los servicios de comunicación audiovisual televisiva a petición (como los ofrecidos por Netflix o HBO), pero excluyendo las plataformas de intercambio de vídeos generados por los propios usuarios, puesto que estas plataformas quedan fuera del alcance de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, plataformas como Youtube estaría sujetos a esta prohibición en relación con los canales con los que ofrece series propias o contenido grabado de otras cadenas, pero no respecto de los vídeos con contenido propio subidos por un particular a dicha plataforma.

Autores: Elisa Lorenzo y Álvaro Bourkaib

¿Puede una empresa utilizar cámaras ocultas para grabar a sus empleados en el puesto de trabajo cuando existe una fundada sospecha de incumplimiento laboral?

Loewe comprobó que faltaba un número considerable de prendas en la empresa y, sospechando que la sustracción de las prendas podía haberse llevado a cabo por personal interno, decidió contratar a una agencia de detectives privados para instalar cámaras ocultas durante un breve periodo de tiempo (del 19 al 23 de agosto) en los puestos donde se creía que se había producido la sustracción. De ello se informó a la presidenta del comité de empresa, pero no con el comité, ya que uno de los sospechosos era miembro del mismo. De este modo, se comprobó que precisamente este empleado se había llevado diversos productos, y la empresa procedió a su despido disciplinario.

El Juzgado de lo Social número 2 de Madrid desestimó la demanda por despido del trabajador, convalidando la extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación. La sentencia de 9 de febrero de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia de instancia.

Alegaba el empleado que la empresa debería haber inscrito un fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos, colocado carteles informativos en las zonas de grabación, facilitado formularios para el ejercicio de los derechos de protección de datos y notificado a los representantes de los trabajadores.

A la vista de los antecedentes de hecho arriba descritos y de que las imágenes captadas se utilizaron exclusivamente para su presentación en juicio, entiende el Tribunal que la grabación tiene base legal en la facultad de control que atribuye el Estatuto de los Trabajadores al empresario. Además, señala el Tribunal, la medida adoptada supera además el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que la ponderación entre el derecho fundamental del trabajador a la protección de sus datos y el derecho fundamental de la empresa a la tutela judicial efectiva debe resolverse a favor de este último.

Remarca también el Tribunal que sería absurdo exigir a la empresa que comunicase a los trabajadores la instalación de las cámaras y que colocase carteles dando publicidad a este hecho, porque con ello se frustraría la finalidad buscada, esto es, la averiguación del ilícito laboral, y considera, por tanto, admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la realizada a la presidenta del comité de empresa (no al comité, porque el trabajador despedido era miembro de este).