Recientemente se publicó en este mismo blog un artículo relativo al control patronal de los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores, centrándonos en el uso de herramientas clásicas como el ordenador, el correo electrónico y la navegación por Internet, sobre las que existe un nutrido cuerpo de doctrina que abarca ya más de una década.

A grosso modo, distinguíamos entre las medidas destinadas a ejercer el denominado control preventivo sobre dichos medios (implantación, desarrollo y divulgación de las normas de uso a través de un código telemático) y aquellas otras encaminadas a proporcionar una respuesta eficaz y proporcionada ante la aparición de indicios que apunten a un posible uso malintencionada de los recursos de titularidad empresarial (control reactivo).

Concluíamos que el respeto a las pautas y limitaciones impuestas por nuestros tribunales de justicia –ante la clara ausencia de un marco normativo específico– es la clave para garantizar que las pruebas obtenidas puedan ser válidamente utilizadas en el proceso judicial posterior. La viabilidad de la medida reactiva que se adopte exigirá, en fin, que las mencionadas pruebas hayan sido obtenidas por el empresario a través de procedimientos que garanticen el pleno respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y, en concreto, a su derecho a la intimidad en lo que se refiere al tratamiento de sus datos personales.

La rápida evolución de la tecnología aplicada al entorno laboral ha derivado en la introducción de nuevas herramientas y dispositivos capaces, por ejemplo, de realizar exhaustivos controles sobre la actividad desarrollada por los trabajadores con el fin legítimo de garantizar la rentabilidad del negocio, la seguridad de los propios trabajadores o la integridad de los bienes de titularidad empresarial. Pero la problemática jurídica surge cuando la información obtenida por estas herramientas es utilizada por el empresario con fines distintos a los anunciados.

Así, medidas como el empleo de un dispositivo GPS instalado en un vehículo para comprobar si las posibles dilaciones en un servicio de reparto son imputables a un trabajador concreto; o el uso de la misma herramienta para acreditar que un determinado comercial no realiza las visitas que tiene programadas por la empresa, sin que medie el conocimiento del conductor, hacen que las conclusiones extraídas a través de estos dispositivos y su aportación como medio de prueba en sede judicial para demostrar un pretendido incumplimiento contractual puedan constituir un procedimiento que lesiona los derechos fundamentales, conllevando su nulidad y, por ende, la ineficacia de la medida disciplinaria que haya podido imponer al empresario.

Se puede observar que los límites jurídicos a la utilización de estos nuevos dispositivos de control son, al menos en su base, idénticos a los establecidos por los tribunales en referencia al empleo de las denominadas herramientas clásicas. Atienden, al menos, a un mismo principio: la prestación de servicios no entraña la inmunidad de la facultad de control de que dispone el empresario a la ineludible necesidad de garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

No obstante, existe un importante matiz que radica en la idea de que tales dispositivos no suelen presentarse a ojos de la doctrina judicial como un medio que llegue a justificar el fin disciplinario pretendido –en los términos de proporcionalidad, idoneidad y necesidad a los que se refiere la doctrina constitucional–, ya que en la mayoría de las ocasiones se presume su carácter invasivo en la vida privada del investigado, por mucho que logre justificarse que el previo aviso al presunto responsable frustraría la efectividad de la medida.

Ejemplo de lo anterior son los casos resueltos por el Tribunal Superior de Madrid (TSJ) en sus Sentencias de 21 de marzo y 29 de septiembre de 2014. Allí, el TSJ declaró la nulidad de la prueba obtenida mediante un sistema de geolocalización instalado en un vehículo que la empresa había cedido previamente a uno de sus trabajadores, por considerar que ni el carácter profesional del automóvil, ni siquiera la gravedad de los incumplimientos detectados, justificaron una injerencia no informada en los derechos fundamentales del trabajador (intimidad personal y protección de datos).

Además, el TSJ puso el acento en que existían otros medios de investigación menos invasivos de la intimidad del trabajador como, por ejemplo, el seguimiento a través de detectives privados. Método este último que, dicho sea de paso, tiene un coste infinitamente más elevado que la instalación de un sencillo dispositivo GPS, presente en cualquier terminal móvil. El fin una vez más no justifica los medios.