El esperado proyecto de ley que modifica nuestro actual sistema de tratamiento de datos personales ingresó al Parlamento. Los puntos principales son la categorización de nuevos derechos para titulares, la asignación de tipos de datos personales, la creación de una institucionalidad a través de la Agencia de Protección de Datos; además de incluir el negocio de la certificación de protocolos para las grandes auditoras, y una enorme cantidad de normas y regulaciones para las empresas que tratan datos personales; es decir, todas.

Este proyecto es el más completo presentado hasta ahora, desde la entrada en vigencia de la Ley 19.628 que data de 1998. En muchos puntos es muy elogiable pero hay una serie de materia nuevas que fueron pensadas para otro planeta: el monto de las multas es más alto que en países desarrollados (como Francia, que es pionera en el tema); el hecho que se puedan heredar derechos personalísimos de alguien que ya no existe legalmente es desconocer el sistema de sucesión por causa de muerte en Chile. El derecho de portabilidad de datos personales va a generar, exponencialmente, más problemas técnicos que la misma portabilidad numérica; pero, sobre todo, la desprotección de las empresas que hacen gestión de datos personales —algo fundamental para nuestra economía digital— es, por decir lo menos, amenazante. ¿Si no conozco al otro por sus datos, cómo me voy a relacionar jurídicamente con él? Todo esto denota que este proyecto no es balanceado, equilibrado ni justo.