El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea acaba de dar a conocer un informe especial (Nº 25, 2015) en el que se pronuncia de un modo muy constructivo sobre una de las grandes prioridades financieras europeas: la ayuda destinada a infraestructura rural. La conclusión va por delante: se trata de una política pública susceptible de ser optimizada.

En este tipo de informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de gestión y de cumplimiento de ámbitos presupuestarios o de temas de gestión específicos. El Tribunal diseña estas tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público. El interés de la cuestión, en definitiva, es máximo, dada la cualificación del examinador.

Del documento, cuya extension supera las 100 páginas, nos interesa destacar ciertos extremos de su resumen ejecutivo que sin duda iluminarán el quehacer jurídico público en los próximos tiempos.

Centrado en el período de programación 2007-2013, se destaca que los Estados miembros asignaron 13 000 millones de euros de los fondos de la UE a inversiones en infraestructura rural a través de cuatro medidas de sus programas de desarrollo rural (PDR). Esta financiación se complementa con los fondos nacionales, de forma que la financiación pública total se aproximó –nada menos- a los 19 000 millones de euros, destinándose a beneficiarios públicos y privados con la finalidad de impulsar el crecimiento económico, incrementar el atractivo de las zonas rurales y mejorar sus conexiones con grandes infraestructuras. Los proyectos financiados consistieron principalmente en carreteras rurales, sistemas de gestión de aguas e infraestructuras socioculturales.

La misión del Tribunal es la evaluar en sus auditorías de gestión si se han aplicado los principios de la buena gestión financiera (economía, eficiencia y eficacia) y trata de identificar las buenas prácticas en el logro del máximo beneficio con los fondos europeos disponibles. En este caso, el Tribunal examinó si la Comisión y los Estados miembros habían logrado optimizar los recursos empleados en las medidas de infraestructura rural que decidieron financiar.

Estima el informe que, aunque al inicio del período de programación 2007- 2013 no ofreció orientación ni divulgó buenas prácticas, la Comisión ha adoptado desde 2012 un enfoque más proactivo y coordinado. Una aplicación adecuada de los cambios debería traducirse en una mejor gestión financiera en el período de programación 2014- 2020. Sin embargo, es probable que persistan ciertas insuficiencias en la coordinación de los fondos y en la información sobre los resultados.

Las conclusiones resultan sumamente sugestivas y serán sin duda muy útiles. Señala el Tribunal que aunque, individualmente, los proyectos controlados obtuvieron las realizaciones físicas previstas y, en algunos casos, aportaron una contribución claramente positiva a las zonas rurales, se observó que los Estados miembros y la Comisión, que actuaron en régimen de gestión compartida, solo habían conseguido hasta cierto punto optimizar los recursos empleados, pues la ayuda no se destinaba sistemáticamente a los proyectos con mejor relación coste-eficacia y orientados a la consecución de los objetivos establecidos en el PDR y no se disponía de información suficiente para demostrar el éxito o el fracaso de las medidas.

Y el Tribunal identifica claramente 3 causas para ello:

  1. Los Estados miembros no siempre justificaron claramente la necesidad de usar fondos de desarrollo rural de la UE. Se echaron en falta límites claros y mecanismos que garantizaran la complementariedad, lo que afectó a la eficacia de la coordinación con otros fondos europeos, nacionales o locales.
  2. Los procedimientos de selección no siempre orientaron la financiación hacia los proyectos con mejor relación coste-eficacia; no se limitó eficazmente el riesgo de costes excesivos de los proyectos, y los requisitos relativos a la sostenibilidad no tuvieron en cuenta la vida útil de las inversiones. Se añade a ello un largo retraso en el proceso administrativo, especialmente en la aprobación de las solicitudes de subvención.
  3. En cuanto al sistema de seguimiento y evaluación no proporcionó información adecuada, puesto que aunque los proyectos auditados obtuvieron las realizaciones físicas previstas, a menudo no se disponía de información fiable sobre sus resultados, lo cual dificultaba la futura orientación de las políticas y la gestión del presupuesto en función de los resultados.

Aunque al inicio del período de programación 2007- 2013 no ofreció orientación ni divulgó buenas prácticas, la Comisión ha adoptado desde 2012 un enfoque más proactivo y coordinado. Una aplicación adecuada de los cambios debería traducirse en una mejor gestión financiera en el período de programación 2014- 2020. Sin embargo, es probable –opina el TCE- que persistan ciertas insuficiencias en la coordinación de los fondos y en la información sobre los resultados.

Finalmente, tras las quejas vienen las recomendaciones (de las que solo cabe tomar buena nota) y que se dirigen a todos los actores de la escena europea. El Tribunal cree –y no podemos estar más de acuerdo- que puede lograrse mucho más con los recursos financieros actuales, recomendando que los Estados miembros adopten un “enfoque coordinado” para subvencionar la infraestructura rural en el que se cuantifiquen las necesidades y los déficits de financiación y se justifique el uso de las medidas del PDR, y que aprovechen mejor las estructuras de coordinación existentes;

Respecto a la Comisión también hay recordatorios: se le sugiere que aproveche las primeras medidas adoptadas para garantizar una coordinación eficaz y lleve a cabo una evaluación exhaustiva de la complementariedad entre los distintos fondos de la UE que serán utilizados por los Estados miembros en el período de programación 2014-2020.

En último lugar, los Estados miembros, además de contar con datos actualizados, deben fijar y aplicar sistemáticamente criterios para garantizar la selección de los proyectos con mejor relación coste-eficacia, teniendo en cuenta la vida útil de las inversiones subvencionadas al establecer los requisitos y los controles de sostenibilidad, fijando y cumpliendo plazos razonables para la tramitación de solicitudes de subvención y de pago.