Tras la aprobación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el pasado 6 de septiembre entró en vigor1 el Real Decreto 773/2015, por el que se modifica el Reglamento de Contratos del Sector Público en materia de clasificación de empresas y de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional con objeto de facilitar a Pequeñas y Medianas Empresas y a emprendedores el acceso más fácil a los contratos públicos, lo que siempre redunda en una mayor competencia y con ello, en un mejor empleo de los recursos públicos.

El Boletín Oficial del Estado del pasado 5 de septiembre de 2015 publicó el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas2 y con el que se viene a dar cumplimiento a la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público3.

La referida Ley vino a reformar el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público4, introduciendo novedades en materia de clasificación de contratistas para los contratos de obras5 y de servicios6 así como en materia de acreditación de la solvencia7, entre otros extremos8.

El Real Decreto 773/2015, desarrolla muchas de las novedades introducidas por la disposición final tercera antes señalada, adaptando el contenido del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas con el efecto siguiente:

  1. Modifica el sistema de determinación de los criterios de selección del contratista y de acreditación de los mismos por los empresarios, además de fijar los medios y criterios a aplicar en defecto de lo establecido en los pliegos del contrato, cuando éstos no recojan con suficiente precisión los criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera o a la solvencia técnica y profesional exigidas para la adjudicación del contrato (artículo único del Reglamento que modifica el artículo 11 del RGCSP).
  2. Introduce novedades en materia de clasificación:
  • para los contratos de obras se reajustan los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes en función de sus respectivos umbrales hasta un total de 6 categorías9 y se reajusta el patrimonio neto mínimo exigible para el acceso de las empresas a cada categoría de clasificación, fijado en el artículo 35 del Reglamento10,
  • para los contratos de servicios deja de ser exigible la clasificación y se lleva a cabo una reducción notable del número de grupos y subgrupos.
  1. Con la finalidad de solventar una problemática puesta de relieve a raíz de la crisis económica y relacionada con las dificultades para acreditar la experiencia a los efectos de acreditar la solvencia, el Real Decreto modifica los artículos 27 y 29 de dicho Reglamento para ampliar de cinco a diez años el periodo durante el cual las obras en él ejecutadas serán tomadas en cuenta como prueba de la experiencia de los empresarios como contratistas de obras y de tres a cinco años el mismo periodo en relación con los contratos de servicios.

Con el mismo fin, se regulan las condiciones para la consideración como propia de la experiencia de las obras ejecutadas por las filiales constituidas en el extranjero.

  1. Se establece como criterio mínimo de solvencia financiera que las empresas tengan un patrimonio neto equivalente al diez por ciento del valor anual de los contratos a los que la categoría a obtener les permite accede, y se flexibilizan y precisa las condiciones para la consideración a dichos efectos del patrimonio neto a fecha posterior a la de las últimas cuentas anuales aprobadas.
  2. Se modifica el artículo 67 del RGCSP, relativo al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al que se añaden datos adicionales a incluir en los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros y servicios; y se da una nueva redacción, más precisa, de los criterios de selección de los contratos de obras, de suministros y de servicios respectivamente, incorporando de modo expreso y actualizado la relación de criterios alternativos de selección del empresario, tanto relativos a su solvencia económica y financiera como relativos a su solvencia técnica y profesional, a disposición del órgano de contratación para su incorporación a los pliegos. 
  3. Se delimita el ámbito de trabajos incluidos en cada subgrupo en los términos definidos por el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo, estableciendo la correspondencia entre los subgrupos de clasificación y los códigos CPV de las actividades de servicios que corresponden a cada uno de ellos11.

El Real Decreto cuenta además con dos disposiciones adicionales y cinco transitorias. Las dos disposiciones adicionales habilitan al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para actualizar12, tanto la relación de subgrupos de clasificación como la correspondencia entre éstos y los códigos CPV en cada momento vigentes; y desconcentran competencias. Las disposiciones transitorias establecen, entre otros extremos, el régimen aplicable a los expedientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor así como habilitan plazos en relación con el mantenimiento de los efectos acreditativos de la solvencia del empresario de ciertas clasificaciones y en relación con la vigencia de clasificaciones subsistentes.