El 20 de junio de 2016 Oi SA, la cuarta empresa brasileña de telecomunicaciones, con sede en Río de Janeiro, presentó la solicitud de reorganización judicial más grande en la historia de Brasil, tras el colapso de negociaciones con acreedores para reestructurar deuda. La solicitud de Oi y sus seis subsidiarias comprenden en total una deuda de 65.4 billones de reales (USD19.26 billones). La empresa también solicitó la protección Chapter 15 en los EE.UU. A partir de la fecha de presentación se suspenden la acumulación de intereses, multas, correcciones monetarias y cargos por retrasos, los cuales sólo podrán aplicarse si la reorganización se convierte en una bancarrota. Esta situación probablemente activará pagos de USD14 billones en contratos de derivados que están diseñados para pagar en caso de incumplimientos de deuda.

La deuda de Oi se ha ido acumulando desde 2009, en gran medida asociada con la concreción de dos fusiones, inicialmente con Brasil Telecom y después con Portugal Telecom. Éstas no fueron exitosas, al no haber generado flujo de caja suficiente para financiar los requerimientos de inversión de Oi. Oi opera parte de las líneas fijas brasileñas, lo que ha resultado oneroso – la empresa tiene la obligación de ampliar y mantener una red obsoleta y ha incurrido gastos significativos durante varios años para lograr los objetivos de expansión de líneas fijas. En contraste, Oi cuenta con una penetración limitada en los mercados de teléfonos móviles y banda ancha, los segmentos de telecomunicaciones más críticos y rentables del sector telecomunicaciones brasileño. Al 31 de marzo de 2016 Oi había reportado deudas brutas de aproximadamente 50 billones de reales (USD14.72 billones) y aproximadamente 38.9 billones de reales (USD11.39 billones) son propiedad de tenedores de deuda internacionales.

Los accionistas de Oi han resistido la propuesta de los acreedores de convertir un total de 25 billones de reales (USD7.32 billones) de deuda a acciones. Este plan hubiera diluido significativamente las acciones de la empresa, proporcionando un 95 por ciento de la empresa reestructurada a sus tenedores de deuda. Los accionistas rechazaron ese prospecto y se cayeron las negociaciones. Fitch Ratings ha reducido la calificación de Oi de CCC a C, por debajo de la calificación de inversión.

El 49.23 por ciento de las acciones de la empresa flotan libremente, mientras que el resto del capital de Oi no está cotizado en bolsa. El accionista principal es Bratel BV, un vehículo de inversión formado por ex accionistas de Portugal Telecom. Los otros actores principales son Moelis, un banco de inversión que asesora cerca del 40 por ciento de los bancos de inversión acreedores, y la banca comercial y de desarrollo brasileña que conjuntamente cuenta con aproximadamente 30 por ciento de la deuda de la empresa.

Las subsidiarias de Oi que también solicitaron protección son Oi Móvel, Telemar Norte Leste, Copart 4 Participações, Copart 5 Participações, Portugal Telecom International Finance y Oi Brasil Holdings Coöperatief.

El proceso de reorganización, el cual se espera dure cuando menos dos años y medio, estará supervisado por los tribunales y un fideicomisario judicial. La junta de Oi continuará administrando el negocio de la empresa pero estará bajo escrutinio adicional, particularmente del comité de acreedores, el cual sin duda estará vigilante del cumplimiento de los deberes de los directivos y funcionarios de la empresa.