1.- Introducción

El pasado día 2 de febrero se publicó en el Diario Oficial de Unión Europea la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (la “Nueva Directiva” o “IDD”), que propone una revisión de su predecesora, la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros (“IMD”).

La Nueva Directiva, en un intento de armonización mínima, persigue, de una parte, brindar de mayor protección a los consumidores de productos de seguro y, de otra, facilitar el acceso a la actividad a todos aquellos actores involucrados en la distribución de productos de seguro, tratando de establecer condiciones equitativas para el ejercicio de estas actividades, todo ello sin perjuicio de que los Estados miembro puedan adoptar disposiciones más estrictas para la protección de los clientes.

En un intento por equilibrar las prácticas de comercialización desarrolladas por los diversos canales de distribución de seguros, IDD comprende una regulación más amplia que abarca cualquier modalidad de distribución de productos de seguros, sin limitarse a la actividad desarrollada por los mediadores de seguros hasta la fecha.

En la medida en que IDD se refiere a la distribución tanto de productos de seguro como de reaseguro, las referencias realizadas en esta alerta a los productos de seguro deberán entenderse referidas también a los productos de reaseguro.

2.- Principales aspectos

Esta alerta pretender identificar, de forma sumaria, las principales modificaciones introducidas por IDD sobre la actividad de distribución de seguros.

2.1.- Ámbito subjetivo

Como ha quedado apuntado en la parte introductoria de esta alerta, IDD ha ampliado considerablemente el ámbito subjetivo de la normativa reguladora de la distribución de seguros. A estos efectos, los siguientes actores quedarán sujetos a las prescripciones de IDD en lo relativo a sus actividades de distribución de seguros:

  • Cualquier persona (física o jurídica) que comercialice productos de seguro, incluidas las entidades aseguradoras. Esta amplitud responde a la finalidad de establecer condiciones equitativas en el desarrollo de la actividad de distribución, especialmente entre los canales de venta directa y los de comercialización a través de intermediarios;
  • Cualquier persona (física o jurídica) que desarrolle actividades asistenciales en la administración y gestión de contratos de seguro, incluyendo a aquéllos que actúen por cuenta de una entidad aseguradora (tales como las empresas de gestión de siniestros);
  • Intermediarios de seguros complementarios. El régimen que establece IDD para estos operadores es menos riguroso. Los Estados miembro podrán requerir a las entidades aseguradoras y a los distribuidores que sean éstos los que asuman una mayor responsabilidad por la actuación de los intermediarios complementarios. En relación con estos intermediarios complementarios, se exceptúan del ámbito de aplicación de IDD a aquéllos que cuyas actividades puedan encuadrarse dentro de la denominada “connected contracts' exemption”, que también se actualiza por medio de IDD. En adelante, esta excepción será de aplicación cuando (i) el seguro comercializado sea complementario del bien o del servicio suministrado por algún proveedor, siempre que dicho seguro cubra (a) la avería, pérdida o daño del bien o la no utilización del servicio suministrado por dicho proveedor, o (b) los daños o la pérdida de equipaje y demás riesgos relacionados con el viaje contratado con dicho proveedor; y (ii) la prima no supere los 600 EUR en cómputo anual, o los 200 EUR, si la duración del servicio es inferior o igual a tres meses;
  • Los llamados comparadores de seguros (agregadores), cuando el cliente pueda celebrar un contrato de seguro directa o indirectamente utilizando su sitio web u otros medios.

2.2.- Libre prestación de servicios y libertad de establecimiento (“FoS” y “RoE”)

Los procedimientos para el ejercicio transfronterizo de actividades de distribución de seguros se regulan en términos análogos a los existentes en la actualidad, si bien existe una clara voluntad en la norma de reducir los plazos de que disponen las autoridades de los Estados de origen y de acogida para cursar las solicitudes formuladas por los intermediarios de seguros, en particular, en el caso de la libertad de establecimiento.

Adicionalmente, con el fin de facilitar el conocimiento y aplicación de las normas de interés general por los intermediarios de seguros foráneos, IDD establece que los Estados miembro deberán contar con un punto de contacto único a través del cual se ofrezca información sobre sus normas de interés general. Asimismo, en caso de que exista más de un registro en un Estado miembro, éste deberá crear un punto único de información que permita un acceso fácil y rápido a la información procedente de sus diferentes registros, permitiendo también la identificación de las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

Por último, en lo relativo al régimen de infracciones, cualquier incumplimiento deberá ser trasladado por la autoridad del Estado miembro de acogida a la del Estado miembro de origen en primera instancia, para que sea éste el que adopte las medidas correctoras oportunas frente a la infracción detectada. No obstante, si las medidas oportunas no consiguieran paliar las infracciones detectadas, o si dichas medidas fuera insuficientes (o inexistentes), persistiendo el intermediario de seguros en una actuación claramente perjudicial a gran escala para los consumidores del Estado miembro de acogida o para el buen funcionamiento del mercado, el Estado miembro de acogida podrá adoptar las medidas oportunas para evitar nuevas infracciones.

2.3.- Organización y requisitos para el ejercicio de la actividad

IDD incide en el ejercicio profesional de las actividades de distribución de seguros, para lo cual establece que los Estados miembro deberán garantizar que los distribuidores de seguros, así como los empleados de las entidades aseguradoras, poseen los conocimientos y las aptitudes necesarios para desempeñar sus funciones adecuadamente.

A estos efectos, y sin perjuicio de la capacidad y formación que los intermediarios de seguros deben acreditar para el acceso a las actividades de distribución, IDD introduce la obligación de establecer mecanismos de formación continua adaptados a las actividades desarrolladas en cada caso por éstos.

Con respecto a la responsabilidad derivada de las actuaciones realizadas por los intermediarios de seguros, IDD establece la obligación de que dispongan de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la Unión, u otra garantía equivalente para las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, por importe de, al menos, 1.250.000 EUR por siniestro y, en total, 1.850.000 EUR por año, salvo que dicho seguro o garantía ya esté cubierto por la entidad aseguradora por cuya cuenta actúe el intermediario de seguros, o cuando la entidad asuma responsabilidad plena por los actos realizados por el intermediario.

2.4.- Información y normas de conducta

IDD solicita a los Estados miembro que garanticen que los intermediarios de seguros actúen siempre respetando los principios de “honestidad, equidad y profesionalidad, en beneficio de los intereses de sus clientes”, para lo que, añade la Nueva Directiva, toda la información que sea proporcionada por los intermediarios de seguros a sus clientes debe resultar “precisa, clara y no engañosa”.

Con el fin de garantizar el respeto a estos principios, los Estados miembro deberán velar porque los distribuidores de seguros no sean remunerados ni evalúen a sus empleados de forma que exista un conflicto con su obligación de actuar en beneficio de sus clientes. En particular, no podrán establecerse sistemas de incentivos que promuevan la recomendación de un determinado producto a un cliente, si el distribuidor está en condiciones de ofrecerle un producto distinto que se adapte mejor a sus necesidades.

2.5.- Conflicto de intereses

Entre la información que los intermediarios de seguros deben proporcionar a sus clientes con carácter previo a la celebración del contrato de seguro, destacan los siguientes datos:

  • Eventual participación del distribuidor de seguros en una entidad aseguradora (a partir de la titularidad, directa o indirecta, del 10% del capital social o de los derechos de voto);
  • Eventual participación de una entidad aseguradora en el distribuidor (a partir de la titularidad, directa o indirecta, del 10% del capital social o de los derechos de voto);
  • Tipo de asesoramiento realizado para el ofrecimiento de los productos de seguro en cuestión;
  • Naturaleza de la remuneración percibida en relación con el contrato de seguro, obligación que se extiende a las entidades aseguradoras, cuando éstas realizan directamente la distribución de sus productos.

2.6.- Ventas cruzadas

IDD regula de forma general las ventas cruzadas de productos de seguro, situaciones éstas en las que se ofrece un producto de seguro vinculado a otro tipo de servicios o productos, como parte integral de un producto combinado.

En estos supuestos, el distribuidor de seguros deberá informar al cliente, entre otros aspectos, de la posibilidad de adquisición separada de cada uno de los productos y servicios que componen su oferta, y, en tal caso, ofrecer una descripción adecuada de los diferentes componentes del producto combinado, justificando los gastos y costes relativos a cada componente.

En todo caso, como ya se anuncia en la exposición de motivos de IDD, esta regulación en modo alguno debe afectar a la distribución de contratos de seguro multirriesgo, que, como tales, no deben ser considerados dentro del concepto de venta cruzada.

2.7.- Productos de inversión basados en seguros

El capítulo VI de IDD introduce un régimen de información ampliado para la distribución de productos de inversión basados en seguros que realicen las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros. Adicionalmente, se establecen determinadas reglas para detectar y prevenir situaciones de conflicto de interés entre las entidades de seguros y los distribuidores, incluidos sus directivos y empleados.

3.- Trasposición al Derecho de los Estados miembro

IDD prevé que los Estados miembro adapten su normativa doméstica a las disposiciones de la Nueva Directiva antes del 23 de febrero de 2018.

Adicionalmente, los Estados miembro deberán adoptar las medidas necesarias para que todos los intermediarios de seguros ya registrados, según las reglas de la vigente IMD, cumplan las normas de capacitación profesional y organización (artículo 10.1 de IDD) antes del 23 de febrero de 2019.