1. También como texto refundido e igualmente con la potestad delegada recibida por el Gobierno mediante la Ley 20/2014, de 29 de octubre, el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de oc- tubre (BOE de 24 de octubre), aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo como hiciera con la Ley del Estatuto de los Trabajadores en la misma fecha. Cuarenta y dos artículos, ocho disposiciones adicionales, cuatro transitorias y tres finales conforman un texto destinado a regularizar, aclarar y armonizar la compleja y prolija regulación sobre el empleo.

Un título preliminar sobre la política de empleo y tres títulos más configuran el contenido de la norma. El primero, destinado a perfilar el Sistema Nacional de Empleo con la regulación sobre el Servicio Público de Empleo Estatal, los servicios públicos de empleo de las comunida- des autónomas y la financiación del sistema. El título II, con el desarrollo de los servicios del Sistema Nacional de Empleo  prestados por los servicios públicos de empleo. En él se abordan aspectos sobre los usuarios de los servicios y el acceso a éstos de las personas desempleadas. Por último, el título III recoge los instrumentos de política de empleo tales como la intermediación laboral, las políticas activas de empleo o la coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo.

  1. Se define como política de empleo el conjunto de las decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas para  desarrollar programas y medidas tendentes a la consecu- ción del pleno empleo, así como de la calidad en el empleo, la adecuación cuantitativa y cua- litativa de la oferta y la demanda de empleo  y la reducción y la debida protección de las situaciones de desempleo. Entre sus objetivos destaca el de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo, el mantenimiento de un sistema eficaz de protección ante situaciones de desempleo con políticas activas y prestaciones de desempleo, la adopción de un enfoque preventivo frente al desempleo —especialmente al de larga dura- ción, facilitando una atención individualizada a los desempleados—, la garantía de políticas dirigidas a la integración de colectivos con mayor dificultad de inserción laboral —jóvenes, mujeres, discapacitados, mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración—, la atención a los fenómenos migratorios internos y externos o el fomento de la cultura empren- dedora y el espíritu empresarial.

La coordinación de la política de empleo co- rresponde al Gobierno por medio del Ministe- rio de Empleo y Seguridad Social, pero son las comunidades autónomas las que pueden de- sarrollar la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de los programas y me- didas transferidos. Por lo demás, en su diseño y modelo de gestión, la política de empleo de- berá tener en cuenta su dimensión local para ajustarla a las necesidades del territorio de manera que favorezca y apoye las iniciativas de generación de empleo en dicho ámbito.

  1. Se entiende por Sistema Nacional de Empleo el conjunto de estructuras, medidas y accio- nes necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. El Sistema Nacional de Empleo está integrado por el Servicio Públi- co de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Entre sus fines se encuentra el de ofrecer un servicio de empleo público y gratuito a trabajadores y empresarios capaz de captar las ofertas de em- pleo del mercado de trabajo con una atención eficaz y de calidad. Para ello, deberá facilitar la información necesaria que permita a los de- mandantes de empleo encontrar un trabajo o mejorar sus posibilidades de ocupación y a los empleadores contratar los trabajadores adecua- dos apropiados a sus necesidades, asegurando el principio de igualdad en el acceso a los servi- cios tanto a trabajadores como a empresarios. Habrá de impulsar, asimismo, la cooperación entre el servicio público y las empresas en aquellas acciones de políticas activas y cualifi- cación profesional que éstas desarrollen y que puedan resultar efectivas para la integración laboral, la formación o la recualificación de los desempleados.

Para desarrollar su labor, el servicio público dispone de la «Estrategia española de acti- vación para el empleo» (análisis de situación, tendencias del mercado de trabajo, objetivos estratégicos, marco presupuestario, fuentes de financiación, gestión de fondos, etc.), los planes anuales de política de empleo (según las previsiones formuladas por las comunida- des autónomas) y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (un sis- tema de información común que se organiza- rá con una estructura informática integrada y compatible y un portal único de empleo que posibilite la difusión de las ofertas, demandas y oportunidades de empleo y formación en todo el Espacio Económico Europeo).

  1. El Servicio Público de Empleo Estatal es el or- ganismo autónomo de la Administración Ge- neral del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo. Como organismo autónomo, tiene personalidad jurídica propia e independiente, plena capaci- dad de obrar, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. Se articula en torno  a una estructura central y a otra periférica para el cumplimiento de sus competencias. Las or- ganizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán, de forma tripartita y paritaria, en sus órganos correspondientes.

Una de sus principales funciones es la gestión del Observatorio de Ocupaciones como red nacional que analiza la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo en colaboración con las comunidades autónomas. Se trata también del órgano encargado de gestionar y controlar las prestaciones por desempleo mediante sis- temas de cooperación con los servicios públi- cos autonómicos.

El Estado, mediante este servicio público esta- tal, tiene la competencia en materia de fondos de empleo, fondos que deberán figurar en su presupuesto debidamente identificados y de- sagregados. En la distribución de éstos a las comunidades autónomas se concretará aque- lla parte destinada a políticas activas de em- pleo para colectivos específicos. Deberán ser objeto de devolución aquellos fondos que no hayan sido utilizados para el fin establecido salvo que, por circunstancias excepcionales, sobrevenidas y de urgente atención hayan de- bido emplearse en fines distintos. Cuando las políticas activas de empleo estén cofinancia- das por fondos de la Unión Europea, las co- munidades autónomas que se hayan hecho cargo de su gestión asumirán, igualmente, la responsabilidad financiera derivada del cum- plimiento de los requisitos de la legislación co- munitaria. Se prevé la creación de un fondo de políticas de empleo en el servicio público con la finalidad de atender necesidades futuras de financiación.

  1. Los servicios públicos de empleo prestarán servicios a las personas desempleadas, a las personas ocupadas y a las empresas, indepen- dientemente de su forma jurídica. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo recogerá los servicios cuya prestación deberá ser garantizada en todo el territorio nacional y por todos los servicios públicos de empleo. El acceso a determinados servicios requerirá la inscripción como demandante de empleo tanto de las personas desempleadas como de las ocupadas.

Se configura como un derecho para las perso- nas desempleadas la articulación de un itine- rario individual y personalizado en función del perfil profesional, competencias profesionales, necesidades y expectativas de la persona, junto con la situación del mercado de trabajo y con criterios vinculados con la percepción de prestaciones, la pertenencia a colectivos defi- nidos como prioritarios y los que se determi- nen dentro del marco del Sistema Nacional de Empleo.

Como principal instrumento de la política de empleo, el legislador establece la intermedia- ción laboral. Se trata de un conjunto de accio- nes que tienen por objeto poner en contac-  to las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades. También se considera intermediación laboral la activi- dad destinada a la recolocación de los trabaja- dores que resulten excedentes en procesos de reestructuración empresarial cuando aquélla hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en planes sociales o programas de recolocación.

Como agentes de intermediación figuran tanto los servicios públicos como las agencias de co- locación. Estas últimas, entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, podrán de- sarrollar su actividad de intermediación junto con actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como la orientación e infor- mación profesional y la selección de personal. Podrán ejercer como tales tanto las personas físicas como las jurídicas, incluidas las em- presas de trabajo temporal siempre que pre- senten, con carácter previo, una declaración responsable.

Particular consideración merece en la ley la discriminación en el acceso al empleo. Los servicios públicos, sus entidades colaborado- ras y las agencias de colocación deberán velar específicamente para evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el acceso al empleo. Los gestores comunicarán a quienes formulen la oferta el carácter  discriminatorio de ésta cuando así lo aprecien. Se conside- ran, en particular, discriminatorias las ofer- tas referidas a uno de los sexos, salvo que   se trate de un requisito profesional esencial   y determinante de la actividad que se vaya a desarrollar. En todo caso, se califica como discriminatoria «la oferta referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico» (art. 35.2).

  1. Constituyen políticas activas de empleo los ser- vicios y programas de orientación, empleo y for- mación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo —por cuenta ajena o propia— de las personas desempleadas, al mantenimien- to del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social. Especial mención merece la regulación del sistema de formación profesional para el empleo en el ám- bito laboral del artículo 40 de la norma. Se trata de un conjunto de iniciativas, programas e instrumentos que tienen como finalidad el impulso y la extensión entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados de una formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de los trabajadores y a su promoción en el trabajo para responder a las necesidades del mercado laboral y que esté orientada a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y de la competitividad empresarial.

En coordinación con la protección por desem- pleo, la ley establece que los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo deberán inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que implicará la suscripción ante éste del com- promiso de actividad. Aquellos que lo deseen podrán requerir los servicios de las agencias de colocación. En todo caso, la inscripción como demandante de empleo supone la plena disponibilidad para aceptar una oferta de colo- cación adecuada y para cumplir el resto de las exigencias derivadas del compromiso de acti- vidad, el cual se entenderá suscrito desde la fecha de solicitud de prestación o subsidio.

En este contexto, se fija como objetivo la co- nexión de los procesos de gestión y de los sistemas de información relacionados, la cola- boración en la ejecución de actividades, la co- municación de la información necesaria para el ejercicio de las respectivas competencias, la prestación integrada de servicios a los deman- dantes de empleo solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo y la aplica- ción de intermediación, de medidas de inser- ción laboral y de planes de mejora de la ocu- pabilidad y disponibilidad del colectivo.

  1. Según la última encuesta de población activa difundida este mismo mes de octubre, el número total de desocupados (que no de desempleados) descendió a 4 850 800 (por debajo de los cinco millones, algo que no ocurría desde el 2011). La tasa de paro se sitúa en el 21,18 %, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social y teniendo en cuenta que el tercer trimestre desarrolla habitualmente una contratación estacional, en particular, en la hostelería. La cifra más preocupante sigue siendo la del desempleo juvenil, con un 46,6 % de po- blación en paro entre los menores de veinticinco años.

La antigua Ley 56/03, de 16 de  diciembre (BOE de 17 de diciembre), de Empleo, re- quería una refundición por la prolífica actua- ción del legislador en esta materia en la últi- ma década. Entre sus principales objetivos declarados, esta ley pretende incrementar la eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de incor- poración, y aún persigue el objetivo del pleno empleo por medio de la movilización y optimi- zación de todos los recursos disponibles. Pero la realidad es tozuda y sigue sin funcionar con eficacia la relación entre la oferta y la demanda, siguen sin vincularse con acierto las políticas ac- tivas y pasivas de empleo y siguen sin conectar el modelo educativo y el productivo.