La última reforma del código penal ha modificado los tipos penales en materia de propiedad intelectual e industrial, cuya última redacción databa esencialmente del año 2003. Tras la reciente puesta al día de la legislación civil en materia de propiedad intelectual, el legislador ha pretendido adaptar los tipos penales a la realidad actual, al uso cada vez más relevante de las nuevas tecnologías y a la incidencia que tienen las mismas en la infracción de estos derechos, para lo que no sólo ha modificado los tipos preexistentes, sino que ha añadido nuevos. 

Las principales novedades que ha introducido la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio, consisten en ampliar los tipos penales a fin de incluir conductas que, hasta la fecha, no eran penalmente reprochables. Así, de un lado, el elemento subjetivo del “ánimo de lucro” requerido en los delitos contra la propiedad intelectual ha sido sustituido por el “beneficio económico directo o indirecto”, lo que permitirá perseguir conductas en las que el lucro derive directamente de la actividad infractora. De otro lado, a las conductas tipificadas en la anterior redacción del código penal (reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente) se les añade una nueva cláusula general de cierre que permite perseguir prácticamente cualquier conducta que tenga una incidencia en los derechos de propiedad intelectual: “o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte”.

Asimismo, en lo que concierne a los delitos de propiedad intelectual también se ha previsto la posibilidad de que las personas que faciliten de “modo activo y no neutral, y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización” de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual sean imputables. Dicha modificación complementa la reforma que se realizó a la normativa sobre propiedad intelectual a través de la reciente Ley 21/2014, que permite actuar contra todas aquellas personas que dolosamente induzcan a la infracción de derechos de propiedad intelectual; contra aquellas que cooperen con la misma, conociendo de la infracción o teniendo indicios razonables para conocerla; y contra quienes teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora cuenten con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.

Por su parte, en lo que afecta a derechos de propiedad industrial, la reforma se ha centrado en reclasificar los delitos ya existentes a fin de ajustar las penas en función de su gravedad. Además, se ha prestado una especial atención a la venta al por menor de mercancías que infringen dichos derechos (casos tales como los denominados top manta), con el fin de que el juez pueda imponer la pena con mayor margen de libertad en atención a las características del culpable o el beneficio económico obtenido.

Sólo el paso del tiempo permitirá evaluar el éxito de esta reforma para responder a las infracciones más graves de derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales han sufrido un indudable crecimiento exponencial con el desarrollo de las nuevas tecnologías. En cualquier caso y a pesar de su proliferación, debe destacarse la apuesta clara del legislador por el principio de intervención mínima del derecho penal: si bien se refuerza los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, también es cierto que las faltas en este ámbito han sido suprimidas, lo que debería fomentar la resolución civil de este tipo de conflictos.