Tras el fallido intento de aprobar en esta legislatura un nuevo código procesal penal que sustituiría a la decimonónica y vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Congreso ha aprobado el pasado 5 de octubre dos normas (una con rango de ley orgánica y otra, de ley ordinaria) que modifican la norma rituaria penal, renunciando a aprobar algunas de las medidas más revolucionarias que fueron anunciadas en el 2013, como la desaparición de los jueces de instrucción para encomendar la investigación de las causas penales al ministerio fiscal.

No obstante ser una reforma de alcance mucho más limitado que el texto de la propuesta de código procesal que manejó el Ministerio de Justicia, la reforma introduce algunas y relevantes medidas por su alcance jurídico-sustantivo y práctico. Éstas son las principales novedades:

1. Generalización de la segunda instancia en el proceso penal.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había apuntado en varias ocasiones que el sistema español adolecía de falta de garantías al no contar con un sistema de doble instancia para todos los procedimientos en la jurisdicción penal. Efectivamente, nuestro sistema hasta la fecha no preveía la posibilidad de apelar las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (sentencias que se refieren a los delitos más graves y con penas más severas). Frente a estas sentencias solamente cabía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Pues bien, la reforma introduce una segunda instancia creando la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra estas sentencias que será resuelto por las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, o por una nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

2. Reforma y ampliación del ámbito del recurso de casación.

Por una parte, se amplía y generaliza el ámbito del recurso de casación, permitiendo que las sentencias dictadas en segunda instancia por las audiencias provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (es decir, en casos fallados en primera instancia por los juzgados de lo Penal) sean recurribles en casación por infracción de ley.

La reforma permite, por tanto, el acceso al Tribunal Supremo de recursos referentes a determinados delitos de menor gravedad que —por las penas establecidas en el Código Penal— difí- cilmente eran analizados por el alto tribunal. De esta manera se producía una grave distorsión de nuestro sistema jurídico, ya que había interpretaciones de dichos delitos por parte de la denominada «jurisprudencia menor» (dictada por las audiencias provinciales) divergentes, o directamente contradictorias, según el ámbito provincial en el que se produjeran unos determinados hechos. Se corrige esta peculiaridad del sistema jurisdiccional penal garantizando que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra en la interpretación legal de todos los tipos delictivos. Aunque, en previsión de evitar un colapso del tribunal por un excesivo incremento de recursos de casación, se permite que los recursos contra estas sentencias (de las audiencias provinciales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en segunda instancia) puedan ser inadmitidos por falta de interés casacional mediante providencia sucintamente motivada.

En segundo lugar, se excluye la posibilidad de interponer recurso de casación contra las sentencias que se limiten a declarar la nulidad de las resoluciones recaídas en primera instancia.

3. Desaparece el «imputado» y se regula la necesidad de proteger la imagen del detenido

Con la finalidad de aminorar el perjuicio al honor y a la propia imagen que socialmente supone la utilización del término «imputado» —que sirve para designar a alguien afectado por un procedimiento penal, pero contra quien todavía no hay cargos formales ni indicios definitivos de criminalidad, sino meras sospechas—, el legislador ha optado por sustituir dicha expresión por el término «investigado». Una vez concluya la fase de instrucción con un pronunciamiento por parte del juez en el que ordene continuar el procedimiento contra una persona por considerar que existen suficientes indicios de criminalidad, pasará a denominarse «encausado».

Con la misma finalidad, se establece la necesidad de que la detención o prisión provisional se practiquen de la manera que menos perjudique al detenido, teniendo la obligación tanto los jueces que las acuerden como los miembros de las fuerzas de seguridad que las ejecuten y que trasladen a los detenidos de velar por el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen del detenido o preso. Dado que esta medida se interpretó en fase de tramitación parlamentaria como una posible vía de cercenar el derecho de los medios de comunicación a ofrecer imágenes de detenidos y presos de interés periodístico y público, se ha añadido la expresa mención de que todo ello deberá efectuarse también con respeto al derecho a la información, lo que, probablemente, dará lugar a conflictos de interpretación entre los dos grupos de derechos fundamentales aludidos cuando se produzcan estas situaciones.

4. Plazos máximos para finalizar la instrucción de los procedimientos.

La instrucción de los asuntos tendrá un plazo máximo general de seis meses. No obstante, la instrucción de los procedimientos complejos (cuando se investiguen organizaciones criminales, haya múltiples delitos o víctimas, sean necesarias periciales complejas, haya actuaciones en el extranjero…) será de dieciocho meses.

Esta medida que pretende agilizar la tramitación de las causas penales puede quedar sin un efecto práctico relevante, dado que se prevé que la Fiscalía o alguna parte pueda solicitar una prórroga por otros dieciocho meses e incluso, de forma excepcional (aunque no se establece ningún criterio que sirva para definir dicha excepcionalidad), una segunda prórroga adicional. Además, la ley establece que el transcurso del plazo máximo no conllevará el archivo de las actuaciones, lo cual parece dejar vacío de contenido este sistema de plazos máximos para la instrucción.

5. Nuevas reglas de conexidad de delitos. Reducción de las «macrocausas».

Se establecen unas nuevas reglas de conexidad de delitos tendentes a aminorar la acumulación de delitos y hechos en una sola investigación judicial. Se introduce como criterio general que el juez, a instancias del ministerio fiscal, deba valorar «la excesiva complejidad o dilación del proceso» que pueda ser producida por la instrucción conjunta de delitos conexos. De esta forma, se mantiene la tradicional posibilidad de acumular en una causa diversos delitos, pero siempre primando evitar una excesiva duración o complejidad del proceso.

6. Reglas sobre las medidas de investigación relacionadas con las nuevas tecnologías que afecten a derechos fundamentales.

Una parte muy extensa de la reforma se centra en la introducción de un minucioso y detallado procedimiento para solicitar y autorizar judicialmente las investigaciones policiales relacionadas con nuevas tecnologías: interceptación de comunicaciones electrónicas, acceso a correos electrónicos o a bases de datos ubicadas en la nube, captación y grabación de conversaciones mediante sistemas de escucha, requerimiento de información o de facilitación técnica de las investigaciones a los proveedores de servicios, etc.

La reforma viene a modernizar la ley que se había quedado parcialmente obsoleta, obligando a los tribunales a realizar interpretaciones, en ocasiones un tanto forzadas, sobre las tradicionales normas relativas a la interceptación de correo postal, teléfono o telegramas para adaptarlas a las nuevas formas electrónicas y telemáticas de comunicación y almacenamiento de datos. La reforma, además, aclara y detalla los motivos y procedimientos que debe seguir la policía judicial para llevar a cabo este tipo de investigaciones bajo la supervisión del juez, así como el contenido, límites, plazos y elementos que deben contener las resoluciones del juez que autorice tales medidas de investigación.

7. Incorporación de normativa europea relativa al derecho de defensa.

Se incorporan reglas contenidas en la Directiva 2013/48 del Parlamento Europeo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea. Entre otras menciones, se alude de forma expresa al derecho del detenido a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

Una de las repercusiones prácticas más relevantes de la transposición de la normativa europea es que el detenido tendrá derecho a entrevistarse con su abogado antes de prestar declaración en sede policial. Hasta la fecha, el letrado únicamente podía asistir al acto de la declaración y solicitar que se informase a su representado de sus derechos fundamentales, pero no podía comunicarse directamente ni asesorarlo hasta después de tal acto.

8. Otras novedades.

La reforma, adicionalmente, prevé otras novedades, como las siguientes: a) se crea un procedimiento de decomiso autónomo de bienes procedentes de delito; b) se incorpora un proceso de finalización del procedimiento judicial por aceptación del decreto del ministerio fiscal (que profundiza y agiliza el sistema de conformidades); c) se establece que los atestados policiales por delitos sin autor conocido no serán remitidos a los juzgados para evitar la sobrecarga de trabajo; d) se prevé expresamente como motivo del recurso de revisión de sentencias firmes que se haya producido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; e) se regula la figura del agente encubierto informático.

La reforma entrará en vigor el 6 de diciembre del 2015, a excepción de las medidas relativas a las garantías del detenido, al ejercicio del derecho de defensa y a la asistencia letrada, que lo harán el 1 de noviembre.

Las nuevas normas se aplicarán a los procedimientos que se incoen con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma con dos excepciones: 1) en el supuesto del artículo 954.3, la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisión tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afectará a cualquier sentencia dictada por un tribunal español que adquiera firmeza tras su entrada en vigor, y 2) los procedimientos en curso en fase de instrucción se verán afectados por los límites temporales máximos establecidos en la ley; su cómputo empezará desde cero a partir del 6 de diciembre del 2015.