El pasado viernes 11 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, y cuya tramitación parlamentaria seguimos en diversas entradas de este blog (pueden ser consultadas aquí, y aquí).

Mediante la referida Ley se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ), introduciendo un nuevo artículo 235 ter, conforme al cual se permite la publicación de extractos de resoluciones judiciales cuando concurran los siguientes requisitos:

  • Se trate de sentencias condenatorias firmes.
  • Dichas condenas se deriven de la comisión de delitos que afecten, en palabras del legislador, a “materias especialmente relevantes para el control fiscal”, es decir:
    • Delitos contra la Hacienda Pública (artículos 305, 305 bis y 306 del Código Penal);
    • Delitos de frustración de la ejecución (artículos 257 y 258 del Código Penal), cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pública;
    • Delitos de contrabando (artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando), siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pública estatal o de la Unión Europea.
  • Antes de la firmeza de la sentencia, el condenado o, en su caso, el responsable civil, no hayan satisfecho o consignado la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública.

En caso de concurrir todos los elementos expuestos, el Secretario Judicial ordenará la publicación en el BOE de un extracto del fallo condenatorio, en el que se hará constar únicamente los datos que permitan identificar el procedimiento judicial, el condenado y, en su caso, responsable civil, el delito por el que ha sido condenado, las penas impuestas por ello, así como el importe relativo al perjuicio total causado a la Hacienda Pública. Mediante este sistema se pretende salvaguardar la protección de aquellas otras personas físicas cuyos datos también puedan ser parte del procedimiento judicial y puedan figurar en el fallo o en el resto de la sentencia. En efecto, tal y como se señala en la Exposición de Motivos de la Ley, a través del extracto se pretende limitar el ámbito de la publicidad a aquellos extremos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad perseguida.

Según señalamos en anteriores entradas, la aprobación de esta Ley permite la aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que legitima la comunicación de datos personales a terceros sin el consentimiento del afectado, siempre que exista una norma con rango mínimo de ley que lo autorice.

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, el derecho a la protección de los datos personales (como vertiente del derecho fundamental a la intimidad personal) claudicaría en el presente caso ante la concurrencia de otros derechos e intereses generales superiores. Tal y como señaló el Consejo General del Poder Judicial, esta Ley persigue alcanzar determinados objetivos de eficacia administrativa y judicial y de máxima transparencia con el fin de garantizar el cumplimiento del deber constitucional de soportar los gastos públicos (artículo 31 de la Constitución Española), como lo demuestra el hecho de que la norma en cuestión no se proyecta sobre toda condena penal sino sobre las que atañen al fraude fiscal, alzamiento de bienes y contrabando.

Lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/2015 será de aplicación a las sentencias que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.