Destacamos este mes la publicación del Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto   a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, el cual supone –entre otros extremos- un nuevo impulso a la constitución de Entidades Asociativas Prioritarias (ahora desde la perspectiva de la eficiencia energética).

Enlaza ello con el hecho de que la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas, pretende una reforma estructural del sector agroalimentario, impulsando un proceso de consolidación y, con él, la aparición de entidades de mayor tamaño que sean capaces de competir en un mercado global . La ley contiene dos instrumentos de desarrollo: el Plan Estatal de Integración Asociativa y el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias . Recordamos que se establece así un régimen jurídico de entidades asociativas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma .

Algunos grupos ya han dado pasos en ese proceso de integración y, al amparo de esa norma y del previo Real Decreto 550/2014 que la desarrolla, han solicitado ya su reconocimiento como entidades asociativas prioritarias . Las ayudas de los fondos europeos destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra autonómico previstas en el posterior Real Decreto 126/2016, permiten anticipar procesos de integración entre ellas, así como la solicitud por parte de otras agrupaciones de ese mismo reconocimiento. En definitiva, el proceso de integración ya ha comenzado y debería intensificarse en los próximos meses .

Como consecuencia de lo anterior, las cooperativas y sociedades que operan en el sector agrario español protagonizarán operaciones corporativas que, hasta le fecha, parecían reservadas a otros sectores de actividad . Tendrán que familiarizarse con los procesos legales de adquisición e integración, y con los tecnicismos y fórmulas propias de estos procesos . En ellos deberán seguirse los patrones habituales de cualquier proceso de adquisición o integración .

Es habitual, como primer paso, que las partes interesadas en una potencial de integración firmen un acuerdo preliminar no vinculante. Es lo que se suele denominar acuerdo de intenciones. En él se apunta el deseo de las partes de explorar las ventajas de una posible integración y los términos, esbozados de manera muy general, en que la misma podría llevarse a cabo . De este documento no se derivará, normalmente, ninguna obligación de integración . Se limita a sentar las bases para que cada una de las partes pueda llevar a cabo un análisis de las demás y calibrar, a la vista del mismo, si realmente la integración es ventajosa y en qué términos. Sí que es importante establecer en esa carta de intenciones las oportunas cautelas que garanticen que ese ejercicio se hará dentro de un marco de confidencialidad y exclusividad.

Ese proceso de análisis es lo que se llama auditoría o due diligence. En él se analiza la situación financiera y los riesgos legales, laborales y fiscales que pueden afectar a las compañías que se van a adquirir o integrar. Ese proceso permitirá valorarlas (y fijar el precio de adquisición o la ecuación de canje y porcentaje de participación en el vehículo que controle los negocios integrados), así como delimitar las contingencias o riesgos legales derivados de la integración y que habrá que cubrir contractualmente en los documentos que regulen la transacción .

Efectuado el análisis, las distintas partes estarán en condiciones de tomar una decisión firme sobre el proceso de integración . En caso de querer seguir adelante con el mismo, se negociará un contrato que regule en detalle los términos y condiciones para llevarlo a cabo.

Este contrato, que sí será vinculante, fijará las condiciones económicas de la integración. Dependiendo de cómo se instrumente (vía adquisición, fusión fría, fusión completa, acuerdo de colaboración o joint venture) se preverá un precio de adquisición, una ecuación de canje que determine el reparto del control en la nueva entidad derivada de la integración o, simplemente, se regularán las aportaciones de unos y otros al negocio conjunto y la manera en la que se repartirán los resultados del mismo .

El contrato también habrá de regular cómo se gestionará el negocio post-integración, la composición de los órganos de gobierno y cómo se adoptan las decisiones en esos órganos (con las obligadas precisiones derivadas de la naturaleza de los partícipes y del fin integrador agroalimentario que las guía). Normalmente el socio mayoritario mantendrá el control de las decisiones ordinarias, pero las más relevantes estarán sujetas a mayorías cualificadas, de forma que se requiera el consenso con los minoritarios. Será importante establecer un buen listado de materias cualificadas, que garantice la participación de todas las partes en las decisiones más relevantes del negocio conjunto, pero que no suponga un bloqueo constante que ponga en riesgo su viabilidad o normal funcionamiento .

El contrato deberá igualmente incluir mecanismos que, en caso de que se materialicen contingencias que afecten a uno de los negocios integrados, permitan a los que aportaron el resto, resarcirse del daño sufrido por ellos o del menor valor que, como consecuencia de esas contingencias, tenga el negocio conjunto resultante de la integración . Esos mecanismos consistirán en derechos indemnizatorios o en ajustes en los porcentajes de participación en el negocio conjunto .

Una vez acordado y firmado el contrato, es habitual prever la formalización de la integración en escritura pública. Es entonces cuando la integración deviene normalmente efectiva (sin perjuicio de los plenos efectos frente a terceros, que resultarán de la inscripción en el registro mercantil si la integración se instrumenta mediante una fusión u operación societaria susceptible de tal inscripción). Es frecuente que la formalización de la escritura que pone fin al proceso de integración, se condicione al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas previstas en el contrato (por ejemplo la obtención del apoyo a la integración de un número mínimo de socios o cooperativas o la obtención de autorizaciones administrativas).

De la mano de la anunciada integración sectorial, estos procesos pueden convertirse en habituales entre las cooperativas y sociedades agrarias . Y ello, a su vez, puede contribuir de forma decisiva la modernización del sector. Téngase en cuenta que estos procesos han de servir no sólo para ganar en escalabilidad, con centros de producción mayores y más competitivos, sino también para dar entrada a capital externo y a inversores que puedan contribuir a acelerar esa modernización . Un sector que está llamado al crecimiento y a la consolidación, considerado estratégico en España, con patrones de control financiero de perfil claramente prudente y conservador, con poca deuda bancaria y con crecimientos y capacidad de generar flujos estables, es un sector claramente atractivo para la inversión .

No cabe duda de que ello podía suponer una nueva etapa para el sector agroalimentario español con la que se abren nuevas oportunidades, retos y nuevos modelos de crecimiento basados en la concentración sectorial y en los procesos de integración. Profesionalizar esos procesos (y el jurídico es uno de los más importantes) será muy importante para mitigar los riesgos asociados a los mismos, garantizar el buen fin de esas integraciones y las sinergias que se pretenden con ellas y, en última instancia, posibilitar y acelerar una consolidación sectorial de bases sólidas de las que resulten grandes grupos, gestionados de forma eficiente y capaces de competir de forma efectiva en los mercados internacionales .