El Tribunal Económico Administrativo Central analiza en su Resolución de 22 de septiembre del 2015 (n.º 366/2013) el momento en el que deben considerarse devengadas, a efectos del impuesto sobre el valor añadido, las operaciones de tracto sucesivo.

Concretamente, en este caso, dichas operaciones se traducían en los servicios de vigilancia y seguridad que la entidad sujeto pasivo del impuesto prestaba al Ayuntamiento de Madrid enmarcados en contratos de tracto sucesivo o continuado que preveían la emisión de facturas mensuales al final de cada periodo y cuyo precio era exigible al término de un plazo de sesenta días desde su recepción por la Administración contratante.

En ese contexto, la entidad prestadora del servicio emitió facturas correspondientes a los meses de mayo y junio del 2010, teniendo en cuenta inicialmente los tipos impositivos vigentes en esas fechas. Sin embargo, con posterioridad y atendiendo al criterio vertido por la Dirección General de Tributos en contestación a una consulta planteada al respecto, la entidad procedió a rectificar las facturas ajustándolas a la subida de tipos que había entrado en vigor el 1 de julio de ese año considerando que el devengo en dichas operaciones se produciría al terminar el mencionado plazo de sesenta días y, por tanto, después de la citada modificación de los tipos de gravamen. Como consecuencia de ello, la entidad ingresó la diferencia de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido resultante de la rectificación de las facturas, modificación que, sin embargo, el Ayuntamiento no admitió, por lo que dicha diferencia nunca se abonó al prestador del servicio.

Ante tales hechos, la entidad que prestaba el servicio solicitó a la Administración la rectificación de su autoliquidación, así como la devolución de los ingresos indebidos que, según su pretensión, se derivaría de aquélla. Tal solicitud se denegó y su resolución fue objeto de la reclamación económico‑administrativa que ahora ha resuelto el Tribunal Económico Administrativo Central.

En defensa de su posición, el demandante invoca la discordancia que, a su juicio, existe entre el tenor literal del artículo 75.uno.7.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE respecto de la cuestión debatida, fruto de lo que, a su juicio, es un defecto de técnica legislativa del legislador español que —termina señalando— debe dirimirse considerando aplicable el precepto comunitario sobre la base de la primacía normativa y la aplicabilidad directa del derecho comunitario.

A esos efectos se recuerda que, mientras que el aludido precepto de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido señala que el devengo en operaciones de tracto sucesivo se produce en el momento en que resulte exigible la parte del precio o contrato (extremo que en el caso planteado se producirá transcurridos sesenta días desde la fecha de recepción de la factura por parte del Ayuntamiento), del artículo 64.1 de la citada directiva se desprende que las prestaciones de servicios que den lugar a cantidades o pagos sucesivos se considerarán efectuadas en el momento de la expiración de los periodos a que tales cantidades exigibles o pagos se refieran (fechas que, en el supuesto planteado, coincidirían con el último día de los meses de mayo y junio, respectivamente).

Ahora bien, no es menos cierto, y así lo recuerda el Tribunal Central, que el artículo 66 de la Directiva 2006/112/CE señala que «no obstante lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65, los Estados miembros podrán disponer que el impuesto sea exigible […], como plazo máximo, en el momento del cobro del precio», extremo que el tribunal examina de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria existente al respecto. Dicho análisis conduce al tribunal a concluir que el artículo 75.uno.7.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido es conforme a lo dispuesto en la citada directiva cuando establece el devengo «en el momento en que sea exigible la parte del precio que comprenda cada percepción», entendiendo así que el legislador ha actuado acogiéndose a la excepción que el artículo 66 de la directiva recoge respecto a la regla general contenida en su artículo 64 en materia de devengo de las operaciones controvertidas.

La entidad reclamante, por su parte, aun reconociendo la existencia de la citada excepción en la norma comunitaria, estima que ésta introduce en su artículo 66 una regla de exigibilidad, y no de devengo, extremo este que el legislador interno no podría haber alterado. El tribunal, sin embargo, no comparte tal argumento y estima que el artículo 66 de la directiva (que comienza señalando «no obstante lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65») constituye una excepción a lo dispuesto en tales preceptos, de modo que la regla de devengo establecida en dicho artículo 64 puede quedar alterada por el ejercicio, por parte de los Estados miembros, de las opciones previstas en el artículo 66 de la directiva.