1. Ley General Tributaria

En el ámbito del derecho tributario general destacamos la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 31 de mayo de 2017 (00094/2017/00/00), recaída en un recurso extraordinario para la unificación de criterio, en relación con la legitimación para poder recurrir embargos de créditos los terceros destinatarios de las correspondientes diligencias de embargo que asumen la obligación de su cumplimiento (es decir, de los deudores del deudor a la Hacienda Pública).

El TEAC establece que quién recibe una notificación de diligencia de embargo para su cumplimiento o ejecución no goza en ese momento procesal de legitimación para interponer frente a la Administración recursos o reclamaciones porque no es sujeto pasivo ni en ese momento responsable por el incumplimiento de la diligencia de embargo que ha sido notificada.

Además de lo anterior, en relación con la eventual existencia de interés legítimo y directo que pudiera resultar afectado por la diligencia de embargo emitida, considera el TEAC que dicha diligencia no es susceptible en ese momento de vulnerar los derechos o intereses de la entidad destinataria, que sólo estaría legitimada para impugnar las actuaciones de derivación de responsabilidad que en su caso, y posteriormente, pudieran dirigirse contra la misma y que pudieran afectar a sus intereses, si se estimase que por culpa o negligencia ha incumplido la orden de embargo o ha colaborado o consentido el levantamiento de los bienes embargados.

El TEAC sostiene que es obligado tributario el receptor y obligado a cumplir una diligencia de embargo de créditos, en la medida en que la Ley General Tributaria establece cual es el contenido específico de la expresión “obligación tributaria”, las cuales pueden ser materiales o formales.

En el caso que nos ocupa es la normativa tributaria la que impone el cumplimiento de una obligación tributaria al destinatario de la diligencia de embargo de créditos: ingresar en el Tesoro el importe del crédito hasta cubrir la deuda.

El TEAC reseña que el criterio que se sienta, reconociendo a los receptores de diligencias de embargo la condición de obligados tributarios, no lo es a efectos de estar legitimados para impugnar la diligencia de embargo alegando la improcedencia del embargo por razones sustantivas o de fondo.

2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Reseñamos la contestación vinculante de la Dirección General de Tributos en la consulta V0745-17, de 23 de marzo de 2017, en la que se analiza la situación de pervivencia de la exención regulada en el artículo 7.e) de la Ley del Impuesto en los supuestos de indemnizaciones por despido cuando el trabajador vuelve a ser contratado por la empresa dentro de los tres años siguientes al despido.

El Centro Directivo concluye que el precepto reglamentario que resulta de aplicación, artículo 1 del reglamento del impuesto, alude al hecho en sí de que se produzca una nueva contratación del trabajador despedido o cesado en las condiciones expuestas (que se trate de la misma empresa u otra vinculada y que se efectúe dentro de los tres años siguientes a la efectividad del despido o cese) sin que, a estos efectos, se especifique el tipo o naturaleza jurídica que deba adoptar el contrato, resultando indiferente tanto su duración como que los servicios prestados por el trabajador despedido dentro de los tres años siguientes deriven de una nueva relación laboral o de la realización de una actividad empresarial o profesional.

La contestación emitida añade, además, que la prestación de servicios dentro del plazo de tres años conlleva la presunción, iuris tantum, de la inexistencia de una real y efectiva desvinculación del trabajador despedido con la empresa, requisito imprescindible para el mantenimiento de la exención.

El interesado podrá acreditar, por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, que en su día se produjo la desvinculación y que los servicios que pasa a prestar al ser recontratado antes de que transcurran tres años desde el despido, por la naturaleza y características de los mismos o por la propia relación de la que derivan, no enervan dicha desvinculación.

Eso sí, la valoración de las pruebas corresponderá a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

3. Impuesto sobre Sociedades

Se plantea la cuestión del tratamiento a efectos del Impuesto sobre Sociedades de determinados gastos en que incurre una empresa como consecuencia de los regalos de bienes de escaso valor que la entidad realiza a sus alumnos con la intención de promocionar la venta de los cursos que imparte, ya que su actividad principal es la edición de manuales para cursos de formación continuada a distancia.

La pregunta que se pretende sea respondida es si el gasto citado, originado por la adquisición de los obsequios, se encuentra afectado, en cuanto a su deducibilidad fiscal, por el límite del 1 por ciento del importe de la cifra de negocios del periodo impositivo establecido en la ley del impuesto.

La Dirección General de Tributos en su contestación vinculante V0242-17, de 31 de enero, hace referencia al precepto legal que se ocupa de la tasación de los gastos fiscalmente no deducibles, entre los que se encuentran los donativos y liberalidades, sin que se entiendan comprendidos entre tales gastos los derivados de atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

Dicho lo anterior, en la contestación se recuerda que los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

Como consecuencia de lo señalado, el criterio administrativo sentado en la contestación establece que el gasto derivado de la entrega de obsequios de escaso valor, con la intención de promocionar la venta de los cursos, constituye un gasto de promoción, por lo que no se encuentra comprendido en la categoría de gastos por atenciones a clientes y, consecuentemente, no está sometido al límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

4. Impuesto sobre el Valor Añadido

Según la nota de prensa hecha pública por el Parlamento Europeo, los ciudadanos podrán pagar menos por los libros y periódicos electrónicos tras el voto favorable del Parlamento Europeo, que permitirá a los países rebajar su IVA, igualándolo al formato en papel.

La propuesta de la Comisión Europea para permitir que los estados miembros reduzcan el IVA de los libros electrónicos, en línea con el aplicado a los libros físicos, fue aprobada por el Parlamento con 590 votos a favor, 8 en contra y 10 abstenciones.

"Nuestra manera de leer ha cambiado muy rápidamente en los últimos años. Ya no tiene sentido aplicar un doble estándar y gravar de manera diferente el periódico que compramos en línea o en una tienda. Esta nueva directiva dará a los estados miembros la opción de equiparar el IVA del contenido digital y del impreso”, señaló el ponente Tom Vandenkendelaere (PPE, Bélgica).

Los libros electrónicos están actualmente gravados a un tipo mínimo estándar del 15%, mientras que los países pueden aplicar tipos reducidos de al menos el 5% –en algunos casos incluso tipo cero– a las publicaciones en papel.

5. Impuesto Especial sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos

Las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que en su día fueron presentadas ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, están siendo tramitadas por la Agencia Tributaria, según la información que figura en su página web.

Con el fin de agilizar dicha tramitación, se ha puesto a disposición de los solicitantes la posibilidad de grabar los datos de los suministros que fueron objeto de la solicitud de devolución con el fin de disponer de forma estructurada la relación de suministros que han ocasionado un perjuicio económico en los interesados.

Los datos de los suministros referidos a la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial podrán ser grabados en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, a través del procedimiento al que se accede mediante este enlace.

6. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Vamos a hacer referencia a continuación a la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 18 de mayo de 2017 (01357/2014/00/00), relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en relación con la condición de Albacea y sus facultades en el ámbito de la relación tributaria relativa a los herederos, y más concretamente en relación con su eventual condición de representante de la herencia yacente.

En el supuesto que es objeto de la reclamación económico-administrativa resuelta, los interesados, causahabientes, alegan la nulidad de las liquidaciones practicadas por no haberse dirigido el procedimiento frente a los albaceas en su condición de representantes de la herencia yacente, de acuerdo con lo dispuesto por el causante en su testamento al asignarles “plenas facultades legales y particionales”.

El TEAC parte en su razonamiento del concepto de albacea que se contiene en el Código Civil, cuya función no es otra que la de vigilancia en el cumplimiento de la voluntad testamentaria, sin establecerse en ningún precepto ninguna función de representación ni de administración de la herencia.

En ese sentido, el artículo 901 del Código Civil señala que los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes, lo que implica que, de no haberse realizado atribución alguna expresa por el testador, el propio Código no atribuye ninguna función de representación ni de administración de la herencia, ni tampoco se le atribuyen al contador-partidor cuyas funciones limitadas a las particionales no son de representación o administración de la herencia.

Esa línea argumental lleva a concluir al Tribunal que nuestro Código Civil distingue claramente junto a las funciones de albacea, la de contador-partidor y la de administrador de la herencia, distinguiendo las tres funciones, sin que, en el caso que ocupaba al Tribunal, se hubiese encomendado por el testador la última función citada al albacea testamentario.

En la misma línea, en la normativa tributaria tampoco se atribuye al albacea o al contador-partidor competencia representativa alguna en materia tributaria (amén del supuesto expresamente recogido que posibilita la solicitud de prórroga para declarar), por lo que puede concluirse que ni el Código Civil ni la Ley General Tributaria ni la ley del Impuesto sobre Sucesiones atribuyen al albacea función alguna de representación ante la Hacienda Pública en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.