El día miércoles 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 39 de fecha 16 de junio de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 112, Tomo No. 411, de esa misma fecha, a través del cual se reformó el artículo 67-I del Reglamento de la Ley General de Electricidad en el sentido de incorporar un nuevo cargo del sistema denominado "cargo para inversión social", el cual sería calculado trimestralmente como un valor del 13% del valor del precio promedio de la energía trasladable a tarifas; asimismo se establecía en dicha reforma que los montos provenientes de la aplicación del cargo antes mencionado, serían recolectados y transferidos mensualmente por la Unidad de Transacciones a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Con la admisión de la demanda de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional también resolvió suspender provisionalmente la aplicación del cargo para la inversión social en un porcentaje del 13% del valor promedio de la energía eléctrica trasladable a tarifas que se registraron en el trimestre comprendido de abril a junio de 2016, cargo que entraría en vigor el día viernes 15 de julio de 2016.

La demanda fue admitida a efecto de determinar si el mencionado cargo para la inversión social:

  1. Constituye realmente un impuesto consistente en el 13% del valor del precio promedio de energía eléctrica trasladable a tarifas correspondientes al trimestre inmediato anterior, en vulneración al principio de reserva de ley tributaria establecido en el artículo 131 ordinal 6º de la Constitución de la República; y,
  2. Provoca la inobservancia al principio presupuestario de caja única regulado en la parte primera del artículo 224 inciso 1º, en relación con el artículo 131 ordinal 8º, ambos de la Constitución de la República, debido al destino de los montos provenientes de la aplicación de dicho cargo,

Puede acceder al auto de admisión de la demanda aquí.