El pasado 2 de junio se publicaron las Directrices preparatorias relativas a los procedimientos de gobernanza y vigilancia de productos para las empresas de seguros y los distribuidores de seguros. Aunque no resultan vinculantes de forma inmediata (pues están dirigidas a las autori‑ dades reguladoras‑supervisoras en la voluntad de promover la convergencia antes de que se trans‑ ponga la Directiva 2016/97 del Parlamento Euro‑ peo y del Consejo, de 20 de enero, sobre la dis‑ tribución de seguros) ni tampoco mediata (pues, aunque la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las hiciera suyas, las entidades ase‑ guradoras podrían separarse de su cumplimiento, conforme se deduce del artículo 158.4 del Real Decreto 1060/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y rease‑ guradoras, RDOSSEAR), estas directrices marcan el camino (sirven «de puente» en términos litera‑ les) que refleja la aplicación de la cultura de Sol‑ vencia II a los productos de seguros y que antici‑ pa lo que veremos plasmado en la regulación de transposición de la Directiva sobre la distribución de seguros. En el fondo, estas directrices no son sino la aplicación anticipada del artículo 25 de esta directiva. Los actos delegados de la Comisión y las leyes nacionales de transposición determinarán el alcance final de esta regulación preparatoria.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, como el resto de las autoridades su‑ pervisoras, dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse ante la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre si van a cumplir las directrices o, en su caso, los motivos de incumplimiento. Se puede descontar a estos efec‑ tos que, como en todos los casos anteriores, el regulador español las va a incorporar a su acer‑ vo. Asumida su próxima transposición nacional, al margen de la eficacia jurídica relativa de estas directrices, las entidades aseguradoras y distribui‑ doras no tienen elección si quieren estar alineadas con la regulación (ésa sí será vinculante) en proce‑ so de elaboración y con la sensibilidad dominante de este tiempo trasladada al ámbito empresarial en una gestión interna de producto cliente-céntrica.

En relación con el contenido, estas directrices se dividen en dos capítulos: para los que diseñan los productos, ya sean empresas o intermediarios, y para los que los distribuyen. En cuanto a los pri‑ meros, se impone la obligación de adoptar proce‑ dimientos de gobernanza de productos, es decir, medidas adecuadas para diseñar, supervisar, revi‑ sar y distribuir los productos para los clientes. Esos procedimientos, que serán escritos, revisables y a los que se les aplica el principio de proporcionali‑ dad, tratarán de evitar perjuicios para los clientes. El órgano administrativo los aprobará y será res‑ ponsable de su adopción.

El producto —en el marco de estos procedimien‑ tos— se someterá a pruebas cuantitativas y cua‑ litativas (previas a su comercialización) para eva‑ luar si se ajusta a los objetivos. Este análisis ex ante se completará con revisiones periódicas y, en su caso, con la adopción de medidas correctivas si existiera perjuicio para los clientes. La entidad aseguradora seleccionará los canales de distribu‑ ción que resulten idóneos para el producto y velará por que la información que suministre al distribui‑ dor sea suficiente para comercializar adecuada‑ mente el producto.

Las directrices para los distribuidores establecen la obligación de adoptar y aplicar procedimientos de distribución de productos (escritos, revisables y aprobados por el órgano de administración) que, en positivo, permitan tener en cuenta los intereses y las características de los clientes y que, en ne‑ gativo, limiten los eventuales perjuicios que se les pueda ocasionar. Asimismo, crean obligaciones bi‑ laterales entre fabricante y distribuidor, el primero debiendo facilitar al segundo toda la información necesaria para poder conocer a priori el público objetivo y el segundo debiendo advertir al fabri‑ cante si comprueba que el producto no se ajusta al mercado destinatario u otras manifestaciones susceptibles de entrañar riesgo para los clientes.

Aunque no estamos ante otra función crítica de Solvencia II, es inevitable que la música, y a veces la letra, nos recuerden mucho a algunas de ellas. Y, como tal, una garantía más para proteger a los clientes, con la contrapartida evidente de mayo‑ res cargas administrativas. Será el margen que aún tengan las capacidades internas de las enti‑ dades el que determine, en gran medida, si para la observancia de estas directrices se solicitan servicios externos. Desde el punto de vista mate‑ rial, la perspectiva panorámica propia de los des‑ pachos de abogados asesores puede aportar un valor evidente en el cumplimiento de estas nuevas obligaciones.